Javier Acevedo, director ejecutivo de Ciprodeh, señaló que mientras la Secretaría de Transparencia desempeña un rol preventivo centrado en formación, educación y seguimiento de la gestión pública, el IAIP tiene un mandato específico de garantizar el acceso ciudadano a la información en todas las instituciones que administran recursos del Estado, funciones que —afirmó— son distintas y complementarias.
Tegucigalpa, Honduras. –Argumentando una dualidad de funciones entre la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el gobierno de Nasry Asfura Zablah plantea la posibilidad de unificar estas dos instituciones.
Analistas explicaron que estas instituciones no realizan la misma función, ya que la diferencia principal radica en su naturaleza jurídica y su función operativa dentro del Estado. Mientras que el IAIP es un ente regulador independiente, la Secretaría de Transparencia es un brazo directo del Poder Ejecutivo.
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, informó que el gobierno analiza la posible eliminación o fusión de la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al considerar que existe una duplicidad de funciones entre ambas instituciones, por lo que el Poder Ejecutivo deberá decidir cuál institución fortalecer y a cuál dotar de presupuesto.
Durante una breve comparecencia ante los medios la designada explico que la revisión forma parte de la política del presidente Asfura Zablah orientada a reducir el tamaño del aparato estatal y disminuir el gasto público de cara al Presupuesto General de la República 2026, que no ha sido remitido al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.
No obstante, la discusión ha abierto un debate técnico y político sobre las diferencias sustanciales entre ambas entidades y el impacto que tendría una eventual fusión en la rendición de cuentas.
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DIFERENCIAS ENTRE IAIP Y SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Por un lado, el IAIP fue creado mediante el decreto legislativo 170-2006, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada el 27 de noviembre de 2006. En contraste, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) fue creada durante la administración de Juan Orlando Hernández mediante el decreto ejecutivo PCM 111-2020.
La diferencia principal radica en su naturaleza jurídica y en su función operativa dentro del Estado hondureño. El IAIP es un órgano desconcentrado con independencia operativa y presupuestaria, que actúa como ente garante externo del derecho ciudadano al acceso a la información pública.
Su función central es administrar el Portal Único de Transparencia, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de publicación de las instituciones públicas, gestionar las solicitudes de información que ingresan a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho) y resolver reclamos cuando se niega información a la ciudadanía.
En términos prácticos, el IAIP opera como un árbitro que vigila que todas las entidades obligadas —incluida la propia Secretaría de Transparencia— cumplan con la ley.
Por su parte, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es una Secretaría de Estado dependiente directamente de la Presidencia de la República.
Su objetivo principal es formular y coordinar políticas públicas anticorrupción, promover la ética pública y supervisar la gestión administrativa dentro del Poder Ejecutivo, es decir, que debe ser el primer filtro de prevención de la corrupción.
Mientras el IAIP garantiza un derecho ciudadano frente al Estado, la Secretaría ejerce un rol rector interno orientado a la prevención y modernización administrativa.
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A juicio del director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, la propuesta revela el nivel de voluntad política respecto a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
“A lo largo de los últimos años hemos visto muchos golpes de pecho, pero pocas acciones concretas”, expresó el defensor de derechos humanos al ser consultado por Criterio.hn sobre la eventual fusión de ambas instituciones.
Acevedo subrayó que la Secretaría de Transparencia cumple una función esencialmente preventiva en la lucha contra la corrupción, con énfasis en formación, educación y seguimiento de la gestión pública.
En cambio, el IAIP tiene un mandato específico: promover y garantizar el acceso a la información pública por parte de todos los actores que manejan recursos estatales.
Desde su perspectiva, las funciones están claramente delimitadas y no deberían interpretarse como duplicadas, sino como complementarias. En ese sentido, advirtió que un reduccionismo del Estado sin una evaluación objetiva podría responder más a intereses políticos que a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
Asimismo, consideró que antes de tomar una decisión definitiva debería abrirse un diálogo amplio con sectores críticos y no solo con quienes respaldan la iniciativa gubernamental.
Consultado sobre si el ahorro presupuestario justificaría debilitar instancias orientadas a la prevención de la corrupción y el acceso a la información pública, Acevedo precisó que, si las instituciones funcionaran adecuadamente, el debate no debería centrarse exclusivamente en términos de gasto.
