Aunque la Policía Nacional destinó 11, 944 efectivos y la Policía Militar del Orden Público 4, 200, la dirigencia del transporte urbano en la capital denuncia que esta medida no está dando efecto, porque los criminales hasta les incrementaron la cuota de extorsión este diciembre
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado miércoles cinco de diciembre la Policía Nacional dirigida por el general Gustavo Sánchez lanzó el plan “navidad para proteger y servir 2023” bajo el objetivo de disuadir la criminalidad que incrementa para estas fechas festivas (navidad y fin de año), pero varios sectores, víctimas de las maras y pandillas, lamentan que no han sentido un efectivo positivo con esta nueva medida operativa.
El común denominador de operatividad de las maras y pandillas es la extorsión. Actualmente los criminales hasta subieron el precio de la cuota que exigen a los distintos rubros, sólo por el simple hecho que se vienen las fiestas decembrinas. Y, el que se rehúse a hacer el desembolso sólo tiene dos caminos: pagar o la muerte.
Así lo contó el empresario del transporte Wilmer Cálix quien, además dijo, que para este mes los criminales están exigiendo el doble de lo que cobran normalmente. Por ejemplo, si cada unidad paga 1, 500 lempiras sólo a una organización criminal, este mes debe pagar el doble (L 3, 000, 00).
“Y sí nos rehusamos y negamos no falta decirlo, terminan matando a los transportistas. Ahorita no ha habido muertos porque se está cumpliendo con el pago, ya les dimos para el pescado (en abril, por semana santa) ahora estamos por darles para el tamal y aguinaldo”, contó el empresario en pláticas con Criterio.hn.
Por lo anterior, la institución armada en colaboración con las Fuerzas Armadas (FF. AA), lanzó el plan que se compone de tres ejes principales: prevención, investigación e inteligencia, para prevenir que estas agrupaciones criminales, principalmente la pandilla Barrio 18 y Mara MS 13,
Y es que este plan que se comprende de tres aristas, que son prevención, investigación e inteligencia, tiene como objetivo persuadir y desarticular a las agrupaciones criminales encargadas de cometer este tipo de ilegalidad, a través de distintos operativos que se están ejecutando las principales arterias comerciales del país.
La dirigencia del transporte urbano dice que, en efecto, hay presencia policial en estaciones y unidades, pero denuncian que no están haciendo investigación, porque los criminales pasan y no se dan cuenta. “Porque no están haciendo trabajos de investigación. El extorsionador pasa y ni cuenta se dan”, dijo el empresario del transporte Jorge Lanza.
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REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS
Aunque la criminalidad es campante en el país, lo cierto es que el índice de homicidios desde el uno de diciembre, hasta el 18 del mismo mes, en comparación con el mismo tiempo en 2022, ha disminuido. Algo que las autoridades atribuyen al estado de excepción, medida que paradójicamente fue implementada para combatir directamente el delito de extorsión, lo que está lejos de pasar.
De acuerdo con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el uno y 18 de diciembre de 2022, en el país asesinaros a 144 personas, entre comerciantes, criminales y particulares. Mientras durante el mismo periodo de tiempo este 2023, han acribillado sólo 88, es decir, 56 menos.
El estado de excepción fue implementado por la presidenta Xiomara Castro el seis de diciembre de 2022. El objetivo de esa medida es erradicar las maras y pandillas, y para eso, amparados en un PCM que publicó el Poder Ejecutivo, suspendieron varios derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República.
Por ejemplo, con esta medida abanderada del gobierno del país vecino El Salvador, tanto efectivo de la Policía Nacional, como elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), están autorizados para ejecutar allanamientos y arrestos sin tener una previa orden judicial o acompañamiento de un juez.
Sin embargo, lo anterior sólo ha puesto en evidencia cómo estas instituciones armadas no están preparadas para llevar una tarea tan compleja, pues Criterio.hn descubrió en un análisis de datos de información proporcionada por el Ministerio Público (MP) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), que varios uniformados han sido denunciados y enfrentan un proceso legal por abusar de su poder para amedrentar a la población, bajo la excusa del estado de excepción, que dejó de ser parcial porque se prolongó más de un año.
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