Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) denunció la premeditación, alevosía y ventaja con que han actuado el presidente Juan Hernández, el titular del Legislativo Mauricio Oliva y diputados afines con la adquisición de vacunas contra el Covid-19 que no tendrán ninguna garantía en precio y calidad.
El sábado anterior, el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley Especial de Vacunas Covid-19, entre ellas la autorización del uso de fondos del Estado para compras directas, sin controles de transparencia.
A través de un comunicado, la directiva central del partido de oposición hizo este lunes un llamado de alerta a la población hondureña para evitar este abuso contra las arcas del Estado, promovido desde “la opacidad y la corrupción”.
La denuncia del PINU se enfila contra el “errático y pernicioso” manejo de la pandemia por parte del gobernante, Oliva y diputados afines en el rediseño y fortalecimiento de un sistema de impunidad que coloca al país en una situación de precariedad.
Con la autorización de fondos del Estado para compras directas sin más mecanismos de transparencia y rendición que las del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), “entidad que forma parte del sistema de impunidad” de Hernández y Oliva, continúa el saqueo del erario en tiempos de crisis, dice el pronunciamiento.
Denuncia también que la falta de un mecanismo de garantía en precio y calidad de vacunas deja las puertas abiertas para el despilfarro de los recursos, como ha ocurrido con la compra de los ventiladores mecánicos, hospitales móviles y las pruebas PCR, entre otros.
El PINU alerta además sobre la autorización para que personas jurídicas realicen la compra-venta de vacunas, con solo una certificación “de la cuestionada” Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), creada recientemente desde el Congreso Nacional.
El propósito malintencionado de las atribuciones de esta agencia queda evidente con la eliminación del artículo 9 que establecía la conformación de un consejo consultivo integrado por expertos para dar las recomendaciones técnicas y científicas para la compra de las vacunas, señala la denuncia pública.
Además, “la eliminación del artículo donde la FDA debían certificar” las vacunas contra Covid-19, cuya efectividad queda sin respaldo técnico y científico, y “el otorgamiento de poderes ilimitados al Ejecutivo” para la compra de vacunas a través de la Secretaría de Seguridad.
