_{Organizaciones defensoras de los derechos humanos instan al gobierno a no discriminar a esta población por prejuicios de los agentes de seguridad del Estado}

Tegucigalpa. Las poblaciones vulnerables en Honduras, sean estas mujeres o miembros de la comunidad LGTBIQ+, cada vez son más invisibilizadas y víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos. Estas hoy temen que los militares y policías abusen de su poder y levanten perfiles como ha sucedido en años anteriores.

El temor de esta población surge a raíz de la implementación del estado de excepción que entró en vigor el martes 6 de diciembre y que estará vigente durante un mes. Sus miedos se fundamentan en las agresiones a las que fueron objeto durante el golpe de Estado de 2009 por parte de las fuerzas de seguridad.

En el 2009, año en que se perpetró el golpe de Estado, contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, la población LGTBIQ+ fue una de las más impactadas al registrarse 31 muertes violentas. De estas, quince eran mujeres trans cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública, todas con signos de notable violencia.

Diez de ellas eran parte del Colectivo Unidad Color Rosa, organización que es defensora y veedora de los derechos de las personas trasngénero, transexual y travesti, radicada en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Once de los crímenes contra la comunidad LGTBIQ+, durante el 2009, ocurrieron en el Valle de Sula y cuatro en el Distrito Central y al menos ocho ocurrieron en el contexto del estado de sitio.

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Ese mismo año también se registró el crimen de odio y transfemicidio de Vicky Hernández, una mujer trans asesinada por los cuerpos de seguridad del Estado, la medianoche del 28 de junio, día en que se perpetró el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.

En ese momento y tras la instauración de un toque de queda muchos hondureños fueron víctimas de múltiples abusos por parte de los uniformados. Vicky fue una de esas víctimas por la que el Estado de Honduras fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de junio de 2021.

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LA VIOLENCIA DE 2022

En vista que el 2022 supera los crímenes de odio contra miembros de la población LGTBIQ+, con relación a años anteriores, según organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la población diversa, al registrase 34 en lo que va del año.

Como parte de ese contexto violento, en noviembre pasado se registró la muerte violenta de la activista y mujer trans Melissa Núñez de 42 años, quien fue atacada a balazos por desconocidos en las cercanías de su vivienda en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.

Melissa se convirtió en la sexta persona trans asesinada en Honduras en lo que va de 2022, según datos del Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas.

La abogada y defensora de derechos humanos, Kenia Oliva, en conversación con Criterio.hn manifestó que los principales derechos que se violenta con el estado de excepción son el derecho a la integración y a la integridad, ahora en manos de los militares.

“Sabemos que hay una sentencia contra el Estado de Honduras que dice que ha sido la policía la que ha participado en crímenes de odio en detenciones a la población LGTBI y que lo hacen por odio hacia la comunidad”, manifestó Oliva.

Expuso que el actual estado de excepción da la posibilidad para que la policía continúe cometiendo estos crímenes, sobre todo porque los uniformados no son sancionados, ni enviados a las cárceles por sus crímenes, así que no hay un escarmiento para la policía y se le siguen dando todas estas facultades, alertó Oliva.

Además, aseguró que esta medida es una decisión que no fue consultada con representantes de derechos humanos, por lo que considera que fue tomada con demasiada ligereza por parte de la presidenta Xiomara Castro.

El señalamiento de Oliva es reforzado por la postura de la Red Lésbica Cattrachas, quien en las últimas horas ha mostrado su preocupación y demandado respeto a los derechos de la población diversa.

La organización defensora de los derechos humanos considera que la persecución de las maras y pandillas no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de las personas LGBTIq+. “Estaremos atentas a cualquier violación de derechos humanos” dice un tuit de Cattrachas.

Asimismo, asegura que, en el pasado, tanto en Honduras como en otros países, los estados de excepción han sido espacios donde se vulneran los derechos de las personas LGBTIQ+ y eso no puede seguir ocurriendo.

Desde Cattrachas también condenan que las personas LGBTIQ+, en particular las personas trans, son acosadas por la policía y los militares con base a prejuicios.

Por su parte la también abogada y feminista Alexa Maradiaga en conversación con Criterio.hn manifestó que no se va a solventar nada poniendo más policías, militares o más armas.

Argumentó que estas medidas generan un tipo de violencia, clasista, racista porque los estados de excepción se han centrado en las zonas más pobres habitadas por los sectores vulnerabilizados.

“Ya hay antecedentes de violencia por parte de miembros de seguridad del Estado en contra de compañeros y compañeras de la comunidad LGTBI y no solo fue durante el golpe de Estado, sino que hay estigma, violencia y discurso de odio que se está viendo y que, evidentemente, un policía con prejuicios puede actuar con base a ese estigma y a ese odio”. alertó Maradiaga.

“Creo que todas las personas que venimos de lucha en las calles estamos conscientes que lo que menos queremos en este momento es fuerza policial”, subrayó la feminista.

La abogada cuestionó el hecho que en dicha medida no fue tomado en cuenta el tema de derechos humanos, y no se sabe hasta ahora cuál será el rol de la Secretaría de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

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CARTA BLANCA PARA ACTUAR ARBITRARIAMENTE

El Conadeh recordó mediante un comunicado que el estado de excepción no es “carta blanca” para que los cuerpos de seguridad actúen de forma arbitraria y recomendó que todas las acciones de corte represivo deben estar acuerpadas y acompañadas con medidas integrales y sociales para que tengan efectos y resultados a largo plazo.

La defensoría del pueblo también señala una serie de preocupaciones en torno al decreto PCM 29-2022, que establece el estado de excepción, entre ellas el uso de la fuerza por parte de los agentes de la policía a quienes recordó que, el decreto no les faculta para limitar el derecho a la vida ni poner en riesgo la integridad personal.

Otra situación que preocupa al ombudsman se relacionada con el lugar donde estarían las personas detenidas, pese a que las autoridades mencionan que los detenidos estarán divididos según el delito o falta que hayan cometido, si es o no un menor de edad o un miembro de la comunidad LGTBIQ+.

El Conadeh recomendó que, con la aplicación de ese decreto, no se debe criminalizar a las personas que trabajen en horas de la noche, ya sea en gasolineras, call center, médicos e incluso a miembros de la comunidad LGTBIQ+.

Asimismo, explicó que la comunidad transexual se ve seriamente afectada en su relación con el accionar policial como lo reflejan algunas de las quejas ya recibidas en la institución.

Causa sorpresa que a última hora el gobierno implementó un estado de excepción que, aunque suspende la garantía constitucional del derecho a la libre circulación, permite la movilidad de las personas dejando a la discrecionalidad de los policías y militares el registro y la detención de los ciudadanos con base a cualquier prejuicio.

La determinación gubernamental puede provocar mayor vulnerabilidad en la población y alienta el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado.