Portada: Las comunidades tolupanes viven bajo la línea de pobreza mientras sus recursos son explotados por nacionales y extranjeros y ellos sin recibir ningún beneficio. foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa. – Tras meses de denuncias ambientales por parte del pueblo tolupán de San Francisco de Locomapa en Yoro, norte de Honduras, la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural presentó requerimiento fiscal contra Álvaro Hernández Londoño.
Hernández Londoño es acusado por el delito de explotación ilegal de recursos naturales en perjuicio del equilibrio de los ecosistemas del medio ambiente del Estado de Honduras y la comunidad indígena tolupán de San Francisco de Locomapa, informó el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el caso contra Londoño –un ciudadano estadounidense, según el MP– se desprende de la investigación por la extracción ilegal de recursos naturales, específicamente material pétreo metálico y no metálico sin autorización por parte de la empresa Lachansa S.A., de la cual él es el representante legal.
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El Ministerio Público informó que para construir el caso contra Hernández Londoño “realizaron varias inspecciones de campo en la comunidad de San Francisco de Locomapa, Yoro”, donde “observaron diferentes brechas de carreteras e indicios de extracción de material […] realizados con maquinaria pesada” y para la que no contaría con permisos la empresa Lachansa.
En enero y mayo de este año, el Ministerio Público realizó inspecciones en el territorio de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa en Yoro, ante denuncias de delitos ambientales. Foto cortesía del Ministerio Público.
El integrante del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Walter Miguel Díaz Fuentes, dijo a Criterio.hn que esperan se obtenga justicia en este caso. A la vez que lamentan que el requerimiento se realizara ya para finalizar 2023 cuando la denuncia fue remitida desde 2022, cuando Lachansa reactivó sus actividades en el territorio de la tribu.
Díaz Fuentes señaló que la exigencia es que el Ministerio Público actúe con celeridad en el proceso judicial y que las víctimas encuentren justicia ante los daños causados. Afirmó que se mantienen en contante coordinación con la Fiscalía de Etnias, facilitando todos los medios para el proceso investigativo.
“La exigencia es que se pueda actuar con celeridad, que se puedan enjuiciar estos delitos que se han cometido contra la tribu San Francisco de Locomapa y que históricamente en otros procesos han permanecido en impunidad. Eso es lo que nosotros queremos procurar aquí, que no se quede el proceso solamente en investigación, que pueda terminar con un enjuiciamiento y con una responsabilidad penal para estas personas extranjeras que vienen a delinquir al país”, concluyó el abogado del equipo legal del MADJ.
CONSTANTE IRRESPETO AL TERRITORIO TOLUPÁN
Las tribus tolupanas en el departamento de Yoro cuentan con títulos comunitarios de propiedad que datan de 1864, sin embargo, estos son irrespetados incluso por el mismo Estado de Honduras, que debería velar por la defensa de los pueblos originarios y sus territorios ancestrales.
En agosto de 2022, las tribus tolupanas del departamento de Yoro expusieron durante una reunión que entre las principales problemáticas que encaran a diario es la ausencia de reconocimiento de sus títulos ancestrales, así como la entrega de planes de manejo a través de títulos supletorios, y la falta de acceso a derechos básicos como la salud, alimentación y la educación.
En diciembre de 2022, Criterio.hn publicó un artículo noticioso sobre el recrudecimiento de la violencia contra la tribu de San Francisco de Locomapa tras la instalación de la empresa minera Lachansa en su territorio. La denuncia fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).
Previamente, el MADJ denunció el incremento de la violencia en el territorio de San Francisco de Locomapa tras la instalación de la minera a cielo abierto para la extracción de antimonio por la empresa Lachansa.
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La organización señaló que los propietarios de Lachansa eran Álvaro Hernández Londoño y su hijo Santiago Londoño, a quienes señalaron por lavado de activos, agresión sexual, trata de personas y portación ilegal de armas, entre otros.
ORÍGENES DE LACHANSA
Criterio.hn publicó el especial Pueblos Olvidados: “Madereros y mineros: la tragedia tolupana”, en el que se abordó en un segmento del contenido cómo fue conformada Lachansa CO. S.A. con Rigoberto Viera Rivera y Saúl Rauda Hernández, como sus propietarios en 2015.
La inscripción fue realizada por el empresario y político Yani Rosenthal Hidalgo, a través del bufete Medina, Rosenthal & Fernández Central Law, dos años antes que el actual presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH) fuera sentenciado en Estados Unidos por lavar activos a narcotraficantes.
En 2017, la empresa cambió de propietarios entrando Álvaro Hernández Londoño, junto a su esposa e hijo Santiago Londoño, en sociedad con otros seis estadounidenses.
“Radicado en Estados Unidos, Álvaro Hernández Londoño proviene de una influyente familia empresarial de Colombia, remotamente emparentada con la familia del expresidente Álvaro Uribe y con otros personajes como Ricardo Londoño, un famoso corredor de autos asesinado en 2009, investigado en su momento por sus presuntos vínculos con el cártel de Medellín, en la época del entonces capo Pablo Escobar”, lee el reportaje.
En ese especial periodístico se detalló que los tolupanes señalaron que la empresa no contaba con los permisos para operar en su territorio y que los obtenidos fueron a través de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Yoro, sin autorización del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
