Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua aceptó la apelación de la defensa de dos policías que falsificaron evidencia en la investigación del caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres con el fin de proteger a los responsables.
Los señalados son los investigadores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, quienes realizaron las primeras pesquisas del caso, la cuales después de ser analizadas por el equipo multidisciplinario resultaron ser falsas.
El Ministerio Público en un comunicado emitido este jueves informó que el 17 de noviembre del 2017 se presentó requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra los investigadores Cruz y Rosales a quienes el Ministerio Público acusó por el delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente en perjuicio de la Administración Pública.
Relata además que en fecha 28 de agosto de 2019 la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua emitió resolución DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales en consecuencia anulando los actos del proceso penal a partir de lo dispuesto en auto de admisión del requerimiento fiscal donde se libran las órdenes de captura contra los imputados.
Los familiares de la asesinada ambientalista, sus familiares y los miembros del Copinh se preguntan: ¿Quiénes fueron los beneficiados por la falsificación de la prueba? ¿A quién se pretende proteger? ¿Serán los mismos que ahora negocian su libertad?
Los autores intelectuales del asesinato, que pagaron y ordenaron este crimen, aún no están siendo investigados ni juzgados y continúan en la impunidad han señalado los familiares de Berta Cáceres y los abogados que representan a su familia.
Comunicado del Ministerio Público
El Ministerio Público, a la ciudadanía en general, INFORMA:
Que el 3 de marzo del año 2016 fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres Flores, muerte que causó grave indignación y tristeza en el pueblo hondureño, así como a la comunidad internacional.
Que desde ese momento el Ministerio Público, como ente responsable de dirigir y orientar técnica y jurídicamente la investigación criminal, conformó un equipo multidisciplinario de Fiscales, Investigadores (ATIC), miembros de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y expertos forenses con el objeto de investigar tan lamentable hecho.
Que paralelamente un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaba pesquisas en torno a la muerte de la señora Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato del señor Gustavo Castro.
Que después de una amplia y profunda investigación realizada por el equipo multidisciplinario se obtuvieron suficientes elementos de prueba testificales y científicas contra los presuntos responsables del asesinato, por lo que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal, lo que dio lugar a que un Juzgado con Jurisdicción Nacional emitiera órdenes de captura, las cuales fueron ejecutadas el 2 de mayo del año 2016 en el marco de la Operación Jaguar, en donde fueron detenidos los primeros cuatro señalados.
Que posterior a estas acciones se continuó con las detenciones llegándose a un total de nueve personas de las cuales siete ya han sido condenadas como autores materiales e intelectuales de este asesinato.
Que como parte de las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se entregó al Ministerio Público un informe hecho por los investigadores Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, quienes realizaron las primeras pesquisas del caso, la cuales después de ser analizadas por el equipo multidisciplinario resultaron ser falsas.
Que el 17 de noviembre del 2017 se presentó requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra los investigadores Cruz y Rosales a quienes el Ministerio Público acusó por el delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente en perjuicio de la Administración Pública.
Que en fecha 28 de agosto de 2019 la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua emitió resolución DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales en consecuencia anulando los actos del proceso penal a partir de lo dispuesto en auto de admisión del requerimiento fiscal donde se libran las órdenes de captura contra los imputados.
El Ministerio Público se manifiesta en contra de dicha resolución por considerarlo contraria a derecho en consecuencia anuncia que interpondrá Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que ésta enmiende la infundada resolución que dejaría en libertad a los acusados.
Finalmente, el Ministerio Público ratifica su compromiso de continuar con las investigaciones a efecto de llevar ante la justicia a todos aquellos que resulten responsables del deleznable asesinato.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 12 de septiembre del 2019.
