Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Pese a que la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha instado al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, ha a cancelar 3,919 oficiales y agentes de escala básica, algunos de ellos han evitado su salida de la institución a través de lograr certificaciones medicas de incapacidad laboral; así lo reveló Omar Rivera, miembro de esa instancia depurado quien puso en duda que todas esas incapacidades sean “correctas”.
“No hay duda que existe sospechas de fraude en la emisión de certificaciones medicas de incapacidad laboral, por eso hace algunos meses recomendamos la integración de una Comisión Técnica a fin de “verificar la legalidad, pertinencia y vigencia de todas esas certificaciones y licencias emitidas a nombre de los miembros de la carrera policial, y/o los casos de ‘reposo’ en los que estén involucrados oficiales o agentes de la Policía Nacional” exteriorizó.
El dirigente de la sociedad civil informó que “luego del proceso de evaluación de la idoneidad de los integrantes de la Policía Nacional, muchos oficiales y agentes han sido considerados no aptos para continuar en el servicio policial, la Comisión Especial ha resuelto instar al ministro Pacheco, para que los cancele, se han emitido los respectivos acuerdos de cancelación, pero para sorpresa de todos, cuando se les va a entregar el mismo, ellos presentan constancias de estar incapacitados o en reposo; tenemos serias sospechas que varios malos profesionales han colaborado con estos policías para ayudarles a postergar su salida, eso está muy mal, y hasta podría colindar con lo ilegal, con el delito, con un mal proceder profesional médico”.
“La Ley no permite ejecutar una acción de personal destinada a cancelar a un policía que cuenta con una certificación de incapacidad; algunos consiguen esas certificaciones como una forma de esquivar, así se escudan, con esas constancias médicas evitan ser depurados de inmediato y prolongar su permanencia en la entidad” manifestó.
Rivera, advirtió que históricamente muchos miembros de la carrera policial utilizaron incapacidades médicas para estar “prolongadas temporadas” sin laborar; “para sorpresa nuestra, cuando llegamos a implementar este proceso de profilaxis y reingeniería policial, descubrimos que muchos oficiales y agentes habían pasado años y años en ‘reposo’, sin trabajar, supuestamente incapacitados, diz que enfermos, graves y a nadie se le ocurrió verificar que tan reales eran estos estados de salud o tramitar la pertinente pensión por discapacidad total permanente; era festín, fiesta total; afortunadamente eso se está corrigiendo”.
Sólo se les paga prestaciones a quienes tienen su respectivo finiquito
Respecto a las denuncias de varios policías cancelados que afirman que aún no se les ha pagado íntegramente sus prestaciones laborales, Omar Rivera, señaló que “la mayoría de oficiales y agentes que han sido separados ha recibido sus respectivas indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, y si alguno aun no lo recibe es porque aún no ha sido notificado oficialmente, no finaliza el procedimiento de finiquito administrativo o tiene retenido las mismas por resolución judicial”.
“Está claro que no se le podrá pagar una indemnización a los policías que aún no han presentado su finiquito; del mismo modo, se harán las deducciones que juez competente ordene por incumplimiento de pago de pensión alimenticia a hijos menores de edad” exteriorizó el depurador.
Recientemente, la Comisión Especial comunicó que los policías sometidos a evaluación, y que habían sido cancelados, pudieron haber salido de la institución por dos vías: la de cancelación por despido o la de cancelación por reestructuración.
El despido se da cuando se ejecuta el acto administrativo que permite la cancelación por causa justificada, sin responsabilidad económica para la institución, y previa audiencia de descargo. En cambio, la cancelación por reestructuración es la causa de orden técnico administrativo legal, ajena a la voluntad personal, o del miembro de la Policía Nacional sujeto a la cancelación, respetando los derechos que conforme a la legislación le corresponden.
Hasta hace un mes, más de 554 millones de lempiras se habían pagado por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos, a altos oficiales que han sido cancelados en los últimos 14 meses de implementación del proceso de emergencia de depuración policial.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha cancelado 3,919 agentes, oficiales y personal auxiliar, de los cuales 2,943 fueron por reestructuración, 281 por justa causa, 27 por cumplimiento de período de disponibilidad, 657 por retiro voluntario y 11 por discapacidad total y permanente.
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Esto ya no es noticia ya paso de moda