Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa, Honduras. – Basado en el artículo 5 Constitucional, el Partido Innovación y Unidad (PINU) reclama su participación en la discusión de la nueva Ley Electoral en el seno del Poder Legislativo.
El mencionado artículo dice: “El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, … y la democracia participativa, de los cuales se derivan la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social.”
El PINU señala las pretensiones que han impuesto de tener “derechos de autor” los Partidos Políticos Nacional, Libre y el segmento Liberal divergente su autoridad partidaria, en la creación, discusión y aprobación de la Ley del Consejo Nacional Electoral.
En un comunicado emitido este miércoles, el PINU rechaza la imposición de “derechos de autor” de los grupos políticos tradicionales, producto de negociaciones particulares y sectarios que se desmarcan del principio de aplicación general de las leyes y han desbordado sus ambiciones políticas particulares y extremistas al diseñar una ley para tres partidos en detrimento del principio de igualdad ante la ley y contrario al principio de aprobar políticas de aplicación general, como una conducta sintomática que niega el principio limitante de la democracia que consiste en que las minorías cuentan.
También rechazan los mecanismos de exclusión que se promocionan desde la presidencia del Congreso Nacional y se ramifican en las diferentes comisiones donde participan nuestros honorables diputadas y diputados divergentes con la opinión consensuada de esas fuerzas que de manera pública y privada reclaman e imponen sus conceptos de democracia electorera y deslegitiman, limitan y excluyen otras interpretaciones políticas, causando una imagen de cooptación del pluralismo y la diversidad de ideas que además, lesionan la democracia que debe ser incluyente y plural.
La bancada del PINU invoca la Constitución de la República y los principios que el proyecto de la nueva Ley Electoral contempla para que aquellos que histórica y sistemáticamente la violentan con sus acuerdos, negociaciones y componendas espurias sean eventualmente persuadidos para obedecer la mismas y abrir los espacios a las posiciones divergentes que permitan, al menos una vez, experimentar un proceso dialectico que genere reglas claras y promueva garantías suficientes que abonen a mejorar los bajos índices de integridad electoral y los procesos de baja calidad técnica como el 2017 que no alcanzó los criterios de elecciones democráticas y auténticas.
Manifiestan ser constantes en su planteamiento de que el proceso electoral hondureño es uno solo y se compone de elecciones primarias e internas y elecciones generales y que en ambas, el primer asomo de transparencia debe ser que las ahora llamadas Juntas receptoras de votos sean conformados por ciudadanos que no representen a ningún partido político y se elimine el hito negativo mundial de ser el único país donde el día de la elección, los partidos políticos (ahora los tradicionales, longevos, centenarios, retrógrados y uno derivado) coadministran el proceso, manipulan los documentos electorales, cuentan los votos, llenan las actas y transmiten los resultados.
Considerando la imposición partidaria en el tema, rechazan toda pretensión de transparencia bajo la administración electoral de los partidos políticos en la recepción y conteo de los votos, bajo la errónea e ilegítima premisa que en la contada se pierde o se gana y consideran que tal presunción seguirá siendo un “caldo de cultivo” para continuar con la corrupción electoral y también con su impunidad.
Además, rechazan que estas facciones tripartitas se preocupen solamente por adecuar sus intereses políticos de cara a las elecciones primarias, sin importarles el resto de la Ley Electoral en su integralidad y que eventualmente su aprobación sea en el escenario de nuevas y mezquinas negociones sectarias, menos del interés general por fortalecer los endebles y sintomáticos procesos electorales que nos ocupan y preocupan.
Instan a los partidos políticos y las facciones disidentes que reclaman “derechos de autor” por su caudal electoral para ser consecuentes y congruentes con los principios de la democracia, sin olvidar lo prescrito en el artículo 5 Constitucional: “El Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, … y la democracia participativa, de los cuales se derivan la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la Administración Pública, la estabilidad política y la paz social.”
Por lo tanto, las pretensiones globales de sus actuaciones son tan falsas como la propaganda legislativa de contar con reformas electorales históricas y profundas, finaliza el pronunciamiento del PINU.
