El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, declaró a Criterio.hn que es momento de sancionar a los responsables de las sentencias condenatorias que han resultado en el pago de indemnizaciones millonarias en perjuicio del Estado
Tegucigalpa, Honduras. – Hondureños instan al Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República, a actuar de oficio en defensa de los intereses nacionales y a perseguir a los responsables de las condenas internacionales que han resultado en millonarias demandas contra el país.
En relación con la obligación de actuar de oficio, el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó en una entrevista con Criterio.hn que Honduras no sólo debe responder a las demandas que se imponen, sino que también emprender acciones legales contra los responsables cuando sea necesario.
Como ejemplo, mencionó las acciones legales contra los responsables de la destitución de cuatro magistrados, de los cinco, de la Sala de lo Constitucional en 2012, un caso por el cual, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó a Honduras.
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EL CASO DE MAGISTRADOS DESTITUIDOS
El caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras se refiere a la destitución de cuatro magistrados la madrugada del 12 de diciembre de 2012, bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, como presidente del Congreso Nacional (CN).
En abril del presente año, la Corte-IDH declaró que el Estado de Honduras es responsable de violar las garantías judiciales, la legalidad, la independencia judicial, los derechos políticos, la protección judicial, la estabilidad laboral y la integridad personal de los exmagistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
La destitución, realizada por una autoridad sin competencia, constituyó una violación a la independencia judicial, cita la sentencia, y como medidas de reparación, se ordenó indemnizar a cada magistrado con USD 515,000, sumando un total de USD 2,060,000, es decir, L 12,761,700.00 por persona.
Además, el Estado de Honduras debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
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ESTADO DEBE ACTUAR DE OFICIO
Debido a la suma millonaria que el Estado de Honduras tuvo que pagar, el exfiscal Edmundo Orellana subrayó que el tema no puede quedar en la impunidad y el olvido.
Por lo tanto, el Estado debe investigar a los responsables de la destitución y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que desestimaron los recursos presentados, y que la misma Corte había declarado inconstitucionales.
«Es necesario investigar a los responsables de esas destituciones y tomar acciones legales contra ellos para recuperar los millones que Honduras pagó a estos exmagistrados por haber sido destituidos ilegalmente», señaló, recordando que el pago de las indemnizaciones recae sobre todos los hondureños a través de sus impuestos.
Orellana también enfatizó que el Estado de Honduras no sólo debe contestar demandas, sino que debe actuar de oficio en casos como este y en iniciativas para recuperar los recursos del Estado.
El tema sobre sobre el castigo a responsables de demandas surge en torno de la publicación hecha por el procurador general de la República Manuel Antonio Díaz Galeas, el primero de abril del presente año en el que avisa de la sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por dicho caso antes mencionado. En este contexto, Orellana pide la acción de oficio.
Es importante mencionar que, además de la petición hecha por Orellana, han existido numerosas solicitudes relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones dictadas en las sentencias.
Por ejemplo, en la sentencia por el asesinato de Vicky Hernández en 2021, se ha cumplido con las disculpas públicas, las remuneraciones económicas a los familiares y la beca. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que aún quedan pendientes por abordar.
