Presidente Juan Hernández es requerido por caso de exdirector de policía Ramón Sabillón

Por: Redacción CRITERIO

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 Sabillon

La Sala de lo Constitucional nombró a un juez ejecutor para que revise el recurso de habeas corpus que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el exdirector de la policía Nacional Ramón Antonio Sabillón.

Melvin Duarte, vocero judicial informó que luego de recibir el recurso de exhibición personal, la tarde de ayer lunes, por parte del comisionado de policía, se ha determinado, tal como lo establece la ley sobre justicia constitucional, darle un trámite inmediato y se ha nombrado al abogado, Omar Heriberto Galeano, quien es el coordinador nacional de la zona central de Francisco Morazán en la defensa pública.

Se le dio trámite expedito a raíz de las peticiones contenidas en tanto que se argumenta que se han realizado algún tipo de violencia y se ha victimizado al comisionado Sabillón al nivel de castigo y sanción administrativa por el retiro del personal asignado a su seguridad, poniendo en peligro su vida y la de su familia.

Se ha requerido ya al director general del policía, comisionado Félix Villanueva quien se ha presentado ya a los tribunales y tiene 24 horas para presentar su informe.

Esta misma tarde se estará requiriendo al ciudadano presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado para que en término de 24 horas rinda su informe al igual que el ciudadano Ramón Sabillón.

Tanto el actual director de la policía, Félix Villanueva como el presidente Juan Hernández deberán explicar ante los tribunales el por qué le retiraron la seguridad al comisionado Sabillón.

Una vez que tenga los tres informes el juez natural, Omar Heriberto Galeano, deberá presentar su informe a la sala de lo constitucional quien pronunciará su veredicto que podría ser la pronta delegación de seguridad para el exdirector de la policía.

Por su parte el ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco, dijo en tono molesto y prepotente, que ya se ha asignado la seguridad para Ramón Sabillón y que este es un caso cerrado que debe tratarse por el orden administrativo.

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