Cuando un excongresista hondureño vaya a juicio la semana próxima en Nueva York, acusado de conspirar para la importación de cocaína a Estados Unidos, su hermano mayor estará ausente de la sala del tribunal, pero será una presencia importante en el caso.

Ese hermano mayor, Juan Orlando Hernández, es el presidente de Honduras y aliado del presidente Donald Trump en materia de inmigración y seguridad, las principales prioridades de Washington en la región.

Sin embargo, aunque Hernández aceptó el miércoles un acuerdo que permitirá que Estados Unidos obligue a algunos migrantes a solicitar asilo en Honduras —un pilar del plan de Trump para frenar la migración— los fiscales federales se estaban preparando para presentar pruebas de que el presidente hondureño era miembro de la conspiración de narcotráfico por la que se acusó a su hermano.

Juan Hernandez y su esposa Ana García Carías, ambos señalados por actos de corrupción en Honduras

Juan Hernández, su hermano menor, Juan Antonio (Tony) Hernández —el hombre que enfrenta el juicio— y otros políticos y funcionarios de la policía fueron parte de un “plan criminal más amplio” para usar el narcotráfico “con el fin de reivindicar el poder y el control en Honduras”, escribieron los fiscales en una presentación del 2 de agosto en un tribunal de distrito de Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández, de 50 años, no ha sido acusado en el caso, y los fiscales no usan su nombre en los documentos del tribunal, sino que lo etiquetan simplemente como CC-4, que significa conspirador número cuatro. Sin embargo, no dejan lugar a dudas sobre su identidad: “CC-4 fue electo presidente de Honduras a finales de 2013”, escribieron los fiscales.

Después de que las acusaciones se volvieron públicas en la presentación del tribunal el mes pasado, manifestantes en Honduras, donde el presidente cada vez es menos popular, renovaron el llamado a favor de su renuncia, y muchos agregaron el código CC-4 a las iniciales del presidente —JOH— en los letreros que aparecen en todos los mítines en los que le exigen que renuncie.

El presidente ha negado de manera contundente cualquier participación en los crímenes de narcotráfico.

Las acusaciones del gobierno sobre Hernández son el giro más reciente en una extensa investigación de narcotráfico por parte de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y la Administración para el Control de Drogas, la cual ha expuesto la corrupción en los más altos niveles en Honduras, un país de alrededor nueve millones de habitantes que también es hogar de una base militar estadounidense.

El país, plagado de pandillas violentas de la droga que han generado una de las tasas de homicidio más altas del mundo, se ha convertido en una puerta de entrada para enormes cantidades de cocaína transportadas a través de México hasta Estados Unidos. Honduras también es el primer punto de llegada de alrededor del 80 por ciento de los vuelos con cargamentos de droga que salen de Sudamérica, según ha señalado el Departamento de Estado.

En años recientes, los fiscales federales han acusado a por lo menos siete funcionarios de las fuerzas nacionales de la policía de Honduras; el hijo del expresidente del país; varios miembros de la familia Rosenthal, una familia hondureña prominente en la política y el sector bancario; por lo menos dos exalcaldes hondureños; y tres excongresistas de la nación, entre ellos Tony Hernández, el hermano del presidente.

En una sentencia de 2017 de uno de los acusados, un fiscal dijo que las pruebas mostraban que se trataba de una operación “de narcotráfico respaldada por el Estado”.

Tony Hernández, de 41 años, se declaró no culpable de los cargos. En caso de que lo sentencien, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Su abogado, T. Omar Malone, hace poco le dijo al juez Kevin Castel en el tribunal que el caso de su cliente se vería afectado si en el juicio se terminaba litigando “la historia geopolítica de Honduras”.

En su presentación reciente, los fiscales dijeron que Juan Hernández, su hermano y otros conspiradores “dependían de las ganancias del narcotráfico para financiar las campañas del Partido Nacional y otros operativos políticos, así como para controlar grandes tramos del gobierno hondureño, sobornar a funcionarios que ayudaban a asegurar el paso seguro de su cocaína, y como un esfuerzo para protegerse del escrutinio de la policía en Honduras y otros países”.

Juan Hernández, como su predecesor, Porfirio Lobo, “resultó electo a la presidencia por lo menos en parte, gracias a las ganancias del narcotráfico”, escribieron los fiscales. Lobo no ha sido acusado.

Como presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández logró impulsar un cambio constitucional en 2012 que permitió la extradición a Estados Unidos. Después de ganar la presidencia en 2013, comenzó a enviar a líderes acusados de cárteles hondureños de la droga para que fueran a juicio en Estados Unidos. También aceptó la ayuda del país norteamericano para entrenar unidades especializadas de las fuerzas de seguridad hondureñas con el fin de combatir a los narcotraficantes.

No obstante, los esfuerzos combinados parecen haber tenido un efecto mínimo: el Departamento de Estado dijo este año que “no hay información concreta que sugiera que ha disminuido el volumen total de drogas ilícitas que se trafican en Honduras”.