La Ley de Justicia Tributaria, que se ha convertido en la manzana de la discordía, viene siendo sugerida por organismos internacionales desde el gobierno del narco expresidente Juan Orlando Hernández, sin embargo, pese a que el gobierno del Partido Libre prometió su aprobación no ha evidenciado un verdadero interés por garantizarla.
Analistas coinciden que el lanzamiento del barómetro del Cohep, contribuye a la polarización del panorama electoral.
Tegucigalpa, Honduras. Desde el inicio de su campaña electoral, la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ha mantenido un activo discurso confrontativo frente a las cúpulas empresariales, además de ser una de las constantes promotoras de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto rechazado por gran parte de los empresarios del país.
Con la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, la Ley de Justicia Tributaria, que había sido recomendada en diversas ocasiones por organismos internacionales, se convirtió en una de las banderas insignes de su gobierno, no obstante, la actual administración ha evidenciado poco interés en la normativa, al ser incapaz de lograr un cabildeo que lleve a su aprobación en el Congreso Nacional, como si se tratase de una herramienta de confrontación contra la empresa privada.
En medio del politizado clima, que envuelve el proceso electoral, dos sectores conservadores se han alineado, evidenciando un mismo propósito: favorecer las candidaturas del bipartidismo, primero con la intervención de las iglesias católica y evangélica el pasado 18 de julio y después con el lanzamiento del barómetro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que ha dejado claro que los candidatos presidenciales de los partidos Liberal y Nacional (derecha) son los ungidos por la cúpula empresarial.
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MANIOBRA DEL COHEP
El pasada jueves, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), presentó el primer barómetro electoral 2025, un estudio que tuvo la participación de 639 empresarios de las diferentes zonas del país, quienes dieron su percepción sobre el proceso electoral y temas económicos de importancia e interés para este gremio.
Sin embargo, la divulgación de dichos resultados desató el descontento del gobierno, en virtud de que la información señala al los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla y del Partido Nacional, Nasry Asufura, como los favoritos para ostentar la presidencia, mientras que Rixi Moncada se encuentra entre los candidatos menos receptivos junto a Mario Rivera de la Democracia Cristiana y Nelson Ávila del PINU, un hecho que evidencia el distanciamiento del oficialismo con una parte del sector empresarial.
El estudio no sólo fue rechazado por los representantes del Partido Libre, sino también, por empresarios que cuestionaron y se desmarcaron de las posturas del Cohep, lo que demuestra una clara división en el sector empresarial.
Uno de los empresarios que se desvinculó de la posición asumida por el Cohep fue el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, quien, a pesar de su desacuerdo, afirmó respetar la postura, sin embargo, manifestó que desde su experiencia han trabajado de manera correcta y en conjunto con el gobierno.
“La decisión que ha tomado la CCIC con toda su junta directiva es trabajar con el gobierno para facilitar y solucionar los problemas que enfrenta la empresa y los gremios, y lo hemos hecho gracias al acercamiento que ha dado el gobierno”, expuso Qubain.
Por su parte, la expresidenta del Cohep, Juliette Handall, aseguró durante un foro televisivo, que la decisión del ente agremiado—al sacar un informe basado en una encuesta a más de 600 empresarios, que no representan a todos los empresarios del país— no fue oportuna.
Handal, quien es afín al partido Libre, apuntó que ese tipo de acciones generan distanciamiento en las opiniones y más divisiones, sobre todo en un año electoral.
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¿REALMENTE MIDE IMPACTOS EL BARÓMETRO?
A criterio del analista político, Héctor Soto, la encuesta del Cohep, en lugar de medir la intención del voto, mide los intereses del sector privado y evidencia que existen dos candidatos específicos a los que identifican como figuras que podrían representarlos y una candidata que se percibe distante alrededor de esos intereses.
Soto explicó que dicho instrumento deja entrever una ruptura en la unidad del sector empresarial, por la desmarcación de algunas figuras y también una fisura territorial dentro de la cúpula.
Sobre el papel que podría jugar en la opinión pública, apuntó que más allá de ello, se puede percibir la afinidad de los sectores empresariales, No obstante, remarcó la necesidad de escuchar las voces de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las del sector cooperativo o solidario de la economía que «creo que permitiría tener una perspectiva más integral de lo que está pensando el sector empresarial hondureño».
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DISCURSO DE MONCADA EL CAUSANTE DEL DISTANCIAMIENTO
Para el también expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Adolfo Facussé, el distanciamiento de la empresa privada con el oficialismo, específicamente con Rixi Moncada, se debe a las formas de expresarse de la candidata y con las que algunos empresarios no están de acuerdo.
Facussé señaló que en el planteamiento del Cohep se detalla que el 84% de los encuestados no están de acuerdo con el gobierno, y que eso se debe a que al momento de llegar al poder, el Partido Libre se convirtió en gobierno de un solo partido a pesar que habían alianzas, un hecho que, a su criterio, cambió la perspectiva del sector.
El empresario recalcó que la encuesta en sí no evidencia problemas con este gobierno, sino los problemas, que avizoran los empresarios, que podrían generarse por el discurso de Rixi Moncada.
Facussé afirmó que el temor empresarial radica en lo que podría ocurrir si la candidata de Libre llega al poder, especialmente por sus anuncios y por el debate sobre las exoneraciones fiscales, es decir, la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
REALIDAD DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA
Sobre la justicia tributaria, el economista, Martín Barahona, señaló que este principio está contemplado en la Constitución de la República desde 1982, por lo que es algo que existe independientemente de la ideología o los enfoques económicos de los gobiernos.
Barahona amplió que el pricipio de justicia tributaria debió implementarse desde hace más de 40 años, pero que no se ha concretado por el desconocimiento y por la falta de voluntad de todos los gobiernos.
El economista remarcó que de acuerdo con el artículo 351 de la Constitución, el sistema tributario de Honduras se debe basar en los principios de legalidad, generalidad, proporcionalidad y equidad en el cobro de los impuestos, la recaudación tributaria y que debe ser de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, un principio que hasta la fecha no se ha cumplido.
Barahona enfatizó en que la aprobación del proyecto de ley no debería representar nada extraño, pues es algo que se debe aplicar y que ha sido la razón por la que Honduras ha registrado un sistema tributario regresivo, es decir, que se le cobra más a quines registran menos ingresos.
JUSTICIA TRIBUTARIA NO SE HA PRESENTADO DE MANERA ADECUADA
A criterio del economista y expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, la Ley de Justicia Tributaria no ha sido aprobada porque ha habido una mala forma de presentarla por parte de los representantes del gobierno.
Raudales explicó que la propuesta debió trabajarse de manera integral, presentando el tema de los ingresos y no sólo el de las exoneraciones, porque también incluye el impuesto al valor agregado, sobre ventas, de producción, sobre la renta, a la riqueza y al capital y, eso limita las posibilidades de que pueda aprobarse.
El economista considera, además, que el gobierno no ha sabido acercarse adecuadamente al sector empresarial, pues no sólo se trata de socializar y llamar por separado a los grupos en el Congreso Nacional, si no que también se debe explicar en qué beneficiaría al país, si se aumenta o se disminuye una medida, entre otros elementos.
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El proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2023, aún se encuentra en dictamen en el Congreso Nacional, por la falta de consensos entre las diferentes fuerzas políticas, a pesar de que para su aprobación se requiere únicamente la mayoría calificada, es decir, 65 votos. La normativa plantea la eliminación de 14 regímenes de exoneración fiscal.
La ley ha sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y respaldada por organismos internacionales como: Naciones Unidas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), entre otros, que ven la reforma fiscal como un mecanismo para reducir la desigualdad.
En 2022 se hicieron públicos tres informes del FMI, declarados en secretividad durante al administración del expresidente Juan Orlando Hernádez, condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas, en los que se estableció que el regimen tributario de Honduras es «insostenible» y que las exoneraciones fiscales existentes son inequitativas e ineficientes.
Un comentario
> al ser incapaz de lograr un cabildeo que lleve a su aprobación en el Congreso Nacional, como si se tratase de una herramienta de confrontación contra la empresa privada.
Siendo justos, Libre no tiene la mayoria en el congreso, y tanto el Partido Liberal y Nacional a sido claro en su oposición a la ley, y la empresa privada tampoco la quiere, no es de sorprender que no haya sido aprobada, y es claro que si el Partido Liberal o Nacional tuviera mayoria en el congreso, aun peor seria en este caso.