Presidente de periodistas quebranta la ley del instituto de pensiones

Desiste de requerir las transferencias estatales, mientras periodistas jubilados atraviesan toda clase de calamidades por las pobres pensiones que reciben.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), Dagoberto Rodríguez, ha dejado evidencia pública de que quebranta la ley del ente de pensiones al admitir que ha incumplido la obligación de gestionar la aportación estatal establecida entre los recursos del sistema.

Rodríguez Coello, en un programa en el canal Waldivisión, confesó que no ha gestionado las transferencias estatales al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), imitando a sus antecesores Juan Ramón Mairena y Eduin Romero García, lo que ha ocasionado una pérdida de casi 4 millones de lempiras, en un sistema de previsión con jubilados que en su mayoría reciben pensiones de indigentes.

Los directivos de los periodistas se resisten tenazmente a someter las operaciones financieras y administrativas del IPP –que ha gestionado más de 350 millones de lempiras– a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aunque Rodríguez jura que se han operado con “las manos limpias».

El IPP es el único ente de pensiones entre los públicos y privados, que nunca ha sido auditado por la CNBS, ni por ningún ente estatal, pues sus directivos periodistas se las han arreglado con toda clase de subterfugios para evadir los controles vigentes para los entes de previsión social.

Rodríguez, invitado el martes en el canal de televisión Waldivisión en Tegucigalpa, dijo que los directivos del IPP dejaron de requerir los fondos estatales por consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Nosotros hicimos la consulta a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión nos recomendó, nos sugirió, que, por la naturaleza del Colegio de Periodistas de Honduras, no era conveniente que nosotros siguiéramos recibiendo aportaciones del Estado, a raíz de eso fue que se decidió no seguir recibiendo esos aportes del Estado”, dijo Rodríguez.

Pero el también jefe de la corresponsalía del diario La Prensa en Tegucigalpa, no explicó qué tiene que ver la CIDH –un organismo interamericano que tiene la tarea de velar por la observancia y promoción de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA–, con que el IPP decida desistir de las aportaciones estatales.

Realmente, la directiva jefeada por Rodríguez, al igual que las encabezadas por Mairena y Romero desistieron de requerir las aportaciones estatales para evitar ser sometidos a la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y entregar información pública sobre sus operaciones financieras y administrativas.

 CADENA DE EMBUSTES

Este nuevo pretexto para no requerir los fondos estatales, fue precedido de otras declaraciones de Rodríguez en una intervención el 14 de septiembre de 2017 en la radio HRN, cuando dijo que fue “el Estado – que — dejó de aportar al Instituto de Previsión desde el año 2013, pero no ha sido una decisión de la junta directiva”.

Rodríguez, incluso dijo en esa ocasión que, en 2017 a través de notas al ministro de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, y al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva “nosotros solicitamos” que “se estableciera en el presupuesto el traslado de ese dinero al Instituto de Previsión Social del Periodista”.

“Se han hecho las gestiones, se ha pedido, pero ya el gobierno no ha trasladado… al Instituto de Previsión. Entonces no es que el Instituto renunció a ese dinero”, sostuvo en septiembre Rodríguez, empleado del grupo Organización Publicitaria (OPSA), que opera tres periódicos, varias revistas y un canal de televisión.

Las transferencias estatales para el IPP han sido asignadas en los presupuestos nacionales desde 1987 hasta el año 2018, pero desde 2014 los directivos no presentan la documentación requerida para la gestión de esos recursos.

Realmente Rodríguez no llegó a solicitar esos fondos, con las formalidades y procedimientos establecidos por el Estado, y como los directivos del IPP lo venían haciendo religiosamente hasta el año 2013.

Informes del ministerio de la Presidencia aseguran que los directivos del IPP, gestionaron religiosamente hasta 2013 las transferencias estatales canalizadas a través de esa Secretaría de Estado.

“Esta Secretaría para proceder hacer un trámite de pago vía transferencia SIAFI, al Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) necesita una solicitud de autoridad máxima en este caso del IPP, requiriendo el trámite de dichos fondos en mención”, se consigna en la documentación en poder de criterio.hn.

“Como antecedente puede indicarse que, en 2013 hacia atrás, si se venía presentando dicha solicitud, por tanto, los fondos fueron tramitados en base a la ley”, se agrega en los documentos. El IPP captó del Estado entre 1987 y 2013, la cantidad de 53.2 millones de lempiras en cumplimiento de la ley del ente.

El ex presidente de la junta directiva del IPP, Romero García, tratando igual que Rodríguez de justificar el ilegal desistimiento de los fondos estatales, dijo que este ente de pensiones estaba tan fortalecido financieramente que no necesitaba los dineros públicos.

“Nosotros gracias a Dios y a la buena administración podemos sobrevivir sin ese dinero que da el Estado”, dijo el 4 de diciembre de 2015, tras una audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), echando mano de otro pretexto distinto al de Rodríguez.

Los directivos del CPH y del IPP, rehúyen someter las finanzas del ente de pensiones de los periodistas a una auditoría de la CNBS, que según la ley del organismo que supervisa el sistema financiero, le corresponde también vigilar los institutos de previsión social.

La ley de Protección Social dice además que los institutos de previsión que captan directa o indirectamente fondos públicos, deben someterse a la supervisión de la CNBS.

Rodríguez aseguró en el programa televisivo antes citado, que en el caso del IPP “el 100 por ciento de nuestras aportaciones provienen de la empresa privada y provienen de las aportaciones de los periodistas”, obviando lo que establece la ley del ente en el artículo 27, literal c: “una contribución anual del Estado a partir de 1986”.

Rodríguez, al igual que Mairena y Romero García, al no cumplir con la ley del IPP gestionando las transferencias estatales incurren en violación de la legislación que les manda a requerir esos recursos como se hizo hasta 2013. La ley contempla la deducción de responsabilidades por esta flagrancia.