En una primera entrega de información a este medio digital, se constató que cinco actuales diputados no habían presentado los informes de gastos, pero luego, misteriosamente la cifra se redujo a dos.
UFTF desconoce quiénes han pagado las sanciones por el incumplimiento de la ley
Analistas consultados por Criterio.hn concluyen que la UFTF fue constituida por los políticos para autoprotegerse
Tegucigalpa. –A más de 27 meses de haberse celebrado las elecciones generales de 2021, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), se muestra incapaz de cumplir con la ley y sancionar a aquellos políticos que han incumplido con la presentación de los informes sobre el gasto y el financiamiento de sus campañas. Incluso sus actuaciones están dando muestras de colusión o encubrimiento.
La afirmación anterior se sustenta en un sondeo que hizo este medio de comunicación sobre la presentación de los informes por parte de los diputados y diputadas al Congreso Nacional que resultaron electos en el proceso electoral de 2021. De hecho, nos encontramos con actuaciones poco convincentes que generan suspicacia sobre los alcances de los mecanismos de fiscalización de partidos políticos y el seguimiento al cumplimiento de las sanciones.
El 8 de julio de 2022, a través de la solicitud de información SOL-UFTFPP-73-2022, Criterio.hn solicitó a la UFTF un listado que incluyera a los actuales legisladores que sí habían presentado sus informes de gasto de campaña tras las elecciones generales de 2021, celebradas el 28 de noviembre de ese año.
Posteriormente, mediante un cruce de base de datos, se identificó que cinco actuales diputados del Congreso Nacional no figuraban dentro de los que sí habían rendido sus informes de gastos hasta el 31 de agosto de 2022, fecha improrrogable que había otorgado el Congreso Nacional un mes antes.
Se trató de Dairi Javier Ávila Gabarrete, Yahvé Sabillón Cruz, Cristian de Jesús Hernández Díaz, Marco Aurelio Tinoco Urbina, del oficialista Libertad y Refundación (Libre); y Walter Antonio Chávez Hernández, del Partido Nacional.
Criterio.hn contactó a algunos de estos legisladores. Se realizaron llamadas telefónicas a Dairi Javier Ávila Gavarrete, con el propósito de conocer su versión, pero, cuando se le consultó sobre su incumplimiento con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, aseguró que se encontraba conduciendo y que devolvería la llamada. No ocurrió.
Por el Partido Nacional, se contactó a Walter Antonio Chávez Hernández, a quien se le llamó y envió mensajes de texto, pero se tornó imposible obtener una aclaración.
PRÓRROGAS A LAS PRÓRROGAS
Aun cuando ya había vencido el plazo de la primera prórroga, el 5 de julio de 2022, en el marco del retorno a las sesiones legislativas tras el receso que se concedió a los legisladores entre el 1 y el 30 de junio de 2022, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Luis Enrique Ortega, presentó un proyecto de decreto ante el pleno de diputadas y diputados que tenía como propósito que se eximiera de sanción administrativa a los partidos políticos y candidatos que participaron en las elecciones generales de 2021 y que no presentaron en tiempo y forma los informes ante la UFTF.
La primera prórroga había vencido el 30 de junio de 2022 y había sido emitida directamente por la UFTF. Hasta esa fecha, según la página web de la UFTF, los también legisladores John Milton García Flores, Juan Ramón Flores Bueso y Mario Amílcar Portillo Contreras, de Libre, y Kritza Jarlin Pérez Gallegos, del Partido Liberal, tampoco habían cumplido con su obligación.
“Lo que hacen es que los mismos diputados prorrogan los períodos, entonces los mismos que incumplen la ley son los que la elaboran, y los castigos no son ejemplares y, peor aún, tampoco los cumplen”, refirió, en conversación con Criterio.hn, la exdiputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu) y actual designada presidencial, Doris Gutiérrez.
Como se explicó, tras el más reciente acontecimiento electoral, el Congreso Nacional amplió el plazo para la entrega de dichos informes hasta el 31 de agosto de 2022. Las autoridades de la UFTF aseguran que ni siquiera se les comunicó sobre la segunda prórroga y que, por tal razón, puede existir “confusión” con relación al listado de diputadas y diputados que no hicieron efectivas las entregas de los informes de gastos antes de la fecha indicada.
Como se indicó al comienzo, la lista que filtró Criterio.hn incluía a otros dos legisladores, Yavhé Salvador Sabillón Cruz y Cristian de Jesús Hernández Díaz, que, hasta el 31 de agosto de 2022, según la información que se recibió desde el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tampoco habían hecho la rendición de cuentas.
No obstante, desde la UFTF, insisten en que ese listado -a pesar de indicar que los datos corresponden hasta el 31 de agosto de 2022- está desactualizado y que, tras la última prórroga, solamente dos legisladores electos no cumplieron con la presentación del informe.
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A diferencia de la base de datos que recibió este medio digital, la que está colgada en la página web de la UFTF no cuenta con una fecha de actualización, por lo que se torna imposible comprobar si corresponde a datos posteriores a la primera o a la segunda prórroga que otorgó el Congreso Nacional.
“La Unidad de Política Limpia cumplió con socializar quiénes fueron los candidatos y las candidatas incumplidores. El problema fue que, con la nueva prórroga, se extendió el plazo hacia el 31 de agosto y algunos diputados subsanaron su situación”, añadió en conversación con este medio digital el secretario general de la UFTF, Emilio Hernández Hércules.
Y argumentó: “Existe la peculiaridad de que esta prórroga no la otorgaron antes del vencimiento del plazo o después, se aprobó después de que ya había vencido, por eso se da espacio a estas incongruencias. Ni siquiera se hizo una comunicación oficial a la Unidad de Política Limpia sobre esta última prórroga por parte del Congreso. Existe la obligación de comunicar a nosotros y no se hizo”.
¿POR QUÉ SE MANIPULÓ INFORMACIÓN?
Sorpresivamente, el correo electrónico que envió la UFTF a Criterio.hn el 21 de septiembre de 2022, contentivo de la base de datos donde se encontró a cinco actuales diputadas y diputados que no presentaron sus informes de gastos de campaña antes del 31 de agosto de 2022, sufrió modificaciones.
El correo original, recibido por este medio digital, incluía tres documentos en formato PDF donde se detallaba, con nombres y apellidos, qué 3,123 candidatas y candidatos a cargos de elección popular durante los comicios generales de 2021 habían presentado sus informes de gastos. Fue a partir de esa base de datos que se identificó a cinco actuales legisladores que no habrían cumplido con dicha obligación, aunque la parte oficial insista en que únicamente son dos.
El correo electrónico, como se indicó, se modificó y se eliminó de su contenido, desde el propio remitente en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dos documentos en PDF que constituían la base de datos. Para ventaja de este medio digital, ambos documentos habían sido descargados y almacenados dentro sus archivos, aunque se desconoce quién dio la orden de eliminar los documentos del correo original.
Estos documentos contenían los datos de los candidatos y las candidatas de los principales partidos políticos: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Cuando Criterio.hn le consultó al comisionado presidente de la UFTF, German Espinal, y al secretario general, Emilio Hernández Hércules, ambos aseguraron desconocer las razones de la modificación de ese correo electrónico.
La incógnita radica en que ahora la UFTF sostiene que únicamente dos de las personas que figuraban dentro de la lista de cinco actuales legisladores que incumplieron con la rendición del informe de gastos de campaña, Dairi Javier Ávila Gavarrete y Marco Aurelio Tinoco Urbina, ambos de Libre, no lo habían realizado hasta el 31 de agosto de 2022, fecha improrrogable que estableció el Congreso Nacional.
Independientemente de si son dos o cinco, no es coincidencia que el partido que más incumplió con la presentación de dichos informes sea justamente Libre, quien, además, a través de su diputado Luis Enrique Ortega, promovió la segunda prórroga que provocó este tipo de interrogantes.
CASTIGOS INSUFICIENTES
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos establece dentro de su artículo 56 que si, en el plazo establecido, no presentaren los estados financieros anuales y los correspondientes a cada proceso electoral, se debe aplicar una multa equivalente a quince salarios mínimos para el candidato a la Presidencia, diez salarios mínimos para los candidatos a diputados, y cinco salarios mínimos para los candidatos a cargos en las corporaciones municipales, sin perjuicio de la obligación de presentarlos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición de la multa.
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Para la designada presidencial, Doris Gutiérrez, los castigos que se imponen a los incumplidores no deberían limitarse a sanciones económicas, debido a que alguien que recibió financiamiento con fondos ilícitos, fácilmente puede preferir pagar una multa monetaria.
“Esas no son sanciones adecuadas para una situación tan delicada como esta. Se puede hablar de suspensión de los cargos y de multas verdaderamente significantes, el problema acá es que los mismos diputados hacen las leyes y las diseñan con el propósito de favorecerse con multas paupérrimas”, declaró Gutiérrez a Criterio.hn.
El 10 de enero de 2023, la UFTF comunicó a las personas que incumplieron con la rendición de los gastos de campaña que ahora estaban obligadas a cumplir con lo que indica el artículo 56 de la ley en cuestión y, además, en caso de omitir la presentación del informe de forma extemporánea y la multa correspondiente, a pagar otra sanción que asciende a 100 salarios mínimos.
“Ahora tienen que pagar. La ley otorga cinco días para le presentación del nuevo informe y el pago de la multa, después se verifica lo que declararon. Si no se presenta el informe, se aplica una segunda multa. Lo desafortunado es que, de estos dos diputados, creo que ninguno ha presentado el nuevo informe y ha pagado la multa”, admitió a Criterio.hn el comisionado presidente de la UFTF, German Espinal.
Adicionalmente, cuando se le consultó a él y al secretario general de la UFTF, Emilio Hernández Hércules, ambos aseguraron que desconocían cuántos de los excandidatos, ocupando cargos o no, ya habían cumplido con las sanciones que establece la ley. Esto dejó en evidencia que, incluso dentro de la UFTF, que supuestamente es la llamada a fiscalizar a los partidos políticos, existe una descoordinación con relación al seguimiento de los casos de incumplimiento.
Por su lado, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés), Luis León, señaló que, al no cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley, los políticos y las políticas de Honduras continúan dejando un mensaje amargo a la ciudadanía.
“Que no presenten informes creo que evidencia que si los políticos son incapaces de presentar informes de lo que recibieron y les donaron para sus compañas, no van a ser transparentes llegando a sus cargos. Es un irrespeto total a la ley y, verdaderamente, todo se resume a que nuestra clase política no considera importante la rendición de cuentas”, señaló.
UNA UNIDAD QUE NO FISCALIZA
Con un presupuesto aprobado de poco más de L48,000,000 (USD 1,944,966) para 2023, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos surgió el 17 de enero de 2017, mediante la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
La creación de este órgano, que seis años después no logra despegar, trazó como objetivo la vigilancia y el control del financiamiento político, ello a través de la presentación de ingresos y gastos de campaña exigidos a los partidos políticos y a los candidatos. Su creación fue impulsada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El 31 de mayo de 2017, las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, acordaron nombrar a German Espinal, de Libre; a Javier Franco, del Partido Liberal y a Kelvin Aguirre, del Partido Nacional, como comisionados de la UFTF. Este último, quien posteriormente fue nombrado consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue sustituido el 11 de septiembre de 2019 por Alva Rivera.
A pesar de su propósito inicial, analistas consultados por Criterio.hn, como el director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, aseguran que la UFTF más bien parece una madriguera en donde los representantes de los tres principales partidos políticos se encubren.
“Yo creo que la Unidad de Política Limpia sí cumple con su deber político-partidario, pero ya a estas alturas no podemos creer que tiene un poder para controlar el financiamiento ilícito o fiscalizar a los partidos políticos. Hay que entender que su deber político y partidista sí lo están cumpliendo, porque ahí están los tres partidos mayoritarios, y entre ellos no se van a quemar. Además, cuando se trata de anteponer la transparencia, hay acuerdos políticos que siempre prevalecen, y uno es el financiamiento de las campañas, ahí hay un evidente pacto que nos hace pensar que con el financiamiento no se van meter a problemas entre ellos”, consideró Ramírez en conversación con este medio digital.
Uno de los principales cuestionamientos va dirigido hacia los procesos de fiscalización que establece la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, según indicó a Criterio.hn el director NIMD, Luis León.
“Lo primero a condenar es que queda evidenciado que los mecanismos de fiscalización son equívocos e incapaces de fiscalizar. El mecanismo de solicitar facturas no representa fiscalización, representa auditoría, que son dos cosas muy diferentes. En la Unidad de Política Limpia tenemos al ratón cuidando el queso, porque son los mismos partidos políticos autofiscalizándose”, expresó el director del NIMD.
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Lester Ramírez, director de Gobernabilidad y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dice que la UFTF más bien parece una madriguera en donde los representantes de los tres principales partidos políticos se encubren.
La normativa indica que la UFTF debe contar con un registro de auditores enfocados en realizar las tareas de fiscalización, como ser las auditorias técnicas especializadas, que sirven para verificar los procesos de contribuciones, aportes y gastos en dinero o en especie a los sujetos obligados (partidos políticos y sus candidatos, alianzas entre partidos, movimientos internos y candidaturas independientes).
Sin embargo, la Unidad únicamente dispone de siete auditores que ostentan salarios mensuales de L26,100 cada uno, y tres asesores legales que devengan L30,000 (uno de ellos) y L31,000 (dos). Estas personas deben realizar, desde Tegucigalpa, capital política del país, un trabajo que abarca a los candidatos y las candidatas de los 298 municipios hondureños.
“Una unidad con 40 millones para fiscalizar miles de millones de lempiras es muy poco. El otro factor es que de los pocos empleados que hay en la Unidad, todos forman parte de esa repartición entre los partidos políticos, tantos son liberales, tanto son nacionalistas, tanto son Libre. Y eso no se ve reflejado solo en los tomadores de decisiones, sino que también en los que están abajo”, añadió Luis León.
A consideración de la designada presidencial, Doris Gutiérrez, el problema relacionado con el funcionamiento y la efectividad la UFTF no radica tanto en si es necesario o no incorporar más empleados, sino en que, desde los mismos partidos políticos, existe un interés destinado a boicotear las acciones de transparencia.
“Aquí el problema no es que hayan o no empleados suficientes en la Unidad de Política Limpia, porque pueden poner mil empleados y la ley no se va a cumplir, si las sanciones no son necesarias. No se trata de supervisión, sino de ejecución. El problema no es de números, el problema es de falta de estricto apego a la ley y de sanciones ejemplares a los infractores”, manifestó.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos surgió como una respuesta a los constantes señalamientos del sucio financiamiento que circula durante las campañas electorales en Honduras, sin embargo, únicamente se ha reducido a un órgano administrativo, caracterizado por la repartición de cuotas por parte de los tres partidos políticos principales, y que lejos de fiscalizar a los candidatos incumplidores, parece protegerlos.
