Presentan propuesta para superar la crisis agraria, alimentaria y ambiental en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. –Frente al anunciado cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y la ausencia de una política pública en favor de la agricultura, seguridad alimentaria y ambiental, organizaciones campesinas aglutinadas a la Vía Campesina y el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) presentaron una propuesta integral orientada a resolver los históricos problemas que enfrenta la población rural hondureña.

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La propuesta de la nueva política para la reactivación agrícola conlleva una serie de actividades y medidas que, de acuerdo con los demandantes, requiere de un fondo especial de mil millones de lempiras para enfrentar el deterioro de la producción y el efecto del cambio climático en el sector agrícola, pecuario y forestal.

En una conferencia de prensa, efectuada este miércoles en Tegucigalpa, los líderes campesinos y sociales coincidieron en que actualmente Honduras enfrenta una crisis sin precedentes en la economía campesina de la pequeña y mediana producción agrícola, acumulación de la pobreza en el campo, conflictividad en el agro, masivas importaciones de alimentos y migraciones permanentes.

De acuerdo a sus valoraciones los gobiernos han venido imponiendo en los últimos 25 años políticas públicas erróneas en el marco del modelo neoliberal, que comenzó por la desactivación del proceso de reforma agraria, la privatización del crédito y la asistencia técnica y que hoy se traduce en el cierre o privatización de las diferentes instituciones del Estado ligadas al agro, como el Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y Banadesa.

LEY

Debido al abandono y precariedad, la Vía Campesina y Cespad propusieron la aprobación de la Ley de Emergencia para la Reactivación del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal para el Combate de la Pobreza.

Elementos de la propuesta:

1.-Creación del Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal (CNPAPF) como la instancia superior de planificación estratégica para el desarrollo integral del agro.

2.-Resolver de inmediato la mora agraria empantanada en el INA, Consejo Nacional Agrario y Corte Suprema de Justicia para beneficiar y estabilizar a mujeres y jóvenes en el campo en tierras nacionales, ejidales, fiscales, de instituciones descentralizadas del Estado en tierras aseguradas y administradas por la OABI y las tierras que no cumplan con la función social.

3.-La adopción de medidas para la reactivación productiva, tales como: Construcción y reactivación de sistemas de riego masivos, producir, conservar y hacer uso racional del agua con énfasis en la construcción masiva de reservorios de aguas lluvias, con participación activa de las comunidades rurales, otorgar crédito agrícola a los pequeños y medianos productores al 0 % de interés por cinco años consecutivos con preferencia a los afectados por la sequía, el cambio climático y por políticas públicas excluyentes.

4.-Un plan masivo de reforestación con preferencia en las zonas de reserva y cuencas hidrográficas productoras de agua a nivel nacional, además de elaborar un plan de incorporación de las comunidades y las organizaciones sociales en las actividades de agroforestería.

5.-Cambiar de manera urgente el modelo de producción agrícola actual por un modelo de producción de la pequeña y mediana producción agroecológica para reducir los efectos tóxicos que produce el efecto invernadero.

6.-Diseñar y ejecutar una campaña de educación y sensibilización de los impactos de la crisis agraria, alimentaria y del cambio climático.

7.-Implementar un plan de estudios mediante becas a jóvenes, mujeres vinculado al sector agrícola, pecuario y forestal, formados en una nueva cultura de protección, conservación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos.

8.-Cumplimiento y aplicación de la Ley de Credimujer, según el decreto 110-2015.