Diversos informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, señalaron que la crisis post electoral de 2017 dejó como resultado una veintena de asesinatos perpetrados en su mayoría, por agentes de la Policía Militar.
Tegucigalpa, Honduras. -El 24 de agosto de 2013 el Congreso Nacional, presidido en ese entonces por Juan Orlando Hernández, aprobó la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), como una unidad adscrita a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. 10 años después de su creación esta institución castrense ha sido señalada por varias organizaciones internacionales de violentar los derechos humanos.
Como función principal, la Policía Militar fue creada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, para garantizar la soberanía, el mantenimiento y la conservación del orden público, así como acudir en auxilio a la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes en cooperación con la Policía Nacional.
En un inicio el proyecto de ley fue cuestionado y fue modificado para no entrar en confrontación con el texto constitucional. La normativa que dio vida a la Policía Militar estipula que este ente debe ser financiado con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
En 2014 el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández –hoy en espera de juicio por cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York- envió un decreto ejecutivo al Congreso Nacional para darle rango constitucional a la Policía Militar de Orden Público, esta acción necesitaba el apoyo de la mayoría calificada y ratificación en una siguiente legislatura.
En 2015 el Poder Legislativo rechazó la pretensión del exgobernante hondureño, de otorgarle rango constitucional a este ente de seguridad, que en su momento fue catalogado como la “guardia pretoriana” al servicio del exmandatario Hernández.
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UN LEGADO DE SANGRE Y REPRESIÓN
El 26 de noviembre de 2017 los hondureños fueron llamados para ejercer el sufragio y elegir a las nuevas autoridades del país, en esa ocasión sucedió algo inédito un presidente buscaba reelegirse, pese a que la Constitución de la República lo prohíbe. En un ambiente altamente polarizado se llevaron a cabo las elecciones generales, en las que la Alianza de Oposición encabezada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Salvador Nasralla, unieron sus fuerzas para derrotar al entonces oficialista Partido Nacional.
Al cerrar las urnas, y entrada la noche, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) brindaba un primer corte en el que la Alianza de Oposición -con Salvador Nasralla como candidato y Xiomara Castro como designada presidencial- llevaban una leve ventaja, pero tras varios apagones y fallas en el sistema las autoridades del ente electoral, afirmaron que la tendencia cambiaba y favorecía a Juan Orlando Hernández.
En respuesta al fraude electoral que se avizoraba -y se consumó en los días posteriores a las elecciones- la población hondureña salió a las calles para protestar contra el robo de la voluntad popular expresada en las urnas, situación que derivó en un toque de queda y una cruel represión a los miles de manifestantes.
Según cifras y diversos informes presentados por organizaciones de derechos humanos entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el cual cita que “para controlar y dispersar las protestas los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, usaron la fuerza excesiva, incluida fuerza letal, lo que también resultó en muertes, así como en lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes”.
En el informe Responsabilidad por las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: avances y desafíos se documentó que al menos 23 personas murieron, incluido un oficial de policía; alrededor de 60 personas resultaron heridas por elementos de las fuerzas de seguridad nacional; se produjeron arrestos masivos, así como malos tratos durante el arresto y la detención de civiles que protestaban.
Para el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, el legado de la Policía Militar es sangre y represión, ya que solo basta con leer el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre la crisis electoral para determinar el papel que jugo la PMOP.
En una entrevista a Criterio.hn el constitucionalista explicó que el problema es que se le da poder a la Policía Militar y se le sigue utilizando para que tenga contacto con la ciudadanía, pero no se debe olvidar que esa institución castrense no ha sido depurada y es la misma que asesinó gente en la crisis post electoral de 2017.
De igual manera, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, señaló que el legado de la Policía Militar no se diferencia mucho de lo que han venido haciendo de manera histórica las Fuerzas Armadas en el país y de alguna manera incluso hasta instrumentalizados para ejercer actos de represión contra la ciudadanía.
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POMP AL SERVICIO DEL CRIMEN ORGANIZADO
El abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, recordó que la principal razón para la creación de la Policía Militar fue para acompañar a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que estaba tomando fuerza en el país.
Desde el punto de vista del especialista en derechos humanos, no se debe seguir involucrando a la PMOP en tareas de seguridad ciudadana, ya que la Policía Militar es la misma que “de acuerdo con los juicios que se están desarrollando en Nueva York ha participado en la protección del tráfico de cocaína y dando seguridad al crimen organizado y a narcotraficantes”.
