Secretaría de DD HH admitió que medidas adoptadas para el abordaje de la conflictividad «heredada» en el departamento de Colón, como el estado de excepción, no han dado el resultado esperado.
Abogado señala que vuelve a reproducirse guion de asesinatos a liderazgos sociales, a través de estigmatización, persecución, criminalización y asesinatos, como ocurrió en el asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres.
Tegucigalpa.- Pese a haber alertado al Estado sobre el riesgo que corrían los liderazgos de la dirigencia campesina del Aguán, un valle fértil en el norte de Honduras, la noche del miércoles 18 de enero fue asesinado el presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé.
Junto a él fue asesinado su suegro, Andy Martínez Murillo, a manos de sicarios que llegaron a su casa en Tocoa, Colón, informó la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) mediante un comunicado.
Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH)
El hecho ocurre en medio de una escalada en violencia en contra de quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y el ambiente en el Valle del Aguán, como lo comentó la representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, durante una conferencia de prensa convocada por las organizaciones mencionadas en el párrafo anterior, junto al Bufete Estudios para la Dignidad.
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Previo al asesinato de Cruz Tomé, ese mismo día en horas de la mañana, hubo un tiroteo en la Cooperativa Remolino, la misma que fue invadida en diciembre por un grupo armado irregular que tomó posesión de forma violenta de más de la mitad de las tierras adjudicadas a la cooperativa, informó la Plataforma Agraria y COPA.
VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y PODERÍO AGROINDUSTRIAL
«Estamos sumamente preocupados por la ola de violencia que ha venido desatándose en las últimas semanas en la región del Aguán, después que tenemos varios meses de estar denunciando […] el plan que existe para asesinar la dirigencia campesina en la región del Aguán. En este comunicado se refleja el nombre del compañero José Omar Cruz Tomé, que era uno de los que tenía vigilancia desde hace ya unos meses y que ayer le asesinaron junto a su suegro Andy Martínez Murillo», compartió el vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas.
El dirigente campesino hizo alusión a un comunicado de prensa emitido por la Plataforma Agraria en octubre de 2022 en el que el nombre de José Omar Cruz Tomé aparece como parte de la lista de los liderazgos de la Plataforma Agraria cuyas vidas estaban en riesgo.
En virtud de la advertencia hecha en octubre de 2022 tanto la Plataforma Agraria como la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, sostienen que el gobierno tenía conocimiento del plan para asesinar a Cruz Tomé y no hizo nada para pararlo.
Agregó que es preocupante la impunidad con la que actúan los grupos criminales liderados por las corporaciones agroindustriales. Refirió que a partir de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, el 11 de enero, contra Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saénz, presidente de Corporación Dinant; Elvin Gabriel Martínez Echeverría, jefe de seguridad de dicha empresa; y Juan Carlos Lezama, a quien identifican como el líder del grupo criminal al servicio de la misma, la respuesta que han obtenido es una fuerte ola de violencia y no la neutralización de la misma por parte de los operadores de justicia del Estado.
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«Algo que nos preocupa mucho es que los cuerpos de investigación —sean DPI [Dirección Policial de Investigación] o la Unidad de Muertes Violentas del Aguán— no son de confianza, son parte de las estructuras criminales que operan en la región del Aguán», señaló Rivas.
Todas la acciones violentas se dan pese a que el gobierno firmó el 22 de febrero del año pasado un acuerdo con las dirigencias campesinas del Valle del Aguán en el que se comprometía a establecer mecanismos de diálogo que impulsarían la protección y la defensa de los derechos humanos a través de una comisión tripartita.
Posteriormente, el 21 de julio de 2022, las dirigencias campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y Copa, con el acompañamiento del Bufete Estudios para la Dignidad, entregaron a la presidencia y la Secretaría de Seguridad un documento con fundamento jurídico para dar inicio a la solución de la conflictividad del Aguán.
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El coordinador de dicho bufete y abogado Víctor Fernández, apuntó que la violencia que se vive en el Aguán pasa por la falta de toma de decisiones por parte del Estado de Honduras.
«Estamos indignados, molestos, porque creemos que estas cosas se pueden evitar. Lo decimos desde la más esencial humanidad, pero desde lo básico de las responsabilidades que tienen las instituciones y las tomadoras de decisiones de nuestro país. Por ejemplo, hoy que se produce este doble asesinato al que le preceden los otros […], no sabemos qué hacer, a quién acudir y de verdad confiar en que acudiendo a ellos y a ellas, a las instituciones, tendremos respuestas contundentes frente a este hecho, frente a lo que ha pasado y frente a lo que seguramente, tristemente, mañana habrá de seguir sucediendo si seguimos teniendo estas mismas practicas», apuntó Fernández.
El profesional del derecho recordó que el doble crimen ocurre en medio de un desarme general en la zona y estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro el pasado 6 de enero de 2023. «Los únicos que están operando impunemente en la zona son los criminales, los únicos que portan armas son los policías, los militares y los criminales», continuó.
SECRETARÍA DE DD HH ADMITE QUE MEDIDAS SON INSUFICIENTES
Al fuerte pronunciamiento realizado en la conferencia de prensa, siguió el pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya titular Natalie Roque, manifestó su «profunda indignación y dolor por el asesinato del compañero Omar».
Roque fue acompañada en la lectura del segundo comunicado urgente que emite en 2023, nuevamente relacionado al Valle del Aguán, por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Guido Eguigure; y la directora general del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras, Carmen Escobar.
En el documento, la institución estatal admite que las supuestas medidas adoptadas para el abordaje de la conflictividad «heredada» en el departamento de Colón, como el estado de excepción, no han dado el resultado esperado.
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«Estas medidas, es evidente, no han resultado suficientes ante una persistente situación de amenazas y crímenes que durante el último mes se incrementaron de forma desproporcionada, resultando asesinados los defensores Mauricio Esquivel, Aly Domínguez, Jairo Bonilla, Omar Cruz Tomé y Sandy Martínez Murillo», lee el comunicado.
OACNUDH LLAMA A QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL ACUERDO AGRARIO DEL 22 DE FEBRERO DE 2022
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, además de condenar enérgicamente el crimen y la violencia en el Aguán, realizó un enérgico llamado al Estado para implementar el acuerdo firmado con la Plataforma Agraria el 22 de febrero de 2022.
«En ese sentido, también hacemos un llamado enérgico al Estado para que se adopten las medidas oportunas para enfrentar esta violencia en la zona del Aguán, pero principalmente para que se implemente el acuerdo firmado con la Plataforma Agraria el pasado 22 de febrero del año pasado, y se cree y se ponga en marcha la comisión tripartita que esta prevista en este acuerdo», afirmó durante la conferencia.
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Remarcó la profunda preocupación ante una situación que pone en permanente riesgo la vida e integridad de quienes trabajan precisamente en la defensa de la tierra, el territorio y en muchos otros casos, como el de los defensores de Guapinol, el medio ambiente.
Posterior a la conferencia de prensa, que inició a las 10:00 y se extendió hasta las 11:30, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice H. Shackelford, tuiteó: «Mis condolencias con la familia de Omar Cruz Tomé por este terrible crimen. Perdemos todos y todas, pierde Honduras cuando un defensor o defensora de DDHH, de la tierra o del medio ambiente es asesinado. ¡No más impunidad, no más violencia! Justicia para las y los defensores!»
PATRÓN DE ASESINATOS DE LIDERAZGOS SOCIALES RECUERDA EL CRIMEN DE BERTA CÁCERES
El abogado Víctor Fernández, quien a través del Bufete Estudios para la Dignidad representa la acusación privada en la causa Berta Cáceres, detalló: «El asesinato de Omar Cruz Tomé reproduce el mismo patrón de asesinato para liderazgos sociales. Estos que desacreditaron en la última década al Estado. Si ustedes ven es el mismo guion del asesinato más emblemático de este país, que es el asesinato de Berta Cáceres. Estigmatización, persecución, criminalización y asesinato, eso es. A partir de esto no hay cambio en el país».
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Fernández aclaró que los sectores organizados en el país, incluyendo a quienes residen en el Aguán, no están recibiendo el cambio que se prometió en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Incluso, afirmó que quienes vienen luchando por años, como el movimiento campesino están en peores condiciones.
El profesional del derecho declaró que ni las muestras de solidaridad ni las lágrimas ni el dolor, son suficientes sino hay acción. Motivó a que la consternación y la rabia sean orientadas a crear oportunidades que rompan con prácticas del regimen anterior.
«Nunca más, de verdad, un funcionario de gobierno frente a un crimen como estos, debería llamar a una víctima para culparla de lo que pasa, porque eso fue lo que hizo el regimen anterior y eso es lo que están haciendo ahora en representación del regimen varios funcionarios», reclamó.
Fernández cerró la conferencia lanzando un cuestionamiento a la actual administración: «¿Quien manda en el Aguán, señora presidenta? ¿Quién va a seguir mandando en el Aguán? ¿Mandan ustedes o sigue mandando el crimen? Hoy sigue mandando el crimen, no tenemos ninguna otra palabra que decir.
Ustedes tienen el ejercito y la policía. El ejercito que tiene el mejor aparato de inteligencia en este país, saben quiénes son los que operan en la zona, y usted es la comandanta de ese ejercito. Usted los abandera para muchas acciones que son propias de la sociedad civil, pues abandérelos aquí para desbaratar a la estructura criminal que está operando en el Aguán y asuman el riesgo de hacer justicia. Las tierras del Aguán, por mandato del Estado son del sector reformado no del sector agroindustrial».
OLA DE VIOLENCIA EN EL VALLE DEL AGUÁN NO PARA
Al asesinato del presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, y su suegro, Andy Martínez Murillo, precedieron una serie de crímenes contra defensores y ciudadanos. Un día antes, el 17 de enero al mediodía, fue asesinado Elmer Elías Portales frente al predio de la Cooperativa Agropecuaria Chile.
La madrugada del 15 de enero fue asesinado Ángel Enamorado en la comunidad de Salamá, el crimen fue cometido en una vía que conduce a la comunidad de Quebrada de Arena, cerca de la Cooperativa Agropecuaria Camarones.
Mientras que el sábado 7 de enero fueron asesinados los defensores del río Guapinol y Parque Nacional Carlos Escaleras, Jairo Bonilla y Aly Domínguez, cuando regresaban a su comunidad. Aly Domínguez es hermano del presidente de la Junta de Agua de Guapinol, Reynaldo Domínguez. Ambos fueron criminalizados y encarcelados durante 12 días en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, también conocida como Támara, por oponerse a la instalación inconsulta de un proyecto minero en un área protegida.
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El 21 de diciembre de 2022, en horas de la noche, fue asesinado Mauricio Esquivel, miembro de la Cooperativa Agropecuaria Tranvío. El crimen contra Esquivel fue cometido al interior de su negocio en la comunidad Quebrada de Arena.
