El desalojo tiene vicios de nulidad porque la orden del juez era para la colonia La Estanzuela y este se produjo en la colonia Las Crucitas. Además no llevaba consignadas cuales eran las viviendas que iban a desalojar, señalaron los abogados defensores de los pobladores
Tegucigalpa, Honduras. – Eran las 10 de la mañana del martes 27 de junio, lo que parecía un día normal se convirtió en una amarga jornada para los residentes de la colonia Las Crucitas, ubicada en la calle que conduce al Parque Nacional El Picacho, una zona de alta plusvalía donde se pueden observar la fina arquitectura de algunas mansiones que contrastan con las pequeñas viviendas de al menos 40 familias, de las cuales siete serían despojadas de sus hogares.
El clima fresco y con atisbo de lluvia sobre la ciudad capital, se asemejaba a lo que estaban por vivir siete familias que fueron desalojadas de sus hogares, en los que han vivido en los últimos 46 años. Rodeados de agentes de la Policía Nacional, al mando del comisionado Daniel Molina, y el juez del Poder Judicial Danilo Carbajal, quienes eran los encargados de ejecutar la orden de desalojo, a la vista y paciencia de personeros de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto de la Propiedad (IP).
El 14 de marzo el juez, José Danilo Laredo, aceptó posponer el desalojo, pero tres meses después este se ejecutó y varias familias quedaron sin hogar, pese a tener las escrituras de sus viviendas y pagar impuestos en la alcaldía de Tegucigalpa
Las lágrimas, los gritos de impotencia y los sollozos eran un sentimiento compartido entre los residentes de la colonia Las Crucitas, quienes habían sido notificados una noche antes que hoy sería ejecutada la orden de desalojo, pospuesta desde el 14 de marzo.
Con escrituras en mano, los residentes de Las Crucitas reclamaban su derecho a la vivienda y a no ser desalojados.
“¿Dónde están las autoridades? Nadie nos defiende, a nosotros nos golpearon y tenemos miedo. No tenemos donde ir, yo no tengo adonde llevar a mis hijos”, era la suplica de Karen Baquedano, una mujer que se aferraba al portón de su vivienda para que los agentes de la Policía Nacional no ingresarán al que ha sido su hogar por más de 40 años.
La acongojada mujer y sus vecinos veían con impotencia cómo los uniformados sacaban los muebles de la casa de su vecina, quien entre lágrimas y dolor les pedía a los policías que no le quitarán su hogar, que le costó muchos años de esfuerzo y sacrificio.
“Mi familia tiene 46 años de vivir aquí, esto nos ha costado a nosotros, todo lo que tenemos es porque hemos hecho un gran sacrificio y somos familias luchadoras, que no molestamos a nadie. Aquí está la comunidad respaldándonos porque nosotros no le hacemos daño a nadie. Yo no sé qué voy a hacer con mis hijos”, aquejaba la mujer.
Sabiendo que la historia se repetiría en su vivienda, la mujer imploraba al juez ejecutor y a los uniformados que tuvieran consideración, pues ella no tiene donde ir con sus hijos, quienes no comprendían lo que sucedía y otra de sus hijas, que no estaba en el lugar, pues estudia en un colegio cercano.
Los vecinos, quienes temían perder sus casas, formaron una muralla para evitar que los policías ingresarán a la vivienda de Karen Baquedano. Pero, los oficiales ingresaron por el techo de los vecinos, provocando la molestia de los pobladores.
Al ver la resistencia de los residentes de la colonia Las Crucitas, los policías hicieron uso de la fuerza para ingresar a la vivienda de Karen Baquedano. Los uniformados golpearon a estas personas, que en un último esfuerzo por conservar sus hogares, lucharon hasta que fueron apartados del portón de la casa de su vecina, la mujer a la que conocen desde que era una niña.
Al ver la resistencia de los pobladores, los policías hicieron uso de la fuerza para ingresar a la vivienda de Karen Baquedano, donde varios de sus vecinos se aferraban al portón de de la vivienda en solidaridad con la afectada a quien conocen desde niña.
A pocos metros, otra familia se resistía a ser desalojada, mientras los niños jugaban ignorando lo que estaba pasando.
Margarita Lagos, una mujer de edad avanzada, veía cómo los policías y el juez ejecutaban la orden de desalojo que dejaba sin hogar a sus vecinos. La mujer pedía a las autoridades una respuesta favorable para ella y sus vecinos.
Lagos señaló que este proceso y la orden de desalojo ha sido promovida por el ciudadano, Rony Carbajal.
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DESALOJO ILEGAL
El abogado defensor, Roque Germer Galindo, dijo a Criterio.hn que el desalojo es ilegal, ya que, en primera instancia el juez creó una sentencia y emitió la orden de desalojo para algunas viviendas de La Estanzuela, ubicada dos cuadras antes de la colonia Las Crucitas.
Además, el juez ejecutor, José Danilo Laredo, “por su propia terquedad viene a desalojar a la gente de la colonia Las Crucitas que nada tiene que ver con estas familias”.
El jurista detalló que los residentes de Las Crucitas, tienen sus títulos de propiedad, mismos que fueron otorgados por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante pago a plazos y otros pagaron en efectivo.
“Están desalojando y golpeando a la gente, pateando las puertas de las casas y llevándose todo, pero aquí están haciendo las cosas a la zumba marumba, sólo señalaron la primera casa y empezaron a sacar las pertenencias de las personas, no están presentando matricula de las casas, que eso es lo que hubieran hecho desde el principio”, comentó el representante legal de los residentes de Las Crucitas.
Galindo señaló de manera directa a Rony Carbajal de ser el responsable de este desalojo, asimismo acusó de irresponsable al juez ejecutor “porque él tiene que tener una orden con la matrícula de la casa que se va a desalojar, no es sólo señalar esa o la otra, y eso es lo que está ocurriendo aquí”.
Entre tanto, el abogado, Siony Díaz, también representante de los residentes de Las Crucitas, alegó que el desalojo se realizó de manera ilegal porque sus defendidos no han sido vencidos en juicio.
Díaz precisó que este pleito legal que data desde 1987, pero fue en 2004 cuando la situación escaló a otras instancias legales, pues cinco de los residentes de esa zona fueron acusados de usurpación, y esas personas fueron mal asesoradas porque se sometieron a un proceso abreviado, una salida fácil para poder salir de la cárcel.
El abogado señaló que estas cinco personas no midieron las consecuencias de la ejecución que esto les acarrearía, pues hoy, sus familiares están siendo desalojados. Seguidamente explicó que, tres de las personas que fueron denunciadas y encarceladas, ya murieron y es entonces cuando la responsabilidad penal se extingue.
“Entonces sí los operadores de justicia realmente estuvieran haciendo su trabajo de forma ordenada, solamente tendrían que solicitar dos matriculas al Instituto de la Propiedad (IP) de las cuales nosotros les hemos solicitado las muestren, para que no anden de casa en casa señalando a quienes desalojar, sino que enseñen la matrícula de la casa donde harán el desalojo”, puntualizó.
Por otro lado, el juez de ejecución, José Danilo Laredo, precisó que el desalojo comprende una orden judicial por parte del Juez de Ejecución Penal en donde fueron condenados siete personas por el delito de usurpación en perjuicio de la señora María del Tránsito Carbajal (supuesta dueña de los terrenos). Dicha sentencia fue emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal en 2004.
Agregó que en su momento los condenados fueron beneficiados por el derecho que les asiste de conmuta de pena de reclusión por dinero en efectivo, no obstante, de ese proceso quedó pendiente la recuperación de los predios que fueron usurpados.
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RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por otro lado, la presidenta, Xiomara Castro, se pronunció sobre el desalojo de siete familias de la colonia Las Crucitas.
En Twitter la mandataria pidió a la Procuraduría General de la Republica (PGR), abogado del Estado, hacer un análisis para determinar la situación jurídica o intereses atrás de este juicio.
