Tegucigalpa, Honduras.- Entre el 6 de diciembre de 2022 y finales de julio de 2024, durante el periodo en el que Honduras ha permanecido bajo un estado de excepción parcial, considerado inconstitucional por no cumplir con el marco legal, el Ministerio Público (MP) solo recibió 305 denuncias por extorsión.
En los 25 días de vigencia del estado de excepción en 2022 (del 6 al 31 de diciembre), se registraron apenas 13 denuncias. Seis de ellas provinieron de los municipios de Pimienta, San Manuel, Villanueva y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, mientras que las otras siete correspondieron a Islas de la Bahía, Olancho, Santa Bárbara (2), Intibucá y El Paraíso.
En 2023, bajo esta misma medida —aunque la mayoría de los decretos de prórroga del Poder Ejecutivo no fueron ratificados por el Congreso Nacional—, la Fiscalía recibió 176 denuncias por extorsión. Los departamentos con más casos fueron Yoro, El Paraíso, Olancho e Intibucá.
De acuerdo con el análisis de datos realizado por Criterio.hn, basado en la información obtenida a través de la petición SOL-MP2697-2024 del MP, en 2023 el foco de las denuncias no fueron los departamentos más violentos, como Cortés o Francisco Morazán, sino Intibucá, Yoro y El Paraíso.
Hasta finales de 2024, el MP solo ha recibido 116 denuncias por este delito, con una nueva tendencia que indica que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho y Choluteca han registrado la mayoría de las denuncias.
Este análisis adquiere mayor relevancia al considerar que menos del 2%de las personas arrestadas durante el estado de excepción han sido detenidas por extorsión. En cifras simples, de las 35,271 capturas realizadas hasta mayo de 2024, solo 513 corresponden a este delito, el principal motivo para la implementación de la medida durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
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Este bajo número de denuncias genera dos interpretaciones. En primer lugar, las autoridades de seguridad pública argumentan que la cifra es alentadora, ya que refleja la supuesta efectividad del estado de excepción, implementado precisamente para erradicar este delito.
Así lo ha reiterado en varias ocasiones el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien asegura que la medida no será descontinuada debido a que los resultados en materia de extorsión son evidentes, y uno de los indicadores es la disminución de denuncias ante la Fiscalía.
Sánchez también ha señalado que, además de observar una reducción en las denuncias por extorsión, otros indicadores son favorables, como la disminución en los homicidios en comparación con años anteriores. Esta postura ha sido respaldada por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), que pronostica que 2024 cerrará como uno de los años menos violentos en los últimos años.
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NO SE DENUNCIA POR DESCONFIANZA
Que durante lo que va del estado de excepción se hayan presentado pocas denuncias por extorsión no es sinónimo de “efectividad”. En cambio, es una muestra más de que los grupos empresariales y particulares que son víctimas de este delito ya no confían en las autoridades debido a un factor: la ineficiencia en la investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, según el representante del transporte urbano, Jorge Lanza.
“Nosotros, que actualmente somos uno de los rubros más golpeados por la extorsión, hemos decidido no denunciar, no solo en este último año, sino que desde hace varios años, porque no hay efecto. Hemos ido a la Policía y al Ministerio Público a denunciar, pero creo que nunca han abierto un proceso de investigación en particular. Entonces, no deben tomarlo como un logro, sino como un fracaso”, opinó Lanza en conversaciones con este medio de comunicación.
Lanza, propietario de las unidades de transporte que circulan en las inmediaciones de la UNAH, explicó además que, aunque el país está bajo un estado de excepción supuestamente para reducir ese delito, ellos como rubro incluso están pagando más a diferentes organizaciones criminales que han emergido.
“Un peso (lempira) menos no hemos pagado en extorsión por el estado de excepción. En cambio, se han sumado más agrupaciones criminales dedicadas a cobrar la renta. Y no solo es que estamos pagando más, sino que hemos identificado que estas agrupaciones delictivas están yéndose a otras zonas para comenzar a amedrentar a los transportistas”, explicó.
Además, sobre la promesa efectuada por supuestos líderes de la pandilla Barrio 18 privados de su libertad, en la que el lunes 23 de septiembre se comprometieron a no cobrar más extorsión en una zona del país y a que el grupo criminal que lo haga en su nombre tendrá que rendir cuentas, Lanza opinó que, de ser cierto, es favorable, pero que ellos no son ninguna autoridad, dejando entrever que quizás existió algún acuerdo entre las autoridades de seguridad pública y esa banda criminal.
