El denominado “Plan Control Territorial” que se ha implementado en El Salvador, que ha sido cuestionado por violentar derechos humanos y alabado por otros, podría ser una medida para contrarrestar los índices de violencia y criminalidad en Honduras
Tegucigalpa. -La abogada constitucionalista y exministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, es del criterio que en Honduras no se podría implementar medidas de seguridad similares a las que se han impuesto en El Salvador, mismas que varias organizaciones internacionales de DDHH han condenado.
Durante una entrevista a Criterio.hn la jurista precisó que el contexto social de Honduras y El Salvador son distinto, ya que, Honduras tiene un marco convencional, es decir, es suscriptor de tratados internacionales en temas de derechos humanos caso contrario al país vecino.
Por tanto, las obligaciones que le corresponden al Estado de Honduras es ser congruente con esas obligaciones que manda a respetar y garantizar los derechos de todas las personas y particularmente en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, Tratos Crueles e inhumanos y Degradantes y sus protocolos con las personas, privadas de libertad.
Agregó que el Estado no puede eludir sus obligaciones en cuanto a los privados de libertad y debe garantizar el derecho a la salud, la educación, sobre todo a la rehabilitación, reeducación, socialización y reinserción en la sociedad. En ese sentido, expone que ni siquiera pueden justificar el incumplimiento de estas garantías por la falta de recursos económicos en ese sentido creemos de manera particular que no se irían por esa ruta.
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Al igual que la exministra de DDHH, Ana Pineda, la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), Sandra Rodríguez, opina que El Salvador y Honduras viven contextos sociales totalmente diferentes.
Al ser consultada por Criterio.hn explicó que en El Salvador se vuelto una práctica cotidiana la violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero ven lejana la posibilidad que Honduras replique el modelo Bukelista, ya que la mandataria hondureña, Xiomara Castro, se ha comprometido a respetar los DDHH.
No obstante, dijo que desde Conaprev no se oponen a que se tomen medidas de seguridad integral, pero “no podemos crear el sistema penitenciario ideado en bodegas humanas, como lo ha hecho El Salvador”.
Expuso que el sistema penitenciario enfrenta enormes desafíos, sobre todo en la sobrepoblación o hacinamiento carcelario, el cual ha sido una deuda histórica y le corresponde al Poder Judicial liderar ese plan de descongestionamiento del sistema penitenciario.
Rodríguez reiteró que, no por estos problemas se debe copiar el sistema implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Al mismo tiempo, señaló que esa es una medida a corto plazo.
Rodríguez enfatizó que, las cárceles hondureñas han sido una “bomba de tiempo” porque muchas organizaciones de la sociedad civil lo han manifestado, que primeros se debe enfocar en la reducción de esta la población carcelaria y que desde la Secretaría de Seguridad y de Educación se desarrollen programas en conjunto para la prevención del delito.
Para el abogado constitucionalista y analista político, Raúl Pineda Alvarado, las controversiales que han sido implementadas en El Salvador no darían resultados en Honduras.
El analista puntualizó que la situación de El Salvador es diferente, ya que esa nación centroamericana salió de un conflicto militar a una guerra social. Caso contrario a Honduras donde no han habido conflictos militar.
Raúl Pineda señala que lo anterior es un factor determinante, pues eso determina que no existen personas con suficiente entrenamiento para ejecutar actos de exterminio, pero “estamos muy cerca de la guerra social que tiene su origen en razones que no entienden ni los policías, ni los militares, verdad son razones de carácter social porque el delito es precisamente un problema social”.
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PLAN SOLUCIÓN CONTRA EL CRIMEN
El 31 de marzo al finalizar la reunión del Consejo de Defensa se anunció la implementación de la segunda fase del Plan de Seguridad, que consta de nueve medidas con una vigencia de seis meses. Entre las disposiciones que serán ejecutadas por las diferentes fuerzas de seguridad del Estado.
El secretario de Prensa de Casa Presidencial, Ivis Alvarado, anunció que se una de las determinaciones del Consejo de Defensa fue prorrogar por seis meses el PCM-10-2023, del 20 de febrero de este año, el que decretó la suspensión de garantías constitucionales y se asigna las responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad y como colaborador efectivo a la Secretaría de Defensa.
El primer punto del plan contempla que toda información y documentación como resultado del cumplimiento de funciones y actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán manejados por la Dirección de Investigación e Inteligencia de conformidad con las reservas de las normativas vigentes.
Otro de los apartados que ha llamado la atención es que se ha instruido a las Fuerzas Armadas para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario, en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia, para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares de seguridad penitenciarias y tratados internacionales que regulan convenios internacionales los derechos de los detenidos.
Otro punto importante, es que desde el Poder Ejecutivo se emitirá el decreto de emergencia para los equipos técnicos y operativos igual para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penitenciarios en cualquier parte del país.
