Tomado de ElPaís.es
El Tribunal Electoral aprobó en diciembre la candidatura de Hernández para un segundo mandato
Las ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009, las repite casi sin oposición ni escándalo internacional el actual mandatario, Juan Orlando Hernández. Con el camino despejado por la Sala Constitucional, la cual controla, el Tribunal Electoral aprobó en diciembre su candidatura para un segundo mandato.
Hernández ha forjado un fuerte control de las instituciones, principalmente en organismos clave como la Sala Constitucional, que en abril de 2015 declaró inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Tras el visto bueno de las autoridades electorales, Hernández quedó habilitado para participar en las elecciones primarias de su agrupación política, el derechista Partido Nacional. El mandatario, que tomó posesión en 2014 y termina su periodo en 2018, busca así llegar a un nuevo mandato en las elecciones del próximo noviembre.
Estas maniobras han levantado ampollas entre la oposición, así como entre académicos, juristas y activistas que rechazan la violación a la Constitución. Los críticos temen las ambiciones políticas del mandatario, en un país profundamente fracturado tras el golpe de 2009, y donde la pobreza golpea al 64% de la población, según datos del Banco Mundial. La corrupción es rampante y la violencia desangra las calles de sus principales ciudades.
El objetivo de Hernández se topaba con dos prohibiciones constitucionales: el artículo que prohíbe la reelección y que por su naturaleza no puede ser reformado ni por el Congreso ni por un fallo de la Corte Suprema, sino por mandato popular a través de un referéndum, y un candado constitucional que establece como «obligatoria» la alternancia en el poder y especifica que «la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria». Hernández debía esperar por lo menos un periodo constitucional para poder aspirar nuevamente a la presidencia.
10 años de sanción
La Constitución establece que «el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública».
En noviembre Hernández anunció oficialmente su candidatura y dijo que se comprometía a «aspirar a solo un período de gobierno, porque creo que así debe ser». En declaraciones difundidas por Efe, Enrique Ortez, del opositor Partido Liberal, aseguró que con su decisión, a los hondureños les quedaba como respuesta «el derecho a la insurrección».
Con su decisión, Hernández sigue los pasos del nicaragüense Daniel Ortega, quien también logró el control de los poderes del Estado para saltarse prohibiciones constitucionales sobre la reelección. Ortega cumplió en enero 10 años en el poder, iniciando su tercer mandato consecutivo acompañado de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
«En el año 2009, quienes ejecutaron el golpe de Estado justificaron el uso de las armas y la violencia para detener las presuntas intenciones de reelección del expresidente Manuel Zelaya Rosales», escribió el abogado Joaquín Mejía.
«En 2016, el presidente Hernández ha venido tejiendo una inmensa de red de favores y controles hasta lograr la subordinación absoluta de toda la institucionalidad, incluidas las Fuerzas Armadas, lo cual explica por qué a estas alturas hay un silencio total de las instituciones que deberían estar actuando en defensa de la Constitución y por qué sus planes de reelección siguen viento en popa arropadas por un falso discurso de legalidad que no puede ocultar este nuevo golpe a la frágil democracia hondureña», explicó Mejía. Para críticos como Mejía, ocho años después, Honduras vive un nuevo golpe.
