Pese a señalado daño ambiental, autoridades insisten en construcción de penal en Islas del Cisne

Ilustraciones: Guillermo Burgos

Tegucigalpa, Honduras. – A 273 kilómetros de Trujillo, en el Caribe hondureño, se encuentra la Reserva Marina Islas del Cisne, hoy amenazada por la decisión de la presidenta Xiomara Castro de construir un centro penitenciario de máxima seguridad.

La decisión anunciada inicialmente tras la masacre de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el 21 de junio de 2023, fue nuevamente enfatizada durante el discurso del 1 de enero en cadena nacional. Esto pese a voces disidentes, especialmente aquellas que señalan el daño ambiental que causaría la construcción y su mantenimiento entre otros.

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La resolución de construir el penal de máxima seguridad es respaldada por los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), José Manuel Zelaya Rosales –sobrino político de la mandataria­–, y Lucky Medina, respectivamente.

DEFENSA AFIRMA QUE EN FEBRERO TIENEN PREVISTO INICIAR CONSTRUCCIÓN

En enero de este año, el secretario de Defensa afirmó que ya están autorizadas las compras directas para la construcción del centro penitenciario en la remota isla, declarando que se siguió la Ley de Contratación del Estado y que tendrían previsto iniciar la construcción a partir de febrero.

Así como que también están trabajando de la mano con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Serna, para que brinden los permisos correspondientes, sin especificar si se han realizado estudios de impacto ambiental en la zona.

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El titular de la Serna, Lucky Medina, declaró en un foro de debate televisivo matutino que el centro penal de máxima seguridad será construido “cumpliendo con todas las medidas ambientales, con la normativa legal, aprovechando y haciendo uso de la ciencia, de la tecnología, de todos los mecanismos que hay de protección y de conservación para poder asegurar el impacto ambiental mínimo en esa zona”. Sin embargo, no especificó cuáles serían estos mecanismos de protección y conservación. 

Además de los daños ambientales, el traslado de privados de libertad a las Islas del Cisne, ubicada a 273 kilómetros de Trujillo en la costa continental de Honduras, podría incurrir en violación al derecho a la protección de la familia, la integridad física y el debido proceso en caso de no garantizar derechos de visita y debido proceso a privados de libertad.

Medina señaló que “[l]a cárcel en Islas del Cisne, como lo prometió la presidenta Xiomara Castro, se va a construir como una medida de seguridad para la población hondureña, donde los delincuentes, los narcotraficantes, el crimen organizado, quienes dirigen bandas de extorsionadores, de secuestros, desde los centros penales y que lo habían hecho tradicionalmente, van a estar en el punto más lejos de la tierra firme del territorio hondureño”.

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FIRME OPOSICIÓN A CONSTRUCCIÓN DE PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD EN ISLAS DEL CISNE

La Coalición Ambiental de Honduras manifestaron el pasado miércoles 17 de enero su firme oposición a la construcción de un centro penal en el archipiélago que además de ser un área protegida, es un Santuario de Tiburones y otras especies en peligro de extinción.

“Exhortamos a la presidenta de la República a reconsiderar el proyecto en colaboración con especialistas y la sociedad civil, pues la construcción propuesta es incompatible con valores de sostenibilidad, derechos humanos y conservación ambiental”, lee el pronunciamiento realizado.

Integrado por los Colegios Profesionales de Honduras, junto a Vigías de la Ecodiversidad, Mujeres por Honduras y la Academia de Ciencias de Honduras, la Coalición Ambiental de Honduras afirmó sostener su “postura en consideraciones ambientales, económicas, sociales y legales que demandan una revisión exhaustiva del proyecto”.

Entre ellas destacaron el incumplimiento de la Constitución de la República, leyes y tratados internacionales sobre biodiversidad, conservación y derechos humanos, señalando un desconocimiento de la legislación nacional y principios de la Ley General del Ambiente, entre otras sobre recursos naturales y reglamentes, infringiendo de esta forma en la normativa que protege el entorno natural y los derechos humanos fundamentales.

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 “La presencia humana masiva compromete irreversiblemente la biodiversidad marina y la calidad del agua, afectando un patrimonio natural de incalculable valor”, destacó el pronunciamiento de la Coalición Ambiental de Honduras.

El impacto extendido de aguas residuales y desechos sólidos en el archipiélago, áreas protegidas y zonas costeras circundantes, así como el incremento del riesgo de derrames derivados del petróleo, amenazan la vida marina, recursos pesqueros y la belleza escénica de Islas del Cisne, expresaron.

A los riesgos ecológicos, sumaron los desafíos para la seguridad y bienestar del personal, apuntando que el área tiene una alta incidencia de huracanes y eventos hidrometeorológicos. Lo que indicaría, según lo manifestado, una “falta de planificación y consideración de la seguridad humana, generando un verdadero atropello a los derechos humanos universales”.

Finalmente recordaron que la naturaleza no pertenece a una administración, sino al soberano y a la población, quien confió la gestión a las autoridades, por lo que “cualquier actividad pública o privada, susceptible de contaminar el ambiente, los recursos naturales o el patrimonio de la nación, será precedido obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental que permita predecir, evaluar y mitigar los posibles impactos negativos”.