Fotos internas: Horacio Lorca/Criterio.hn
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Las personas LGBTIQA+, se enfrentan a un sin número de dificultades por la estigmatización de la sociedad, pero además se enfrentan a obstáculos en el acceso a la justicia especialmente cuando son víctimas de crímenes de odio.
El “Estudio sobre el acceso a la justicia de la población LGBTQA+, particularmente de la población trans, en Guatemala, El Salvador y Honduras”, destaca que, además, de la falta de acceso a servicios de atención integral, restricciones en el acceso a la salud, educación, entre otros, basados en negación y no reconocimiento de su identidad de género, en Honduras se identifica la inexistencia de leyes, políticas públicas y protocolos de investigación.
Para Rihanna Ferrera, directora ejecutiva de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel-trans, la participación de las autoridades, la falta de autonomía de las instituciones y del compromiso que deben tener acerca de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ y sobre todo el acceso a la justicia “es totalmente inaceptable, son personas de mente cerradas, son personas que están en un cargo público por partidos políticos y que tienen prejuicios”.
Además de acuerdo con la defensora de derechos humanos, los servidores públicos “tienen que usar su camisa como funcionario y no como persona, deben romper esos mitos, esos estereotipos, esos tabús y ellos tienen que darles respuesta a las personas LGBTIQA+”.
De acuerdo con Karen Valladares, coordinadora nacional de la Organización Cristosal en Honduras, “hay una falta de voluntad política y cada día las personas de la comunidad LGBTIQA+ se ven sitiadas por la discriminación constante”.
En ese sentido, señaló que las personas LGBTIQA+ se ven obligadas a huir del país, acrecentando las estadistas dísticas de migración forzada y desplazamiento forzado.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), en el 2021 fueron atendidas 74 quejas relacionadas en su mayoría con amenazas contra la vida e integridad de las personas LGTBIQA+.
Para Griselda Gonzales, consultora en derechos humanos, el principal problema en el acceso a la justicia y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ en los países del Triángulo Norte, se da porque “en ninguno de los tres países se ve la actuación desde un enfoque integral. No miran la problemática para atenderla con prioridad desde un proceso nacional de protección a personas LGBTIQA+ víctimas de delitos”.
De interés: Orgullo y resistencia en la defensa de derechos humanos de personas LGBTIQ+
VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ+
La investigación desarrollada en Guatemala, El Salvador y Honduras por la Fundación Cristosal y el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe (FEDACC), tiene como objetivo identificar y sistematizar los principales obstáculos y/o vacíos para el acceso a la justicia de las poblaciones histórica o estructuralmente afectadas.
Los países del Triángulo Norte [de Centroamérica] se caracterizan por ausencia de marcos normativos que aseguren un enfoque especializado de atención para las personas LGBTIQA+ víctimas de hechos delictivos, expresó en entrevista con Criterio.hn, Griselda Gonzales, consultora en derechos humanos.
Entre los principales hallazgos en la región centroamericana, Griselda Gonzales señaló “no existe legislación sobre Identidad de género en Guatemala, Honduras ni en El Salvador, no hay leyes de reconocimiento de identidad de género, pero tampoco tenemos tipificado ni legislado el reconocimiento de los crímenes de odio”.
Esta situación que es una barrera legal, de acuerdo con la consultora en derechos humanos, amplia la barrera cultural a través de la normalización de discursos de odio, tanto por el funcionariado público como por grupos influyentes como las iglesias y medios de comunicación.
Otro de los aspectos que resaltan y preocupan a defensores de derechos humanos es el papel de los operadores de justicia, que, de acuerdo con Griselda Gonzales, “están trabajando, pero basados principalmente en criterios que son orientados por su misma creencia religiosa”.
Este accionar de los operadores de justicia, según las organizaciones de personas LGBTIQA+, es uno de los principales causantes de la impunidad en la investigación de violencia y asesinatos hacia las poblaciones diversas.
El sistema TMIS de registro de datos estadísticos de muertes violentas de lesbianas, gais y personas trans de la Red Lésbica Cattrachas, de 2009 al 2023 documenta 461 muertes violentas.
Cifra que podría ser mayor, ya que en algunos de los casos –asesinatos de lesbianas que únicamente se documentan como femicidios— no hay un enfoque diferenciado por carecer de un protocolo de investigación sobre muertes violentas de personas LGBTIQA+.
En la reciente visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Morris Tidball-Binz instó la pronta elaboración e implementación del Protocolo para la investigación y judicialización de muertes violentas de personas LGBTIQA+ como lo dicta la Corte IDH en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras.
Lea: OACNUDH insta al Estado de Honduras a revisar marco legal discriminatorio de las personas LGBTIQ+
RECOMENDACIONES
Además de hacer una radiografía sobre la situación en materia de garantía de derechos de las personas LGBTIQA+, a través del estudio se ofrecen recomendaciones para el Estado de Honduras y las organizaciones de sociedad civil.
En ese sentido, Karen Valladares indicó la importancia de generar procesos formativos para quienes están en la dirección de las instituciones gubernamentales, especialmente a los operadores de justicia.
De igual manera, visibilizar realidades o acciones concretas, no solamente desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la comunidad LGTBIQA+, sino desde la institucionalidad del Estado. “El gobierno también tiene esta deuda con las personas LGBTIQA+”, destacó Karen Valladares.
Por su parte Yanitza Córdoba, comunicadora del proyecto FEDACC, expresó en entrevista con Criterio.hn que a través de este trabajo conjunto se busca brindar herramientas y fortalecer capacidades para mejorar la seguridad jurídica de las personas de la comunidad LGBTIQA+ y fortalecer capacidades tanto a nivel nacional como regional para que “contribuyan al desarrollo de un sistema de justicia que sea equitativo, transparente y respetuoso con los derechos humanos”.
El estudio enfatiza que una de las principales barreras en el acceso a la justicia es el desconocimiento de las personas operadoras de justicia en materia de género y diversidad sexual.
