La propuesta tiene como objetivo la reducción de tiempo en trámites y que se agilicen las compras, ya que los trámites son muy engorrosos y se atrasan los procesos
El 16 de febrero de 2024, representantes del Poder Ejecutivo se reunieron con miembros de la junta directiva del Congreso Nacional para iniciar la presentación de la nueva propuesta de la Ley de Contratación del Estado.
Tegucigalpa, Honduras. -La aprobación de una nueva Ley de Contratación del Estado, con la que se pretende simplificar los procesos para que los alcaldes desarrollen proyectos a beneficio de sus municipios y servirá para incluir a pequeñas y microempresas que en la actualidad no pueden ser contratadas por el Estado, parece una realidad distante en Honduras.
En septiembre de 2023, la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Finanzas y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) entregaron la propuesta de ley a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, encabezada por las congresistas Isis Cuellar, Partido Libertad y Refundación (Libre), y Ericka Urtecho, Partido Liberal.
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En ese momento, la comisión que recibió el proyecto de ley manifestó que esta sería discutida y aprobada en octubre de ese mismo año, sin embargo, la misma no sucedió y el tema quedó relegado por la parálisis legislativa, que duró más de 100 días.
Fue hasta febrero de 2024, que representantes del Poder Ejecutivo se reunieron con miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional para presentar los adelantos del proyecto de ley.
Según lo manifestado por Javier Turcios, subsecretario de Transparencia, una de las novedades que se busca incorporar en este anteproyecto de ley es la innovación y modernización de los procesos de licitación, permitiendo que, sin importar el lugar en que se encuentre el contratista, pueda tener acceso a las plataformas de registros de contratistas para que puedan participar en todos los procesos del Estado.
Adicionalmente, se busca que los pequeños emprendedores tengan mayor acceso a competir en los procesos de contratación, en especial en las municipalidades de tierra adentro.
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LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO ES OBSOLETA
La ley actual cuenta con parámetros que, a criterio de profesionales del derecho, retrasan los procesos de compra y adquisición y por ende han favorecido la corrupción; por lo que, varios sectores concuerdan en la necesidad de que se cree una que genere confianza a la población.
Creada en 2001, la normativa regula la contratación para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración pública, asegurando la equidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos estatales.
El extitular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC), Edmundo Orellana, manifestó a Criterio.hn que la normativa actual es buena, sin embargo, está un poco desfasada.
“Todos creen que los problemas a la hora de las compras y contrataciones estatales, se puede resolver con una nueva ley, es cierto que necesitamos una nueva ley, por supuesto que sí para modernizar el proceso, pero no es porque la ley no sirva es porque la ley necesita de mejoras para modernizar los procesos nada más”, enfatizó el exfuncionario.
Añadió que otro problema real es que el funcionario público encargado de los procesos de compra no está capacitado o no conoce a profundidad la Ley de Contratación del Estado.
Aunque, dijo desconocer el contenido de la propuesta de Ley de Contratación del Estado, no duda que los asesores contemplen las técnicas más innovadoras en materia de contratación y por otro que estén manejando los procesos de la forma más dinámica y flexible posible.
Para el abogado penalista y analista política, Henry Salinas, la actual Ley de Contratación del Estado es una normativa muy buena, pero se ha quedado obsoleta y hay unos asuntos que se tienen que trabajar y modernizar.
En diálogo con Criterio.hn el jurista precisó que las compras de emergencia o compras directas es algo que se debe fortalecer, dar mayor celeridad a los temas de las licitaciones públicas y privadas, que también tienen algunos atrasos que no permite poder contar con los insumos y servicios que se requieren en el momento.
“La gente asocia que las compras directas, es una carta libre de comprar lo que sea al precio que sea, y no es así. Creo que lo que se debe garantizar es el cumplimiento de los principios que rigen la Contratación del Estado y ese debe ser la eficiencia”, puntualizó el entrevistado.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, precisó que para la elaboración de la normativa el gobierno está siendo asesorado por técnicos de la Unión Europea y especialistas argentinos, dominicanos e italianos.
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GOBIERNO SUSPENDIÓ INHABILIDADES PARA SER CONTRATISTA DEL ESTADO
En noviembre de 2023, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) ha dejado en suspenso las inhabilidades, contenidas en la Ley de Contratación del Estado, para ser contratista del Estado, abriendo con ello las puertas a posibles actos de corrupción en el sector público.
El viernes 10 de noviembre, la ONCAE publicó una circular en la que se notificó la “suspensión temporal” de los artículos 44-a, 44-b y 44- c del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, lo que conlleva a la suspensión tácita de los artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que establecen las reglas del juego para determinar quiénes pueden y quiénes no pueden ser contratistas del Estado. La suspensión estuvo vigente desde el 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2023.
Durante la vigencia de esta determinación se les permitió a las instituciones públicas realizar las contrataciones directamente sin necesidad de registros de contratos, firma y sello del Comprador Público Certificado (CPC), es decir, que las instituciones no requerirán del refrendo, firma y sello del CPC, que son aquellas personas certificadas por la ONCAE.
Con la suspensión de esos artículos, los secretarios de Estado, directores, gerentes y cualquier funcionario de alta jerarquía, incluyendo además a aquellos que ejercen cargos de elección popular, como la presidenta de la república, diputados y alcaldes y sus familiares podrían convertirse en contratistas del Estado, situación que implica las inhabilidades establecidas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
