Por: Redacción CRITERIO.HN
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El Progreso, Yoro.- El lunes de esta semana en horas de la noche agentes de la Policía Nacional intentaron capturar, sin éxito, al capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana cuando este salía de una iglesia, junto a su esposa Jennifer Bonilla, en la colonia Villanueva que está ubicada en Tegucigalpa, zona central de Honduras.
Rodríguez Orellana denunció ante periodistas que al salir de la iglesia una patrulla de la policía le dio persecución y lo detuvo sin justificación alguna, ya que mostró toda la documentación reglamentaria y tampoco se le encontró armas porque el mismo Estado le ha negado el derecho de portarlas.
La esposa del capitán Orellana, Jennifer Bonilla es profesional del derecho y es la apoderada legal de su esposo en dos procesos judiciales que le han imputado altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA).
“Nos detuvieron en una zona oscura y nos dijeron que tenían que llevárselo. Les dije que no podían ingresar al vehículo sin una orden de un juez para poderlo allanar. Así que no sé lo que sería del capitán si algún día anda solo. Lo podrían desaparecer”, dijo Bonilla.
El capitán Rodríguez Orellana se ha presentado a sus audiencias y no entiende el porqué de este intento de captura. “No entiendo el por qué porque en toda esta situación he estado anuente (…) me he presentado a cualquier tribunal, pero bueno, así es la justicia en nuestro país, a los que deben, a los que le han robado y que se han dedicado al narcotráfico en este país, no les hacen nada, son a los que protegen y son los que dirigen esta institución (Fuerzas Armadas)”, expresó mientras seguía a bordo de su vehículo automotor.
Para el abogado Ramón Enrique Barrios fue bastante sospechoso el procedimiento, primero que nada, porque cuando no hay un operativo, pareciera que el tipio, en un primer momento, con el que se pretendía darle captura al capitán Santos Rodríguez Orellana no es el más adecuado.
“Llama la atención que él establece que se le dio persecución con lo cual lo que podemos colegir nosotros es que se le venía dando persecución, es decir, es lamentable que la Policía Nacional Preventiva tenga este procedimiento de estar siguiendo a personas que denunciaron la corrupción, y encima de manera nocturna. Aquí hay un montó de delincuentes, inclusive en el Gobierno, y no se les da captura. Así que me parece que no se ha seguido el procedimiento sobre todo cuando las órdenes de captura ya estaban desestimadas en función de que el capitán Santos Orellana se presentó ante la vista pública por las dos audiencias que le han interpuesto estos generales y coroneles de las FF. AA de Honduras”, expresó Barrios.
Agregó que todo esto está alejado de los procedimientos comunes, sobre todo porque la justificación inicial es que iban a investigar y que iban a seguir investigando, es decir, que los policías que montaron el operativo ni siquiera estaban claros de lo que estaban buscando.
“Uno debe lamentar que este procedimiento, de los cuerpos de seguridad del Estado, que es un procedimiento más cercano a lo irregular y a lo no permitido. No es el debido proceso y no es el procedimiento que deben seguir los cuerpos de seguridad. Eso va más allá del Estado del Estado de Derecho”, expresa.
Existe una situación de vulnerabilidad del capitán Rodríguez Orellana, quien fue el que denunció a Antonio Hernández, alias Tony, hermano del presidente Hernández, de ser narcotraficante. Hoy en día el hermano del presidente está condenado por tráfico de drogas en EE. UU. A esa misma vulnerabilidad se enfrentó David Romero Ellner, quien en principio fue protegido por el pueblo, pero después fue capturado y encerrado. Hoy está muerto tras haber contraído Covid-19 en una cárcel.
“Más allá de la cuestión sustantiva del porqué entró David Romero Ellner, los privados de libertad tienen derecho en Honduras, nosotros somos signatarios firmantes de cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que nos dan recomendaciones a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en este periodo de pandemia se dieron algunas recomendaciones para evitar el contagio de privados de libertad que estuvieran más vulnerables. David Romero estaba en esa condición y no se le puso en libertad inmediata, habida cuenta su edad y condición de salud, y a pesar de las solicitudes de sus abogados para excarcelarlo”, comenta Barrios.
El experto en derecho penal concluye que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) tiene la responsabilidad por la muerte de David Romero Ellner a causa del Covid-19. Porque estaba bajo su cuidado. Agrega que los familiares de Romero cuando vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saldrán triunfantes y el Estado será condenado porque debió haberle preservado la vida.
