Para ilustrar la ineficiencia de los procesos de investigación que derivan en arrestos, Criterio.hn reveló hace un año que 8 de cada 10 hondureños detenidos durante el estado de excepción fueron liberados por falta de pruebas. Además, ninguno de los aproximadamente cuatro mil arrestos estuvo relacionado con el delito de extorsión, razón principal para implementar esta medida
A pesar de este contexto, las autoridades reiteran que seguirán realizando detenciones sin orden judicial y allanamientos de viviendas, amparándose en la suspensión de seis garantías constitucionales vigente durante el estado de excepción. Esto permite arrestos sin justificación o autorización judicial, una práctica que, lejos de mostrar resultados efectivos, ha generado numerosas denuncias contra las autoridades por violaciones a los derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Pese a la ausencia de un marco legal claro y las constantes deficiencias operativas, las autoridades de la Policía Nacional reafirmaron que continuarán utilizando la suspensión de garantías constitucionales para detener a personas vinculadas con maras y pandillas relacionadas con la extorsión, aunque muchas de ellas recuperen su libertad pocos días después por falta de investigación efectiva.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Godoy, enfatizó que, aunque no se cumpla con el marco legal del estado de excepción, el deber de la institución es actuar a través de acciones policiales, como capturas y allanamientos, facultados por esta herramienta una vez que es publicada en el diario oficial La Gaceta.
“No tengo más facultades de las que la ley me otorga. La no ratificación es exclusiva del Congreso Nacional; no puedo decirle al Congreso que cumpla con su función. En mi caso, como funcionario policial, una vez que una ley es publicada en La Gaceta, se convierte en ley. Si no la cumplo, caigo en ilegalidad, y el deber de cada funcionario policial es responder con base a las exigencias”, mencionó Godoy en un foro televisivo.
Durante 2024, las prórrogas del estado de excepción emitidas por el Poder Ejecutivo y publicadas en La Gaceta solo fueron ratificadas por el Congreso Nacional en una ocasión, y fuera del tiempo establecido. La Constitución de la República establece que dicha ratificación debe realizarse en un plazo máximo de 30 días, pero esta se llevó a cabo después de ese período.
Mientras tanto, el analista en temas de Seguridad, Kenneth Madrid, explicó que las capturas o allanamientos de vivienda realizadas después de los 30 días después de haberse prolongado el estado de excepción y el Congreso Nacional no lo ratificó, sí caen en ilegalidad y la defensa de cualquier persona detenida en ese contexto puede solicitar libertad.
“Hay que dejar claro que ellos tienen el PCM, el cual comienza la suspensión de derechos. Cualquiera que sea procesado durante esos 30 días no tendrá ningún problema. El detalle es cuando esos 30 días transcurren y no se ratifica, lo cual es un argumento que procesalmente puede utilizar un abogado para pedir que pongan en libertad a una persona, ya que esto se dio en el marco de una suspensión de derechos que no fue ratificada”, explicó.
Lo expuesto por Madrid tiene sentido. El artículo 187 de la Constitución de la República establece que el Congreso Nacional debe aprobar o rechazar una prórroga del estado de excepción de manera inmediata, si los diputados están en sesión. Si no se aprueba dentro de un margen de 30 días, la prórroga cae en un marco ilegal.
CONGRESO NACIONAL: INCAPAZ DE HACER REFORMAS
De igual modo, el secretario de Seguridad, general Gustavo Sánchez, quien hasta junio de 2023 se desempeñaba como director de esa institución, admitió que el marco legal que sustenta el estado de excepción está paralizado debido a divisiones políticas en el Congreso Nacional, pero que ese no será un causal para descontinuar esta estrategia implementada desde el seis de diciembre de 2022 y prolongada hasta el 5 de enero de 2025.
La falta de apoyo del Congreso Nacional en temas de seguridad durante esta administración no es reciente ni exclusiva de las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, o la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que hace varios meses solicitó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
A mediados de 2022, la cúpula policial envió al Congreso, dirigido por el diputado oficialista Luis Redondo, la Ley de Protección de Usuarios de las Comunicaciones. Esta ley buscó regular billeteras electrónicas y la venta y distribución de chips telefónicos con identificadores biométricos, pero no pasó de dos debates debido a argumentos fuera de contexto presentados por algunos diputados integrantes de los partidos de oposición.
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“Argumentaron que se trataba de una ley de escuchas, lo que sirvió como excusa para no aprobarla. La intención era ser más efectivos contra la extorsión. A usted lo extorsionan y le dicen: ‘Mándeme 10 mil lempiras por esta empresa (billetera electrónica)’, y eso sigue ocurriendo porque no existen limitaciones”, explicó Sánchez.
Este estancamiento legislativo también ha derivado en la falta de apoyo a las reformas legales previamente mencionadas (Código Penal y Código Procesal Penal), lo que, en términos simples, contribuye a la baja efectividad policial. La mayoría de las capturas realizadas en el marco del estado de excepción terminan en libertad debido a la ausencia de pruebas en las acusaciones.
“Si tenemos problemas para ratificar el estado de excepción, imagine cómo será para aprobar estas reformas. Y estas personas (los diputados) que se oponen son las mismas que luego salen en los medios de comunicación diciendo que hay problemas de inseguridad ciudadana en el país”, cuestionó el jerarca policial.
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A consideración del director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, la falta de voluntad por parte del Congreso Nacional para materializar las reformas y la baja efectividad de las autoridades policiales son factores fundamentales para que el estado de excepción no sea prolongado de cara a 2025, un año electoral en el que podría convertirse en una herramienta utilizada por el oficialismo.
“El estado de excepción, por esos y otros factores, no debe seguir siendo prolongado. La suspensión de garantías ciudadanas no puede convertirse en una política pública; no puede convertirse en una normalidad. Esa normalidad a la que se está sometiendo a la población ha generado denuncias y quejas por abuso de autoridad, violaciones, desplazamiento forzado y otras arbitrariedades a las que se ve expuesta la población vulnerable”, opinó Castañeda.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), durante el estado de excepción se han interpuesto alrededor de 700 quejas contra elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público por diferentes arbitrariedades.
