Por: César Melgar
Asistente de Investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
Recientemente, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción, correspondiente a 2022, en el que examina 180 países, figurando en los primeros puestos países como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Las noticias no son alentadoras para Centroamérica en cuanto a la percepción sobre el manejo del erario, con pocos avances en la lucha contra la corrupción. Comparando con la edición de 2021, a excepción de Panamá que logró subir 4 puestos (del 105 al 101), Costa Rica, Nicaragua y El Salvador descendieron en sus posiciones: el primero pasó del puesto 39 al 48, bajando de forma alarmante 9 puestos; Nicaragua descendió al puesto 167 desde el 164; y, El Salvador bajó un peldaño, ubicándose en el puesto 116. Por su parte, Guatemala (150) y Honduras (157) no mostraron variación en su posición.
El balance no es positivo. La escala utilizada en este índice es de 0-100, en donde el cero indica que el país se percibe altamente corrupto y cien una percepción libre de corrupción. En este caso, la mayoría de países centroamericanos obtuvieron calificaciones que se ubican hacia abajo, es decir, percibidos con corrupción alta. El país con la puntuación más alta es Costa Rica, con 54 puntos, mientras que la menor nota es la de Nicaragua, con 19 puntos.
El panorama es desalentador cuando se compara con los valores y posiciones de hace 10 años. En 2012 se examinaron 176 países, solo cuatro menos que en 2022, y como región, en promedio Centroamérica ha retrocedido. Costa Rica se encuentra en la misma posición que hace 10 años (puesto 48), con una nota similar para 2012 y 2022 de 54 puntos. Panamá y El Salvador compartieron la posición 83 en 2012, pero han tomado diferentes caminos en sus respectivas ubicaciones para 2022: El Salvador descendió 33 puestos, pasando del 83 al 116, con una pérdida de 5 puntos en su nota, de 38 puntos en 2012 a 33 en 2022, mientras que Panamá subió al puesto 101, pero perdió 2 puntos respecto a la nota obtenida hace 10 años. Guatemala descendió 13 puestos, pasando de la posición 137 a la 150, y de tener una nota de 33 puntos en 2012 bajó a 24 luego de 10 años; Honduras descendió 5 puntos, de 28 a 23 y pasó del puesto 133 al 157; Nicaragua tuvo un retroceso de 37 posiciones, pasando del puesto 130 en 2012 al 167 en 2022, perdiendo 10 puntos, por lo que sufrió la mayor pérdida en la región durante esos diez años.
El examen anterior demuestra que la región tiene grandes desafíos en su lucha contra la corrupción, y lamentablemente, en general, en los últimos 10 años no se dieron avances, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos países para mejorar las capacidades de investigación y persecución de la corrupción y los delitos conexos. Tal fue el caso de la creación de entes como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato duró aproximadamente 13 años, desde su creación en 2006 gracias el convenio entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, hasta su término en 2019. Otro caso relevante fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada en 2016 por el convenio entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, que se dio por terminado en 2020. Estas entidades investigaron casos diversos de alto perfil en Guatemala y Honduras. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada en 2019 y cuyo mandato terminó en 2021, que no logró el impacto que las versiones guatemalteca y hondureña alcanzaron.
A pesar de la desaparición de CICIG y la MACCIH, y que no se logró consolidar el modelo de investigación y persecución penal eficiente para luchar contra la corrupción que proponían, evidenciaron que es imperativo que las fiscalías de la región sean autónomas, independientes y que puedan tener todas las competencias técnicas y científicas para realizar su labor. También que queda por delante la gran tarea de evitar que estructuras criminales queden incrustadas en los mecanismos del poder estatal. La ciudadanía juega un rol importante en este aspecto, ejerciendo el derecho de auditoría social, y que con su aprobación, silencio o rechazo, pueden incentivar a quienes pretendan llegar a puestos de administración y poder, esforzarse para ser reconocidos como personas honorables luego de cumplida su labor. Este podría ser uno de los primeros pasos para que los estados centroamericanos se encaminen a ser sociedades democráticas, en los que el bienestar de la población sea la prioridad.
