Tegucigalpa. – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la intervención con “mano dura”, de los centros penales del país, luego que el fin de semana se registraron amotinamientos en cuatro cárceles de máxima seguridad.
Este anuncio despertó la preocupación en los de defensores de derechos humanos, quienes son del criterio que no es con la represión que se ataca el problema estructural de la violencia y la ingobernabilidad en los centros penales.
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación de Derechos Humanos (CIPRODEH) ha quedado demostrado que el control del Sistema Penitenciario no debe estar en manos de la Policía Nacional, ni de las Fuerzas Armadas. “A ninguno de los dos les interesa trabajar en la rehabilitación de personas privadas de libertad”, mencionó Acevedo.
De igual manera, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), recomendó al Poder Ejecutivo, “no considerar la militarización del sistema penitenciario”.
Analistas refieren que esta militarización representa una regresión en materia de derechos humanos y una contraposición a las recomendaciones del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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MEDIDAS POPULISTAS
“Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo”, manda la Constitución de la República de Honduras en su artículo 87.
En ese sentido, Javier Acevedo, recordó que el fin de la pena no es para mantener personas “encerradas”, sino que pasa por un proceso que brinde oportunidades de convertirse en personas positivas para la sociedad, para ellos y para sus familias. “Manteniéndolo solamente en situación de encierro no se logra alcanzar ese fin de la pena”, recalcó.
Sin embargo, el Sistema Penitenciario está lejos de una verdadera rehabilitación o reinserción social, ya que han sido el escenario de crisis, amotinamientos, asesinatos de privados de libertad, e incluso, las mismas autoridades policiales denuncian que una gran cantidad de llamadas extorsivas salen de estos centros de internamiento, razón por la cual las cárceles de Honduras se les ha tipificado como “escuelas del Crimen”.
En ese sentido, organismos de sociedad civil cuestionan la medida de la presidenta Castro, ya que se tiene como referencia las medidas adoptadas en gobiernos anteriores de “mano dura”, que únicamente están acompañadas de medidas represivas que no abordan las causas estructurales de la criminalidad.
En ese sentido, el defensor de derechos humanos, refiere que hay una presión, mediática, presión social e incluso una presión desde los mismos cuerpos de seguridad del Estado para implantación de políticas de “mano dura”.
Acevedo, también advirtió que estas medidas pueden ser un acto para hacer propaganda alrededor del endurecimiento de medidas contra personas privadas de libertad y que pueden desencadenar en una copia de la política de El Salvador, que ha sido cuestionada por violentar derechos humanos.
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TRANSICIÓN GRADUAL
El control del sistema carcelario de Honduras está en manos de la Policía Nacional debido a que no hay una formación por parte del Instituto Nacional Penitenciario para capacitar a civiles en las tareas penitenciarias, el CONAPREV considera, que, de momento, deben continuar con este control, pero desde una perspectiva de derechos humanos.
En ese sentido, la comisionada del CONAPREV, Melissa Escoto, mencionó en entrevista con Criterio.hn, que para trasladar el control a una instancia civil debe haber una transición gradual, sin embargo, señaló “ahora mismo no identificamos alguna persona que tenga esas habilidades y capacidades para que pueda dirigir, entonces para evitar un mal mayor preferimos de momento la gestión de la policía Nacional.
Por otro lado, sobre la reincorporación de las Fuerzas Armadas, expresó su preocupación por que “no son las personas, idóneas que deberían dejar al frente del sistema penitenciario.
Que, a criterio de Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad, esta recurrente medida de involucrar a las Fuerzas Armadas, parte del poder construido por los militares que los vuelve “aparentemente imprescindibles”, y que es tomado por un gobierno que “no acabó de aclararse y asumir coherentemente sus propuestas de campaña y sus propias ejecutorias en esta primera fase de su gestión”.
En este sentido, los organismos defensores de derechos humanos instan al gobierno de Xiomara Castro en la creación de una política preventiva con enfoque de derechos humanos, y que aporte en la reducción de la mora judicial de personas procesadas y privadas de su libertad que no han sido sentenciadas que de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras es de 51.6 %.
