La CIDH sugirió formular una política pública de seguridad respetuosa del enfoque de derechos humanos y con una perspectiva de género y enfoques diferenciados
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), externó su preocupación sobre la falta de una justificación que demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ampliación del estado de excepción como una medida para combatir la criminalidad, extorsión y delitos conexos.
“El estado de excepción debe tener una fecha final, no puede volverse un estado de normalidad”, expresó el relator para Honduras, Carlos Bernal Pulido
Además, de acuerdo con la información recibida por la CIDH, sólo 25 de las 1.348 detenciones practicadas en el primer periodo del estado de excepción estarían materialmente vinculadas con el delito de extorsión u otros delitos conexos.
La medida implementada a través de un Decreto Presidencial PCM 29-2022 que entró en vigor el 6 de diciembre de 2022, con el cual la presidenta Xiomara Castro le declaró la guerra a la extorsión, ha sido prorrogada en tres ocasiones y se ha extendido a 123 municipios del país, y de acuerdo con analistas no ha generado resultandos tangibles.
LA CIDH en su visita in loco, desarrollada del 24 al 28 de abril de 2023, observó “una serie de problemas estructurales que han restringido durante décadas la eficacia de los derechos humanos de la población y que aún persisten”.
También reconoce que el Estado de Honduras vive una complejidad social, política, económica y cultural en la que desembocan problemas estructurales de larga data junto con desafíos emergentes.
Margarette May Macaulay, presidenta de la comisión expresó, “En Honduras los desafíos en derechos humanos hacen frente a una realidad compleja”.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
El Estado de excepción trae consigo la militarización gradual y progresiva de la seguridad ciudadana, una acción fuertemente criticada por la implementación de los militares en tareas que le corresponde a la Policía Nacional, sin embargo, no han dado resultados satisfactorios y ha desencadenado un aumento en los femicidios, el descontrol en los centros penitenciarios del país y el cobro de la extorsión se mantiene vigente.
“La violencia es un fenómeno estructural que afecta de manera profunda Honduras”, destaca la CIDH en su informe de observaciones preliminares.
Honduras en el 2022 registró una baja en la tasa de homicidios, pasó de 41,7 en 2021 a 35,79 por cada 100 mil habitantes en 2022 según la data del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV).
La violencia en honduras se ha trasladados a diversos sectores de la población, situación que preocupa a la CIDH. “Resultan alarmantes los altos índices de asesinatos de mujeres y femicidios, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente” indica el informe.
El inicio del 2023 fue violento para las mujeres, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), del 1 de enero al 31 de marzo se registraron 99 femicidios. 25 muertes violentas de mujeres solo en el mes de marzo.
En relación con las muertes de defensoras de la tierra y el territorio, en lo que va de año se han registrado al menos 10 asesinatos personas ligadas directa o indirectamente a la defensa de la tierra y el territorio.
El relator de la CIDH, Joel Hernández García expresó “externamos nuestra preocupación de vulneración que sufren las personas defensoras de derechos humanos, lamentamos las muertes ocurridas recientemente, sobre todo 8 que han sucedido en guapinol”.
Además, Hernández indicó que durante la visita in loco “encontramos un compromiso para avanzar en la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la prevención a sus ataques, asi como el compromiso de avanzar en las investigaciones y sanción de los responsables”.
Ante este panorama incierto de seguridad la CIDH reconoce los desafíos en materia de seguridad, particularmente en el combate al crimen organizado, la extorsión y el secuestro, sin embargo, instó al Estado a formular una política pública de seguridad de mediano y largo plazo, respetuosa del enfoque de derechos humanos y con una perspectiva de género y enfoques diferenciados –que hasta el momento, de acuerdo con las organizaciones de mujeres se carece en el país—.
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HONDURAS ESTÁ OBLIGADA A CUMPLIR CON RECOMENDACIONES
Las observaciones preliminares de la CIDH destacan aquellos desafíos y avances estructurales que tiene el país y que se relacionan con desigualdad y pobreza, salud, educación, violencia, seguridad ciudadana, independencia del Poder Judicial, acceso a la justicia, y conflictos sociales, ambientales y agrarios.
Además, abordó las problemáticas que enfrentan los grupos en situación histórica de discriminación y exclusión, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas mayores, en movilidad humana, y privadas de libertad.
Ante la posibilidad de incumplimiento de las recomendaciones emitida por este organismo internacional de derechos humanos por parte del estado de Honduras, Roberta Clarke, relatora sobre los derechos de las personas LGBTIQ+, expresó que para la aplicación de las recomendaciones que desarrolla la CIDH parten de la voluntad política del Estado. “Dependemos de la voluntad política del Estado y tratamos de reforzar esta voluntad al proveer desarrollo de capacidades”.
Por su parte la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, mencionó “es deber primario del Estado implementar las recomendaciones y las decisiones de la Corte Interamericana” además recordó que el Honduras está obligado a cumplir dichas decisiones por formar parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por los Estados el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica.
Macaulay, enfatizó que es esencial para el Estado promover “un sincero y abierto dialogo” con todos los sectores, incluyendo las voces disidentes, donde se garantice la participación activa de los grupos históricamente excluidos y discriminados en el país. “Es la única manera que los estados podrán proveer una respuesta integrada y efectiva a las necesidades del país y recuperar la confianza de la población”
Durante la visita in loco de la CIDH, de acuerdo con Margarette May Macaulay, se desarrollaron 87 reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, cuerpos autónomos, organizaciones internacionales, organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas, afro hondureños y garífunas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas privadas de libertad, académicos, periodistas, la empresa privada y representantes religiosos.
El informe de la visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recoge 91 observaciones preliminares, mismas que serán ampliadas en el informe sobre la situación de Derechos humanos en Honduras.
