Porqué los migrantes hondureños tienen derecho a votar por correo

Por: Filiberto Guevara Juárez

Una Honduras diferente es posible. Esa es la esperanza sin duda alguna, que se abre en las próximas elecciones generales del 28 de noviembre del presente año. Pero, esa Honduras diferente sólo es posible, si todos sus ciudadanos se deciden a votar por candidatos a cargos de elección popular que sean diferentes en capacidad, y con integridad moral y ética, es decir, aquellos ciudadanos, mujeres y hombres, que piensen y hablen en consonancia con sus actuaciones en el ámbito privado y público.

Los hondureños que aún permanecen en nuestro país tienen la gran oportunidad de hacerlo, y es una lástima que a los hondureños que viven en el extranjero, que se calculan son un poco más de un millón; no se les facilite poder votar mediante correo certificado.

Es más, ya suenan voces de personas vinculadas a círculos políticos en nuestro país, que se oponen a que voten los compatriotas que viven en el extranjero; porque ese voto resulta “caro” para nuestro país, según ellos. ¡Que barbaridad política!, porque la democracia nunca es y será cara, ya que está demostrado que los países que han progresado a nivel mundial son los que han desarrollado más democracia, libertad política y económica, a excepción de la República Popular de China; pero la excepción no hace la regla.

Esos politiqueros de oficio le quieren negar a nuestros compatriotas que viven en el extranjero, el derecho sagrado que tienen a decidir sobre el destino de la nación que los vio nacer; siendo ellos los que prácticamente sostienen nuestra economía en lo micro y en lo macro.

Ellos tienen todo el derecho a decidir quiénes regirán los destinos de su patria, porque según autoridades del Banco Central de Honduras (BCH), en el año 2021, las remesas en dólares americanos sumarán alrededor de 8,685 millones de dólares, lo cual representa el 20% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB); y se prevé que para el 2022, la suma será de 9,047 millones de dólares.

Dicho dinero que con inmenso sacrificio nos mandan nuestros compatriotas en el extranjero, y que les cuesta sangre, sudor y lágrimas, debe ser recompensado facilitándoles su derecho a votar, porque se han ganado el derecho a decidir sobre el destino de nuestra nación, sin lugar a duda. Ahora bien, ¿por qué el actual régimen de gobierno no está interesado en que los hondureños en el extranjero voten? La respuesta es obvia: no quieren que haya un cambio del statu quo de corrupción e impunidad, falta de democracia y Estado de derecho, que actualmente impera en nuestra desventurada Honduras.

Según el BCH, las remesas representan el 40.9 % de nuestras divisas; convirtiéndose así, en el principal generador de las divisas internacionales. Ese dinero que nuestros compatriotas mandan a sus familiares aquí en Honduras, lo reciben familias pobres en sus hogares, y según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); los gastan en necesidades básicas como alimentación, medicina, educación y transporte.

De esa manera dinamizan nuestra economía mediante la captación de impuestos indirectos que benefician al resto de los hondureños de todos los niveles socioeconómicos; además de hacer sostenible el régimen de importaciones de todo tipo, que influye enormemente en nuestra macroeconomía como Estado.

Así pues, es injusto que quienes prácticamente sostienen nuestra economía, no se les facilite su derecho a votar, y de esa manera, poder decidir sobre una Honduras diferente mediante el cambio de una realidad actual de injusticia, hambre y miseria, que golpea nuestros rostros, cuando vemos el desamparo de muchas madres solteras, niños en la calle limpiando vidrios de los carros, y tantos jóvenes en nuestras zonas urbano- marginales y rural, que por hogares desintegrados debido a la migración forzada, han perdido el rumbo en sus vidas; y en vez de una política  inclusiva de desarrollo integral hacia ellos, hasta se les asesina, en vez de prevenir la inseguridad ciudadana en nuestro país, haciendo que muchos de ellos sean beneficiados por un desarrollo inclusivo, que les permita vivir una vida digna en nuestro país.

San Pedro Sula, 01 de octubre, de 2021.