Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Ante la ola de asesinatos en las cárceles de máxima seguridad, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, departamento de Colón, exige libertad para sus compañeros presos por defender el agua y los bienes comunes.
El Comité Municipal de Tocoa junto a la solidaridad nacional e internacional, manifiesta profunda preocupación dado el nivel de criminalidad en el interior de las cárceles de máxima seguridad.
En El Pozo fue asesinado Marco Tulio Amador y en La Tolva fue asesinado Magdaleno Meza Fúnez, ambos en la misma semana. Alertamos a la comunidad internacional de estos hechos criminales contra la comunidad de privados de libertad en Honduras.
Los privados de libertad son: Porfirio Sorto, José Abelino, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán, Kelvin Romero y Jeremías Martínez
En un comunicado publicado este martes señalan que Honduras es un país donde el régimen gubernamental desprecia la vida y aprecia la violencia, la corrupción, los asesinatos, la droga, las armas y los encarcelamientos sin fundamento han pasado a ocupar el centro de la administración pública.
En la cárcel de máxima seguridad la Tolva, en Morocelí el Paraíso, se encuentran presos 7 defensores del agua el ambiente y el territorio en Guapinol y el Sector San Pedro del Municipio de Tocoa, Colón desde el 05 de septiembre 2019, y 1 está en el centro penal de la Ceiba desde noviembre de 2018, son presos políticos del régimen que dirige Juan Orlando Hernández.
El agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras están en riesgo, los defensores y defensoras de la vida son víctimas del Ministerio Público y el poder judicial que criminaliza, judicializa y encarcela a los defensores de la vida dando muestras de colusión con el crimen gubernamental que dirige Juan Orlando Hernández y su grupo.
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La Juez de Jurisdicción Nacional Lizeth Vallecillo, sin competencia judicial para conocer la causa y sin motivación alguna, decidió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los defensores estableciendo en la orden judicial que debían ir al centro penal de Olanchito.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INP) que dirigen Rosa Gudiel y German McNeil mediante abuso de autoridad violaron la orden judicial y violaron la resolución de la Juez de ejecución penal de Danlí el Paraíso emitida el 13 de septiembre ordenando el traslado de los defensores hacia Olanchito como lo establece la orden judicial.
Rosa Gudiel ha manifestado que en Olanchito también hay grave riesgo para los defensores del agua, el ambiente y el territorio en Guapinol y sector San Pedro, por eso, el Comité junto la defensa técnica legal exige el señalamiento urgente de la audiencia para la revisión de la medida de prisión preventiva y que se otorguen medidas sustitutivas a la prisión.
