Tegucigalpa.- La Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un análisis del impacto fiscal de proteger a indocumentados y estimó que serían 6.5 millones de inmigrantes los que podrían obtener el perdón provisional a la deportación, Autorización de Empleo, permisos de viaje y otros beneficios; el plan debe ser avalado por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough
Se había contemplado que 7.1 millones de inmigrantes indocumentados serían beneficiados con el proyecto económico Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor), pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que serían 6.5 millones de personas las que podrían obtener perdón a la deportación o ‘parole’.
“Según el proyecto de ley, alrededor de 6.5 millones de extranjeros (no nacionales de EE. UU.) recibirían libertad condicional“, indican las notas refiriéndose al ‘parole’ y a cuánta población se beneficiaría bajo el Título VI de la ley propuesta en el Congreso.
Aunque organizaciones civiles como Fwd.US estiman que serían hasta 7.8 millones de personas, el reporte del CBO sobre el impacto fiscal será el utilizado para las negociaciones con la parlamentaria Elizabeth MacDonough.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el viernes pasado señala que aquellas personas que podrían aplicar por el beneficio deberán demostrar su estancia en Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011.
Entre los beneficios que destaca el CBO es que al menos tres millones de personas obtendrían la Residencia Legal Permanente (LPR) a través de petición familiar. No se especifica, pero podría ser a través de los hijos que cumplen 21 años al periodo en que concluye el ‘parole’, es decir el 2031.
“CBO estima que alrededor de 3 millones de extranjeros que recibirían libertad condicional… obtendrían posteriormente el estatus de LPR como parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses”, señala.
Agrega que la mayoría de las personas que logren ese beneficio podrían aplicarlo entre 2022 y 2031. El resto en las siguientes dos décadas. Habría al menos dos millones de indocumentados que no podrían obtener la ‘green card’.
“Otros 2 millones no recibirían el estatus de LPR bajo la ley actual”, se apunta.
Padres de mayores de 21 años y costo
El reporte destaca que los padres de ciudadanos estadounidenses de 21 años en adelante logren mantener la protección de deportación bajo la reforma BBB, aunque con base en ciertos criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“CBO espera que a partir del año fiscal 2032, después de que finalice el período de libertad condicional autorizado… el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúe la libertad condicional de los extranjeros cuyos hijos ciudadanos de los EE. UU. tengan 21 años”, señala.
Las reglas del posible beneficio migratorio serán propuestas por el DHS y aplicadas por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Habrá un costo no específicado todavía por esta protección.
“La CBO supone que esas tarifas estarían disponibles para (USCIS) para cubrir el costo de procesamiento de esas solicitudes”, se agrega.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara contempla que los indocumentados tendría Autorización de Empleo, derecho a una licencia de conducir o REAL ID, así como permiso para viajar y ayudas sociales.
El CBO señala un impacto en las finanzas del Gobierno federal una vez que los no ciudadanos obtengan la ‘green card’, pues tendrían acceso a beneficios sociales, como Medicaid, SNAP, Seguro Social.
“Un extranjero obtiene elegibilidad para varios programas de beneficios federales y créditos fiscales reembolsables al convertirse en un Residente Permanente o Residente Legal Permanente”, reconoce el informe.
Impacto fiscal
Fuentes del Congreso reconocieron hace unos días a este diario que era posible que los beneficios sociales representen un problema en la negociación con la parlamentaria MacDonough, debido al impacto fiscal.
La afectación a las finanzas, según el reporte del CBO, sería en la década posterior a que termine el programa social.
“CBO ha proyectado sus efectos durante el período 2032-2041”, dice el reporte. “(Se) estima que el título VI aumentaría los déficits presupuestarios unificados en $369,000 millones y los déficits presupuestarios en $312,000 millones de dólares durante el período 2032-2041 y en montos mayores en la década siguiente”.
No hay una fecha específica sobre las negociaciones con la parlamentaria MacDonough, pero se espera que sea después de la semana de Thanksgiving, tomando en cuenta el calendario del Senado, que del 22 al 26 de noviembre marca periodo de “trabajo en distritos”.
