Por: Redacción CRITERIO.HN
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Este jueves, seis de agosto, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad parcial, contra el nuevo Código Penal, contenido en el Decreto 130-2017 y publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, el 10 de mayo del 2019.
De acuerdo con el documento presentado hoy en CSJ, la AJD considera que el texto del nuevo Código Penal violenta derechos establecidos en la Constitución de la República y en diversos tratados internacionales, como, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Abogado Raúl Iván Chávez cuando brindaba declaraciones luego de presentar el recurso de inconstitucionalidad
Según el recurso de inconstitucionalidad, el Nuevo Código Penal también quebranta la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir, Juzgar y Sancionar la Tortura y la Convención Para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Por tal razón, la AJD le ha solicitado a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, decretar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos que contemplan delitos violatorios al derecho de Libertad de Expresión, al Derecho de Libertad de reunión, manifestación y Asociación, a los derechos de la mujer y a la obligación de proteger a la niñez frente a la violencia sexual.
También solicitan la inaplicabilidad de los artículos que tipifican delitos que violentan la obligación de proteger a las personas contra acciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y los delitos que violan el principio de legalidad y de responsabilidad subjetiva.
“Solicitando a la sala de lo Constitucional que como intérprete último y definitivo de la Constitución declare la inconstitucionalidad por razón de contenido de los artículos precitados”, dice el documento de la AJD.
Para el gobierno y un reducido sector interesado en favorecer a los corruptos, el pasado 25 de junio, entró en vigencia el nuevo Código Penal, pero para la mayoría de hondureños, esa ley fue abrogada por 67 diputados y diputadas que se reunieron en sesión extraordinaria el 24 de junio, un día antes de que entrara en vigencia.
La abrogación del nuevo Código se basó en razones, como que Honduras en ese momento ya se mantenía bajo restricciones a derechos constitucionales derivadas del estado de sitio decretado por el gobierno en el marco de la emergencia del Covid 19. Y por otro lado, por las violaciones a preceptos constitucionales y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Este Código Penal también ha sido rechazado porque a juicio de diversos sectores sociales favorece con reducción de penas a los funcionarios corruptos, a los lavadores de activos y a los violadores sexuales.
Desde el inicio la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la tipificación de la injuria, la calumnia y otros delitos que restringen la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Ellos opinan que el nuevo Código Penal contiene 20 artículos que violentan la libertad de expresión y ponen en riesgo el ejercicio periodístico, los derechos de asociación, de protesta y de reunión pacífica.
Reconocidos abogados, como, Omar Menjivar, Abencio Fernández y Joaquín Mejía, son del criterio que el Nuevo Código está abrogado, porque la sesión desarrollada el 24 de junio, por el Congreso Nacional fue legítima. Sin embargo, el Poder judicial y los procuradores, en su mayoría apoderados legales de acusados de corrupción, realizan acciones, de hecho lo mantienen vigente y favorecen a sus clientes, que generalmente son funcionarios, ex funcionarios del gobierno, activistas políticos y diputados.
