Tegucigalpa.- La coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Zúñiga, informó la suspensión del juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, el cual hoy daba inicio sin la participación del COPINH como victimas en el caso.
Zúñiga, manifestó que es bastante grave y delicado que, a pesar de tener dos solicitudes de amparo y participación de las víctimas en este proceso, no se les haya resuelto y permitido ser partícipes en este caso que fue emprendido a través de las denuncias de esta organización.
Es claro que las víctimas de este caso, sobre quienes repercutió la violencia, los ataques, los daños y muertes es la comunidad de río Blanco y la organización del COPINH son los que han sido perjudicados directamente por este proyecto, el hecho que el juicio pudiese iniciar sin la presencia activa de las personas perjudicadas es una clara violación a los derechos de los indígenas, recalcó la defensora.
Para Zúniga es repudiable que se favorezca con la impunidad a estos funcionarios y exfuncionarios del Estado que están siendo enjuiciados en este proceso, que es uno de los pocos que fue denunciado por la Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
A pesar de que uno de los amparos interpuestos en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene bastante tiempo de haberse interpuesto no han tenido respuesta y se interpreta como algo malicioso contra el COPINH, por no reconocerlos como víctimas, mencionó Zúniga.
Nota relacionada: Tribunal pospone juicio a involucrados en el caso «Fraude sobre el Gualcarque”
El abogado del Copinh, Víctor Fernández, notificó que se reprogramo el inicio del caso por la petición de algunas renuncias de apoderados legales de un acusado, otra petición de los abogados de David Castillo, ya que uno no está en la ciudad y otro se encuentra enfermo, asimismo la procuraduría de la República no ha asistido, por lo tanto, se reprogramo para el 23 de agosto.
El COPINH, junto a la comunidad Lenca, continúan reclamando que se les reconozca su condición de parte legitimada para intervenir en el proceso para litigar, presentar pruebas, contrarrestar a los acusados y sostener posiciones en el juicio, dijo Fernández.
El Estado tiene doble responsabilidad, una por violar el derecho de una comunidad indígena víctima de violaciones a derechos humanos en el marco de los delitos de corrupción, y otra, es por no resolver a tiempo los recursos de amparo que tienen plazos legales que ya pasaron y no los han resuelto; se está observando el juicio en perspectiva de un inminente litigio en tribunales internacionales por esta responsabilidad en la que habría incurrido el Estado de Honduras, expresó el experto.
El caso de Fraude Sobre el Gualcarque, es contra funcionarios públicos por suponerlos responsables de los delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que se desarrollaría sobre el Rio Gualcarque de la comunidad Lenca y es manejado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de las Redes de Corrupción (UFERCO).
Desde que inició el proceso en 2019, el COPINH y la comunidad Lenca de río Blanco fueron excluidos del mismo, a pesar de su condición de víctima directa en el caso, ello debido a las vulneraciones a los derechos del COPINH en las que se incurrieron al otorgar las licencias, así como las afectaciones a las comunidades derivadas de su entrada en funcionamiento.
Con el objetivo de salvaguardar sus derechos procesales, la organización ha interpuesto diversos recursos hasta la fecha; sin embargo, ninguno ha sido resuelto favorablemente, incluso desde noviembre de 2019, Sala Constitucional de la Corte Suprema mantiene pendiente de resolución un recurso de amparo.
