El miércoles se presentaron ante el Ministerio Público donde interpusieron una denuncia contra la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, por el delito de prevaricato judicial
Edición: Jorge Burgos
Tegucigalpa. -Un poco cabizbaja, esperando ser desalojada el próximo 23 de noviembre. Así se presentó Marina Corina Díaz, una mujer mayor de 60 años, oriunda de la comunidad Tierras del Padre. Corina, como otras 120 familias, se enfrenta a esta triste historia que se resume en un conflicto territorial como muchos en Honduras.
Precisamente para evitar ese desalojo ordenado por el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, el Bufete Justicia para los Pueblos presentó este jueves un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal, denunciando violación al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa y al derecho a la tierra indígena. Por tal razón, se solicitó la aplicación de una medida cautelar que deje en suspenso el desalojo.
Los habitantes de la comunidad en conflicto han vivido bajo constantes amenazas de ser despojados de las tierras que ocupan por resoluciones judiciales. Razón por la cual, la tarde del miércoles 16 de noviembre interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra la jueza Gladis Alejandra Ochoa Sierra, del juzgado de letra de lo penal de Francisco Morazán por el delito de prevaricato judicial.
Según expone el documento, Ochoa Sierra aplicó una figura que no está dentro de un delito penal, abusando de su autoridad y dictó una resolución manifiestamente injusta, que al momento de su emisión no contaba con soporte jurídico alguno, ya que la figura del desalojo no está contemplada en el delito de usurpación al entrar en vigencia el Código Penal decreto 130-2017, y más bien va en contra de lo que estipulaba en el artículo 613 del mismo cuerpo legal en relación con los derechos de los pueblos indígenas en casos de usurpación.
Sumado a esto, los denunciantes exponen en el escrito que las resoluciones mencionadas son violatorias del derecho de defensa, estado de inocencia debido proceso e igualdad ante la Ley, entre otros, así como contrarias a las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras en instrumentos internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Los pobladores de Tierras del Padre también se reunieron anoche en las afueras del Ministerio Público (MP), donde realizaron una vigila como símbolo de protesta rechazando las violaciones de las cuales son víctimas y para exigir el cese del arbitrario desalojo.
Por su parte, Pedro Celestino Lagos, dirigente de la comunidad Tierras del padre, en entrevista con Criterio.hn denunció que “es ahí donde nosotros miramos y decimos muchas veces que los fiscales y los jueces son monigotes de los ricos, no todos, pero muchas veces eso es lo que sucede en este país”.
La lucha de los pobladores de esta comunidad es por más de 500 manzanas de tierra que ellos como grupos campesinos y labriegos han trabajado por años, “actualmente tenemos por sacar la cosecha de postrera, nosotros trabajamos la tierra y tenemos nuestra propia producción para nuestros hogares”, subrayó.
Entre las exigencias también está defender de los derechos de los niños y las niñas de la comunidad indígena Lenca para detener el desalojo. Debido a que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de los niños y las niñas que habitan en esta comunidad ancestral que actualmente vive bajo la zozobra y amenazas por grupos de poder.
Las tierras en conflicto se ubican a 13 kilómetros de la capital sobre la carretera que conduce a la zona sur de Honduras.
Las mismas tienen su origen en un título ancestral extendido en 1739 a favor de José Ordóñez sobre seis caballerías, en la jurisdicción municipal de Tegucigalpa. Sin embargo, la empresa Inmobiliaria Siglo XXI, propiedad del terrateniente Mario Facussé alega ser la propietaria, amparándose en títulos supletorios, los que a juicio del Bufete Justicia para los Pueblos tienen vicios de nulidad.
La comunidad, asentada en territorio lenca, es habitada por 120 familias.
La abogada del Bufete Justicia Para los Pueblos, Kenia Oliva, manifestó que “para los ricos la justicia es más expedita porque definitivamente no es justicia lo que están buscando, sino que están comprando y apoderándose por la fuerza de unas tierras que no les pertenecen, esperamos que a este recurso le den celeridad y que no haya desalojo en la comunidad”.
En entrevista con Criterio.hn Oliva solicitó a todas las instituciones del Estado que velan y protegen los derechos de los niños y las niñas se sumen a esta petición para que el desalojo no se dé en la comunidad ancestral.
Mencionó que, de no cumplirse con la petición del cese al desalojo, al Estado de Honduras le vienen demandas internacionales porque los niñas y niñas de la comunidad tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda y a vivir en su comunidad, por lo tanto, el Estado no solo estaría violentando el derecho de las garantías judiciales de la comunidad, sino también las garantías judiciales de los niños y las niñas.
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Los pobladores se mantienen en conflicto con Mario Facussé desde hace más de 10 años cuando Honduras estaba gobernada por el Partido Nacional, institución a la que pertenece el terrateniente.
Defensores y líderes de la comunidad han manifestado que poseen un título de tierras ancestrales desde 1793, sin embargo, aseguran que las autoridades únicamente favorecen al empresario Mario Facussé, quien inició un proceso de judicialización en 2019 reclamando las tierras como propias.
Es importante mencionar que tanto esta comunidad, como en las comunidades garífunas que también fueron desalojadas de manera violeta recientemente, llevan años luchando por la tenencia de sus tierras y por esas luchas muchos de los líderes han salido huyendo del país para proteger sus vidas.
En Honduras muchos defensores de las tierras han sido asesinados y a otros los han desaparecido sin dejar rastro.
Los conflictos territoriales vienen de varios años atrás, y se han agudizado en los últimos meses, especialmente en poblaciones indígenas y negras.
En la toma de posesión, el pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro manifestó que los grupos invisibilizados y los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, tendrían un lugar y atención precisa en su gobierno.
Asimismo, Castro en su campaña electoral prometió que lucharía por la defensa de las tierras donde habitan los pueblos originarios y afrodescendientes, sin embargo, a 10 meses de su mandato estas promesas no han tomado fuerza y los grupos ancestrales siguen siendo atropellados e invisibilizados por personas y grupos de poder.
