Tegucigalpa, Honduras. – Luego de una reunión de emergencia convocada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro con el titular de La Secretaría de Defensa y Seguridad, el jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, ordenó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejercer acciones de control en los centros penales.
EL jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar, también informó que las Fuerzas Armadas, iniciaran las acciones de manera “inmediata”, además, otra de las determinaciones es la presencia militar en los 18 departamentos del país y la ampliación del estado de excepción.
El pasado 21 de junio de 2023, luego de otra reunión de emergencia, la mandataria determinó ceder el control del Sistema Penitenciario a la PMOP, debido a la tragedia de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde perdieron la vida 46 mujeres privadas de libertad, un hecho condenable del que, de acuerdo con analistas y organizaciones de derechos humanos, el Estado tendrá que asumir responsabilidades.
En la misiva compuesta de 10 enunciados, se informó que a partir del 1 de julio la PMOP asumiría el control total de los centros penitenciarios a nivel nacional por el periodo de un año.
En ese sentido, dicha determinación de adelantar el control de los centros penales ha generado diversos cuestionamientos.
“El retorno formal y expreso de los militares a los centros penales, en lo más amplio, tiene su fundamento en la idea hegemónica que se ha impuesto en esta sociedad y en el mundo que los militares lo pueden todo”, dijo a Criterio.hn Víctor Fernández, abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad.
Por su parte, Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, señaló que hasta el momento no ha habido ningún tipo de rendición de cuentas de procesos de depuración de la Policía Militar. “Ahora resulta que por arte de magia son unas mansas palomas democráticas y que tienen la capacidad para controlar los centros penales”, cuestionó el defensor de derechos humanos.
RECHAZO NACIONAL E INTERNACIONAL A LA REMILITARIZACIÓN DE CENTROS PENALES
Ante este nuevo anuncio del gobierno que prometió en campaña política enviar a “los militares a sus cuarteles”, la preocupación para entes internacionales defensores de derechos humanos no se ha hecho esperar.
Juanita Goebertus, coordinadora para las Américas de Human Riths Whatch señaló a través de su cuenta de Twitter “Nos preocupan las medidas de la presidenta Xiomara Castro, tras la matanza en la cárcel de Támara. Militarizar prisiones y ampliar el estado de excepción no es el camino. Honduras necesita una política de seguridad que proteja al pueblo hondureño y respete los derechos humanos.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por medio de un comunicado expresó su preocupación ante la decisión de la presidenta Castro de ceder el control a los entes armados del Estado.
“La OACNUDH lamenta la decisión de retornar el control y operaciones del sistema nacional penitenciario a la Policía Militar de Orden Público e insta a las autoridades a priorizar la reforma integral del sistema penitenciario, bajo una autoridad civil que garantice la seguridad a través de un abordaje especializado al fenómeno de grupos criminales, y que priorice la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad”, señaló el ente defensor de los derechos humanos.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández indicó que esta determinación de control del Sistema Penitenciario es producto de “una idea errónea que el crimen y la violencia se combaten con expresiones de violencia”.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, los militares significan “la expresión más radical de la violencia del Estado”.
En ese sentido el abogado sugirió que, si en los centros penales están operando las estructuras criminales peligrosas, “al Estado no le corresponde matar o destruir físicamente a quienes integran las estructuras criminales, lo que le toca es someterlos al imperio de la ley”.
Ante esto, Víctor Fernández ve con urgencia la implementación de una dirección del Sistema Penitenciario que “comprenda la dimensión de la justicia, que conozca los procedimientos y que tenga las herramientas de fuerza para cuando sea necesario”.
Además, enfatizó que se requieren elementos de inteligencia, lógica de Estado, lógica democrática, lógica de respeto de derechos humanos para terminar con la espiral de violencia y corrupción del Sistema Penitenciario.
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CENTROS PENITENCIARIOS: ¿SINÓNIMO DE NEGOCIO?
En años anteriores las Fuerzas Armadas han tenido el control de los centros penitenciarios, una decisión cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en varias ocasiones ha incluido en las informes recomendaciones para terminar con la militarización del Sistema Penitenciario por las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, más allá de las violaciones a los derechos humanos, la suspicacia sobre el control de los centros penales en manos de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con analistas es porque el sistema Carcelario representa un negocio.
En ese sentido, el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, refirió “hay que recordar que los centros penales son un gran negocio y por tanto los militares no lo querían soltar”.
En ese sentido, el abogado Mejía consideró que, lo que ha pasado ahora es “simplemente una aplicación de la presidenta Castro frente a los militares que han recuperado el control del negocio que representan los Centros Penales”.
En una competencia en un programa de televisión nacional la abogada Sandra Rodríguez, excomisionada adjunta de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), indicó que en este proceso se dio cuenta de “los grandes intereses económicos que se manejan para con la población privada de libertad, y ese seguirá siendo el talón de Aquiles del sistema carcelario, la corrupción carcelaria a todos los niveles”.
De igual manera, en ese mismo programa, la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, refirió “claro que el sistema penitenciario es un botín, claro que el sistema penitenciario es apetecido por todos, y todos aquellos que no les preocupó jamás el penitenciario, al contrario, vieron una fiesta de derroches de excesos de poderes y sobre todo una fiesta para poder generar para sus propias bolsas, hacerse millonarios”.
Para Víctor Fernández, lo que impera en los centros penales “es un espacio sin ley, donde se alimentan a los fuertes al más corrupto y todo el que entra como no tiene compromiso con la justicia, con el derecho entra a ser parte de esa dinámica de corrupción de violencia”.
En ese sentido, el abogado enfatizó que en esta espiral de violencia y corrupción la Policía Militar del Orden Público “no son una cosa distinta, la estructura militar de este país que ha estado coludida o es parte de la élite violenta que generan estas condiciones de zozobra e incertidumbre para volverse indispensables e imponerse como salvadores de una situación que ellos mismos vienen generando”.
Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro, firmó dos decretos ejecutivos para que la Policía Militar del Orden Público, retome el control de las cárceles en Honduras e instruyó a las Fuerzas Armadas a ejecutar a través de contratación directa, la construcción y la habilitación de una granja penal en la Isla del Cisne, donde pretenden enviar a cabecillas de estructuras criminales.
