“Estamos abiertos a someternos a un proceso de negociación. La solicitud está encaminada a la apertura de un proceso de conciliación donde ambas partes presentemos nuestras peticiones y lleguemos a puntos de acuerdo equilibrados: ganancias para ellos y ganancia para nosotros”, mencionó un policía depurado que se encontraba en el plantón frente a Casa Presidencial.
Tegucigalpa, Honduras. Bajo el caluroso e inquietante sol de la mañana de este miércoles tres de abril, unos 40 policías que fueron depurados en 2016, por una comisión nombrada durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, se fueron a plantar frente a las instalaciones de Casa Presidencial, en el bulevar Juan Pablo II de la capital hondureña, para plantear la indignación que los mantiene en incertidumbre a la mandataria Xiomara Castro.
Pese a estar bajo abrumador sol mañanero y presión debido a la presencia de unos 50 policías activos que resguardaban el perímetro, demostrando que, junto a las tanquetas que movilizaron, estaban preparados para cualquier altercado, los uniformados depurados expresaron de manera clara y contundente lo que estaban solicitando. ‘Queremos entregarle una solicitud directamente a la presidenta Xiomara Castro o a ´Mel´ Zelaya’, decían entre tenues gritos.
Lenin Perdomo, subinspector de la Policía Nacional que fue depurado en 2016 y quien encabezó el grupo de uniformados indignados frente al CCG, explicó, mientras conversaba con Criterio.hn, que en resumen, lo que le iban a solicitar a la presidenta Castro es comenzar un proceso de negociación entre ambas partes: el Poder Ejecutivo y los elementos que fueron depurados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, sin ninguna otra institución de por medio porque ya lo han intentado en reiteradas ocasiones por esas vías.
“Estamos abiertos a someternos a un proceso de negociación. La solicitud está encaminada a la apertura de un proceso de conciliación donde ambas partes presentemos nuestras peticiones y lleguemos a puntos de acuerdo equilibrados: ganancias para ellos y ganancia para nosotros”, mencionó”.
Tras consultarle: ‘¿Cuáles son las ganancias que podría tener el gobierno en la futura negociación, si Castro accede al diálogo?’ Perdomo respondió: ‘No más movilizaciones ni reclamos. Cada uno de nosotros, de manera personal, va a saber hasta dónde aceptar lo que el gobierno ofrecerá y, de igual manera, el gobierno valorará lo que nosotros queremos, que básicamente es nuestro reintegro. En ese sentido, la actividad de hoy es crucial”.
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CELERIDAD DE LA CORTE O RECURRIRÁN A CORTES INTERNACIONALES
Además, Perdomo mencionó que en la futura mesa de diálogo pedirán que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conozca las demandas presentadas en contra de la institución policial por los uniformados que comenzaron a ser depurados de manera arbitraria durante el primer mandato de Hernández, a través de la extinta Comisión Depuradora encabezada por el abogado Omar Rivera, quien hoy se desempeña como secretario ejecutivo en el Foro Nacional de Convergencia (Fonac).
‘¿Qué es lo que queremos? Que la Corte Suprema de Justicia dé celeridad a las demandas porque, si no recibimos respuesta por la vía nacional, nosotros nos iremos a las cortes internacionales, y es ahí donde el Estado puede ser sentenciado y pagar millonadas, como pasó hace poco con los magistrados que fueron separados hace muchos años’, advirtió.
El uno de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Honduras porque el 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional, en ese entonces liderado por Juan Orlando Hernández, destituyó a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.
La despótica destitución de los cuatro abogados fue porque declararon inconstitucional la Ley de Depuración Policial y la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, que ahora son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), algo que no gustó al oficialismo de ese entonces, manipulado desde el Ejecutivo por Porfirio ‘Pepe’ Lobo, Judicial Jorge Rivera y Legislativo con Hernández.
Por esa condena Honduras estará obligada a desembolsar una suma que supera los USD 2 millones (equivalente a aproximadamente L 51,046,800.00), distribuidos entre los cuatro exmagistrados. Este monto se destina para compensar la imposibilidad de retomar sus funciones, así como para cubrir los daños materiales e inmateriales, así como gastos adicionales, entre otros aspectos.
Entonces, para evitar llegar hasta esas instancias, que continuarían evidenciando la necesidad de una adecuada distribución de justicia en Honduras, Perdomo priorizó el diálogo con la presidenta hondureña, Castro, quien, tras casi dos horas de duración del plantón, no apareció ni envió a un funcionario para recibir la petición. Se rumoraba entre los policías depurados que, en lugar de la presidenta, llegaría el ministro de Seguridad (Gustavo Sánchez), lo cual fue desmentido con el transcurrir del tiempo, ya que tampoco hizo acto de presencia.
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POLICÍAS DEPURADOS EN HONDURAS PODRÍAN DEMANDAR INTERNACIONALMENTE AL ESTADO
El abogado constitucionalista Joaquín Mejía advierte sobre el potencial de cientos de demandas internacionales por parte de policías separados de sus cargos durante el proceso de depuración en Honduras. Según Mejía, la Comisión Depuradora removió a unos 6 mil policías, de los cuales al menos mil han presentado demandas a nivel interno alegando que su separación no respetó el debido proceso.
«Varios de estos casos lograron sentencias favorables en primera y segunda instancia», explica Mejía. Sin embargo, agrega que muchas de estas sentencias han sido revertidas en casación por la Corte Suprema de Justicia, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre los afectados. «Dos de esos policías ya han sido reintegrados, pero el resto no», señala.
Mejía, doctor en derechos humanos, también usó de ejemplo la sentencia de los magistrados Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación de revisar minuciosamente cada caso para determinar si hubo violación del debido proceso en el marco de la depuración.
«Si no se resuelve este asunto en el ámbito interno, preparémonos para enfrentar cientos de demandas internacionales», advierte Mejía. Subraya la importancia de revisar con responsabilidad cada caso y, en caso de determinar violaciones al debido proceso, reparar a las víctimas y deducir responsabilidades a los responsables de la depuración sin garantías adecuadas.
El caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras no constituye el único precedente en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido en asuntos relacionados con la destitución de jueces y magistrados del Poder Judicial. En el pasado, también emitió un fallo relevante en el caso López Lone y otros, el cual aborda la remoción de cuatro magistrados mediante «procesos disciplinarios» desencadenados por su defensa de la democracia y el Estado de Derecho durante el golpe de Estado al expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya en 2009.
En temas que no está vinculado con tintes políticos, está la demanda, conocida como «Vicky Hernández vs. Honduras», fue presentada por la Comunidad Gay Sampredrana y la Asociación LGTB Arcoíris, representadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La sentencia resalta la discriminación y la violencia sufrida por Hernández, así como la falta de diligencia debida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables.
SOBRE LA DEPURACIÓN POLICIAL
En 2016, Honduras se embarcó en un proceso de depuración policial sin precedentes, con el objetivo de limpiar las filas de la Policía Nacional y erradicar la corrupción y la complicidad con el crimen organizado. Esta iniciativa fue impulsada en respuesta a las crecientes denuncias de abusos policiales, corrupción y vínculos con el narcotráfico que socavaban la confianza pública en las instituciones de seguridad del país.
Durante este proceso, miles de policías fueron separados de sus cargos, en lo que se consideró una de las mayores purgas en la historia de la fuerza policial hondureña. Los criterios para la depuración incluían la presunta participación en actividades delictivas, corrupción, violaciones a los derechos humanos y nexos con el crimen organizado.
La depuración policial afectó a policías de todos los rangos, desde agentes de patrulla hasta altos mandos, lo que generó un impacto significativo en la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional. Numerosos casos de policías vinculados con el narcotráfico, la extorsión y otros delitos salieron a la luz durante este proceso, lo que evidenció la profundidad de la corrupción en la institución.
Sin embargo, el proceso de depuración también enfrentó críticas y controversias, especialmente en lo que respecta a la falta de transparencia y la posibilidad de que algunas decisiones estuvieran motivadas por razones políticas. Algunos sectores denunciaron que la depuración se utilizó como una herramienta para eliminar a policías que no estaban alineados con el gobierno de turno, el de Juan Orlando Hernández.
A pesar de las críticas, el proceso de depuración policial marcó un intento significativo por parte del gobierno hondureño de abordar la corrupción y fortalecer las instituciones de seguridad del país. Sin embargo, su efectividad y legitimidad continúan siendo objeto de debate y análisis en el contexto de la compleja realidad política y social de Honduras.
