Aunque la dirigencia del transporte urbano argumenta que estas estrategias son inefectivas, la Policía sostiene que el objetivo de esta medida implementada en la aldea Mateo, en la capital, es dar con los criminales que están detrás del cobro de extorsión al rubro del transporte
Tegucigalpa, Honduras. —Después de más de dos semanas de paralización de unas 10 unidades de transporte urbano que cubren la ruta desde la aldea Mateo hasta el centro de la capital, debido al cobro de extorsión, estos lunes agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) tomaron el control de la caótica estación de buses «rapiditos» para capturar a los encargados de mantener a zozobra a ese sector del rubro.
Alrededor de las cuatro de la mañana de este lunes 12 de agosto de 2024, más de tres mil habitantes de la peligrosa aldea Mateo, ubicada al oeste de la capital, en la salida hacia Lepaterique, Francisco Morazán, volvieron a utilizar el servicio de transporte. Las unidades habían sido paralizadas temporalmente por sus propietarios debido al desmesurado cobro de extorsión.
Según información proporcionada por el departamento de prensa de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado a Criterio.hn, no sólo los propietarios de las unidades estaban siendo afectados, sino que también los estudiantes y obreros que permanecieron varios días sin poder asistir presencialmente a sus compromisos debido al constante acoso de presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18.
Debido al temor infundido por esta poderosa organización criminal, que afecta tanto a los usuarios como a los propietarios, conductores y ayudantes de las unidades de transporte conocidas como “rapiditos”, la Dipampco recomendó reanudar las operaciones bajo la promesa de iniciar, a partir de esta mañana, una operación de saturación e investigación en la zona para garantizar un ambiente de trabajo más seguro y confiable.
“Para no continuar afectando a la población, se les pidió reanudar sus labores. La Dipampco, desde esta mañana, no solo está presente en la estación de buses, sino que también en cada unidad andarán dos o tres elementos para brindar protección al usuario y al conductor”, mencionó Mario Fu en pláticas con este medio de comunicación.
El portavoz de la Dipampco explicó que esta operación estará por tiempo indefinido. Fotografía: Horacio Lorca/Criterio.hn
El uniformado explicó que son varios los elementos destinados a esta operación, cuyo objetivo principal es dar con los autores materiales e intelectuales que están detrás de las amenazas y del cobro de extorsión por parte de la organización criminal Barrio 18, que ha mantenido en zozobra a las personas que viven en ese sector de la capital hondureña.
Puede interesar: Mientras no modernicen buses urbanos, gobierno no continuará subsidiando al usuario
¿HAN TENIDO EFECTO POSITIVO ESTAS ESTRATEGIAS?
Para el empresario del transporte urbano, Jorge Lanza, quien no es dueño de las concesiones de las unidades de ese sector del país (aldea Mateo), pero representa al rubro, este tipo de operaciones históricamente no han tenido un efecto positivo porque no hay investigación, solo patrullajes de rutina.
“En este tipo de operativos nunca hay efectividad porque los policías solo van a hacer presencia, lo que claramente provoca que el criminal se esconda por un tiempo; deje de ir a entregar las notas extorsivas, pero dos horas después de que los elementos se marchan de la zona, ya están nuevamente en la estación pidiendo el impuesto”, opinó Lanza en pláticas con Criterio.hn.
Lanza, propietario de los “rapiditos” que tienen estación a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que este tipo de operaciones ponen en evidencia la precariedad en materia de investigación de la que está revestida la Policía Nacional, porque en lugar de ejecutar estrategias que no son fructíferas, deberían implementar medidas que permitan la captura de los perpetradores de este delito.
“Esto es sólo una evidencia más que no hay investigación, parece que la Policía trabajó por reacción no por investigación. Claramente a todos los dueños les conviene que las autoridades hagan presencia en las estaciones de buses, pero sería fundamental que, paralelo a esa medida, realicen las capturas de los líderes de estas agrupaciones criminales”, mencionó.
Además, explicó que no solo en la aldea Mateo hay unidades paralizadas por el cobro de extorsión, sino también en varios puntos conflictivos de la capital, donde la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizan intervenciones esporádicas que, hasta el momento, no han dado resultados.
“No solo en esa zona hay unidades sin trabajar, sino también en otras partes de la capital que son aún más conflictivas. De momento, las consecuencias de no pagar la extorsión en algunos lugares no se están viendo porque estamos al día con todas las agrupaciones criminales, no por la posible efectividad de las tareas efectuadas por los policías y militares”, precisó.
Para el abogado Kenneth Madrid, la posible inefectividad que se obtiene de estas estrategias es una muestra más de que las autoridades policiales no tienen un proyecto integral que literalmente indique qué labores realizar. En pocas palabras: trabajan por reacción y no por investigación.
“El tema de la extorsión, precisamente en el transporte urbano, es un mal que ha estado presente en los últimos 20 años. Actualmente, vemos que estamos bajo un estado de excepción que precisamente se instauró para combatir ese delito, pero, a más de un año de su aprobación, no vemos los resultados, y muestra de ello es lo que vive el rubro del transporte”, valoró Madrid.
Lo expuesto por Madrid tiene sentido. Aunque Honduras, desde el seis de diciembre de 2022, está bajo un estado de excepción implementado para combatir la criminalidad y la violencia, en la actualidad el crimen organizado continúa ganando terreno y poder gracias al dinero que percibe de la extorsión. Por ejemplo, solo en 2023, el transporte urbano les entregó 600 millones de lempiras.
Además, aunque actualmente hay varios departamentos intervenidos por policías y militares como una medida emprendida con el estado de excepción, estos continúan siendo escenarios de violencia y criminalidad, como es el caso de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
