Tegucigalpa. – La mora judicial es uno de los principales problemas históricos que enfrenta el sistema carcelario de Honduras, razón por la cual analistas son de la opinión que se debe poner la mirada en la aplicación del indulto como una medida para descongestionar los centros penales en el país.
La mora judicial ronda el 20% según declaraciones brindadas por el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte el pasado mes de enero.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Rolando Diaz, expresó en una emisora nacional, que el Poder Judicial, ha tomado medidas que ayudaran al descongestionamiento en los centros penales del país. “Se presentará un informe de diagnóstico para determinar qué personas de las que se encuentran privadas de libertad son susceptibles a gozar un tipo de beneficio como el indulto”.
El indulto es la atribución que la Constitución – artículo 245— otorga al presidente o presidenta de la República para extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas por una sentencia condenatoria firme, dictada por un juez o tribunal.
“Muchas personas que están cumpliendo penas menores en comparación con delitos graves, el indulto se vuelve como una alternativa para ir minimizando el tema del hacinamiento carcelario”, destacó el magistrado Diaz.
Alba Mejía, subdirectora del Centro de Prevención de la Tortura y Rehabilitación (CPTR), ve loable la decisión de la CSJ, de examinar las posibilidades de acompañar la gestión de un indulto.
INDULTO COLECTIVO
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, en su informe “situación de derechos humanos en Honduras 2022”, destaca que en el Sistema Nacional Penitenciario el 51.6% de los privados de libertad no cuentan con sentencia firme, situación que arrecia el problema del hacinamiento que hasta diciembre de 2022 alcanzó un 34.2%.
De igual manera la Comisión interamericana de Derechos humanos, ha realizado en reiteradas ocasiones, recomendaciones para que el estado de Honduras adopte medidas concretas de impacto inmediato, a mediano y largo plazo para prevenir y erradicar el hacinamiento.
En ese sentido, Alba Mejía mencionó en entrevista con Criterio.hn que esta medida está en discusión en el Congreso Nacional, sin embargo, la defensora de derechos humanos lamentó “con la lentitud con que trabaja el Congreso Nacional en las leyes que no les interesan, se va a tomar algún tiempo”.
Además, otro de los aspectos que recalcó Mejía es la serie de requisitos que conlleva el indulto de manera individual, razón por la cual instan para que esta medida se aborde manera colectiva con los privados de libertad que pasan por una enfermedad crónica o terminal.
De acuerdo con Mejía, con esta medida se estarían beneficiando por lo menos 3 mil privados de libertad, y que son las mujeres que tengan las condiciones para recibir un indulto, la población con la que se debe empezar.
LLAMADO A LOS DIPUTADOS
El fortalecimiento del Sistema Penitenciario en Honduras, volvió a la palestra pública luego que se registraran amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de máxima seguridad el pasado sábado 8 de marzo, que dejó una persona muerta y varios heridos.
En ese sentido, la comisionada, Sandra Rodríguez del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), mencionó que están a la espera que en mayo próximo se apruebe la Ley de Gracias Constitucionales y la Ley de Redención de Penas.
De acuerdo con la abogada, más allá del indulto es importante considerar el estudio de aquellas personas privadas de libertad en condición jurídica de procesados que se encuentran con la medida cautelar de prisión preventiva vencida.
Datos del CONAPREV, indican que alrededor de mil a mil 200 personas en Sistema Penitenciario se reportan con prisión preventiva vencida.
Sandra Rodríguez enfatizó que, para echar a andar el plan de descongestionamiento carcelario, es importante fortalecer la labor de los jueces y juezas de ejecución para que se puedan celebrar las audiencias pendientes.
“La petición es para qué el plan de reducción de hacinamiento carcelario, también vaya para todas aquellas causas que el Sistema Penitenciario reporta como prisión preventiva vencida y puedan ser supervisadas”, expresó Rodríguez.
El Sistema Carcelario de Honduras albergaba en promedio 19 mil 842 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, pese a que solo cuenta con capacidad para alojar 14.780 personas, que representa un índice de hacinamiento de 34.2%.
