Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.-Por cuarta vez se suspendió la audiencia preliminar contra David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista y defensora indígena, Berta Cáceres, quien fue atacada a tiros en el interior de su vivienda en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, el 2 de marzo de 2016.
La reprogramación de la audiencia contra David Castillo -que debió realizarse en abril de 2019- tiene el propósito de cuestionar el proceso y los elementos probatorios que vinculan al imputado en la ejecución del crimen, dijo este martes a Radio Progreso el abogado Víctor Fernández, apoderado legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y de la familia Cáceres.
La audiencia preliminar fue reprogramada por acciones de la defensa de Castillo para el viernes 21 de agosto en el Juzgado Anticorrupción, ubicado en el bulevar Los Próceres de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.
La organización Copinh cuestionó en su sitio de Facebook el porqué del retraso de esta audiencia por más de un año, ya que “el juicio contra David Castillo demostraría su papel como vínculo a la familia Atala Zablah y la responsabilidad de estos como autores intelectuales del crimen”.
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Por su parte, el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Martín Fernández, expresó en el marco de la semana de los pueblos indígenas, que ya se ha señalado con nombre y apellido quiénes son los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres, sin embargo, hay una evidente colusión del sector económico y político de Honduras.
“No solo involucra a grupos de poder económicos hondureños, sino que también se señala algunas políticas de Estado de otros países en torno al proyecto de muerte del que fuera objeto Berta Cáceres”, manifestó Fernández.
El defensor del medio ambiente cree que detrás del asesinato de Berta Cáceres está el crimen organizado que funciona desde la propia institucionalidad, empotrado y dirigiendo la política de Honduras, desde donde se está mandando las órdenes del despojo.
En diciembre de 2019 un tribunal de justicia condenó entre 30 y 50 años de prisión a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres y por la tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la vivienda de Cáceres el día que se registraron los hechos.
David Castillo es el octavo procesado y hasta ahora es el único acusado por el Ministerio Público como autor intelectual del asesinato.
