Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Un grupo de diputados vinculados con el narcotráfico y la corrupción pretende reformar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para blindarse aún más junto a funcionarios del Estado y personas naturales y jurídicas que han cometido ilícitos en la adquisición de sus bienes.
Así lo denunció este lunes a través de un comunicado público la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).
Las reformas surgen en el marco de un triple escenario, señala el Pinu; el primero es el anuncio de los Estados Unidos de crear una fuerza de tarea regional anticorrupción en los países del Triángulo Norte; segundo, la declaratoria de culpabilidad del narcotraficante Geovanny Fuentes; y por último, la incautación de bienes del alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura.
Los diputados que promueven esas reformas han sido señalados por la comisión de delitos por el Ministerio Público, la fenecida Misión de Apoyo de Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y fiscales de Estados Unidos que combaten el narcotráfico.
Con tales reformas se estarían abriendo las puertas a la figura del “testaferrato”, de tal manera que los testaferros podrán alegar que son terceros de buena fe.
Por lo tanto, al tener el dominio o el goce de un terreno o de una casa producto del lavado, seguirán gozando de su libertad si rinden caución o garantía, señala un comunicado del partido de oposición.
De aprobarse esas reformas, se podrá hacer traslado de bienes y el que los recibe no tendrá que asumir ninguna responsabilidad, a la vez podrá seguir gozando de libertad y utilizando los bienes aunque los haya adquirido de manera irregular, dijo la diputada Doris Gutiérrez.
El comunicado también establece que se estaría ordenando el aseguramiento sin desplazamiento de bienes, lo cual es “completamente absurdo” porque no se cumplirá con el fin de la medida y se estaría favoreciendo al imputado.
También se pretende que los bienes no sean custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), sino por los acusados investigados.
Con las reformas se busca además que se aplique la retroactividad de la Ley Penal, pese a que la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito es una ley administrativo jurídico penal. Esta pretensión es similar a la que aplicaron en el caso de la Red de Diputados denunciados por la MACCIH, denuncia el PINU.
Además, pretenden modificar los plazos para que el Ministerio Público tenga solo seis meses para revocar una medida de incautación, ya que pasado ese tiempo se tendrán que devolver los bienes.
