Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este martes su preocupación por el uso indebido del sistema penal hondureño para hostigar y criminalizar a defensoras garífunas.
En un comunicado conjunto, los dos organismos hicieron un llamado al Estado de Honduras para que adopte medidas que eviten la criminalización de personas defensoras de derechos humanos garífunas, “particularmente de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales”.
Además, instaron a que se garantice un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos, y a que se intensifiquen las medidas para respetar y proteger los derechos de esta comunidad sobre sus tierras y recursos naturales, según los estándares internacionales e interamericanos.
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“La CIDH y OACNUDH observan con preocupación que el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afro hondureñas”, señala el comunicado con fecha del 27 de julio.
Los organismos internacionales se refieren a la detención de varias mujeres garífunas de las comunidades de Cristales y Río Negro que están sujetas a procesos penales “por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales”.
Entre ellas, Jenny Boden Ruiz, Jenny Boden Ruiz, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), así como las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, también integrantes de esa organización garífuna, así como por lo menos otras 28 órdenes de captura que estarían pendientes.
“La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos”, señalan.
En el caso de las mujeres defensoras, “la criminalización resulta (un) inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes”.
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Para la CIDH y la OACNUDH, los procesos penales “infundados” tienen como finalidad hostigar y afectar la legítima labor de los defensores. En este sentido, llaman al Estado de Honduras a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que, mediante investigaciones penales, se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país”.
También piden intensificar acciones para respetar y garantizar las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades garífunas, incluyendo la demarcación y el debido saneamiento de las mismas.
