Hasta el miércoles 30 de julio de acuerdo con el comisionado Hernández Hércules, más de 1,700 candidatos no presentaron sus informes. Además, recalcó que sigue vigente la sanción que aplicamos que supera los 145 millones de lempiras
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos de Honduras, reporta que, al término del vencimiento de la segunda prórroga otorgada por el Congreso Nacional a los candidatos para la entrega de sus informes de financiamiento de campañas electorales, en promedio 1400 candidatos no presentaron sus informes financieros.
Hasta el miércoles 30 de julio de acuerdo con el comisionado Hernández Hércules, más de 1,700 candidatos no presentaron sus informes. Además, recalcó que sigue vigente la sanción que aplicamos que supera los 145 millones de lempiras,
Hernández Hércules, en entrevista con ente medio digital señaló que la prórroga que venció ayer 31 de julio aún no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, lo que complica su aplicación legal inmediata.
El funcionario recordó que la UFTF comenzó con las auditorías documentales de los aspirantes que cumplieron en tiempo y forma, priorizando a los candidatos presidenciales y a los 1,281 electos en las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025.
Este proceso, según Hernández, enfrenta dificultades adicionales por los constantes cambios en los plazos, pues “las prórrogas no ayudan en vista de que lo retrasan y que hace que la función de la unidad se complique un poco, ya teniendo a priori las elecciones generales” destacó.
Mientras tanto, el incumplimiento de más de 1,400 candidatos representa un reto significativo para la transparencia electoral y el control del financiamiento político en Honduras.
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ALTA MORA DE INFORMES FINANCIEROS REVELA DESAFÍOS EN LA FISCALIZACIÓN ELECTORAL
Aunque el número de incumplidores descendió de más de 1,700 a aproximadamente 1,400, la mora sigue siendo alta y plantea dudas sobre el efecto real de los mecanismos de fiscalización electoral en Honduras.
Para Jimena García, representante de la organización Honduras Resurge, la falta de rendición de cuentas en el ámbito político hondureño responde a una arraigada cultura de opacidad que atraviesa a toda la clase política.
García enfatiza que la ausencia de sanciones que incluyan la inhabilitación de candidatos facilita la proliferación de prácticas corruptas. Asimismo, sostiene que la UFTF debería ejercer un rol más proactivo e iniciar procesos de fiscalización de oficio, sin depender exclusivamente de denuncias provenientes de la sociedad civil o de la ciudadanía para investigar el origen de los fondos empleados durante las campañas políticas.
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Por su parte, José Carlos Perdomo, representante de la Red por la Defensa de la Democracia, subraya que esta situación evidencia una débil disposición por parte de los aspirantes para cumplir con la transparencia exigida por ley.
Perdomo destaca que la función preventiva de la UFTF debería traducirse en la identificación temprana de incumplimientos y en la activación de líneas de investigación ante la falta de transparencia. Sin embargo, advierte que, en la práctica, la efectividad del sistema se ve limitada si las sanciones no logran concretarse o carecen de fuerza coercitiva real. «La articulación entre la UFTF, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público es fundamental para que no solo se detecten irregularidades, sino que realmente se investiguen y sancionen con el alcance que permite la ley,» afirmó.
En ese sentido, Perdomo propone que el fortalecimiento institucional es clave para revertir la tendencia: «Fortalecer técnica, logística y presupuestariamente a la UFTF, así como robustecer el marco legal y endurecer las sanciones, sería esencial para garantizar que los candidatos cumplan oportunamente con sus obligaciones y para cambiar la cultura de incumplimiento que persiste en los procesos electorales hondureños».
La persistencia de más de un millar de candidatos morosos, incluso tras prórrogas y llamados institucionales, deja en evidencia la necesidad urgente de una reforma estructural para dotar de mayor rigor y capacidad de acción a los órganos fiscalizadores.
