Joaquín Mejía, lamentó y catalogó como “una vergüenza que este gobierno que prometió desmilitarizar, haya claudicado ante el poder militar”
Tegucigalpa, Honduras. – Con el control del sistema penitenciario, la presidenta de Honduras también instruyó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), reclutar, capacitar y formar a nuevos custodios penitenciarios.
Esta instrucción, forma parte de las “medidas drásticas” que anunció la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, luego de la masacre al interior de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el pasado 20 de junio donde 46 mujeres fueron asesinadas, unas incineradas y otras acribilladas –hecho catalogado como un feminicidio de lesa humanidad—.
Sin embargo, se ha dicho poco o nada sobre este proceso de capacitación e instrucción que debe desarrollar la PMOP en un año, tiempo que se le ha asignado el control penitenciario, luego de una fallida interventora que coordinaba la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
Para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la capacitación de 2000 nuevos custodios penitenciarios a cargo de la tan cuestionada y señalada Policía Militar, “es una barbaridad, una burla democrática a la ciudadanía, y un irrespeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)”.
Por su parte, José Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), considera que dicha capacitación a nuevos custodios penitenciaros es viable únicamente en la forma, a través de la capacitación y los cursos impartidos por la PMOP, sin embargo, en entrevista con Criterio.hn enfatizó, “podrán impartir la formación, pero en el fondo es muy difícil porque la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, de manera genérica no están preparadas para hacer el trabajo de atención y de custodia penitenciaria”.
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GOBIERNO CLAUDICÓ ANTE FUERZAS ARMADAS
La promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana y los centros penitenciarios quedó sólo en papel, pese a tener una serie de recomendaciones y resoluciones de tener un control penitenciario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, pero liderado por personas civiles y no por la Policía Nacional ni mucho menos por Militares.
En ese sentido, Joaquín Mejía, lamentó y catalogó como “una vergüenza que este gobierno que prometió desmilitarizar, haya claudicado ante el poder militar”.
El defensor de derechos humanos, señaló a Criterio.hn que los militares entienden la seguridad ciudadana en la lógica de: o se es amigo o se es enemigo, razón por la cual ven en la sociedad hondureña un sin número de “sospechosos”.
En este mismo orden de ideas, Javier Acevedo, subrayó que los militares al tener una formación cuyo fin principal es la guerra, siempre hay un enemigo, por el contrario, en la custodia penitenciaria, lo que se tiene es a una persona que está bajo responsabilidad del Estado. Por consiguiente, esa responsabilidad significa: proteger la vida, proteger la integridad y evitar cualquier acto de tortura, de malos tratos crueles, inhumanos o degradantes que pudieran poner en riesgo la dignidad o la integridad personal.
En ese sentido, el director de Ciprodeh, en entrevista con Criterio.hn, expresó, que, por la naturaleza de ser de las Fuerzas Armadas, “el Estado de Honduras entraría en una contradicción con la defensa de los derechos humanos”.
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ESTADO DE HONDURAS DEBE CAPACITAR CUSTODIOS PENITENCIARIOS CIVILES
La Corte IDH, es la sentencia Pacheco Teruel vs. Honduras, ordenó al Estado de desmilitarizar la seguridad el sistema penitenciario y además crear una carrera penitenciaria.
De igual manera, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en su artículo 37.1, dispone que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Por consiguiente, para Joaquín Mejía, el ente encargado de dicha formación penitenciaria de carácter civil, es el Instituto Nacional Penitenciario con la asesoría del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“Si el gobierno de República no lo hace es porque no quiere, porque ha claudicado ante el poder militar”, reiteró Joaquín Mejía.
Por su parte Javier Acevedo, advirtió que, si el gobierno no fortalece la Academia Nacional penitenciaria para dirigir el proceso de formación de custodios penitenciarios, “lo que tendremos serán militares con uniformes, de alguna manera civiles”.
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El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), En el 2016 evaluó al Estado de Honduras por las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados, el hacinamiento, y los hallazgos de la investigación del incendio en la granja penal de Comayagua ocurrido el 15 de febrero de 2012, en el que 350 personas privadas de libertad perdieron la vida.
El CAT instó al Estado de Honduras a “considerar prioritario el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario”.
