Entre los principales aspectos de preocupación es el elevado techo de gasto autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones primarias de 2025, por ejemplo, el límite establecido para campañas presidenciales alcanzó los 505.3 millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras. –El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) alertó que, pese a la existencia de un marco jurídico que establece reglas claras para la rendición de cuentas en las elecciones primarias, la realidad demuestra un sistema profundamente vulnerado. La falta de cumplimiento, una débil respuesta institucional y el progresivo debilitamiento del régimen sancionador han marcado el proceso electoral de 2025.
Asimismo, se refieren a la reserva de información sobre los aportantes privados a campañas políticas que fue aprobada en 2018 mediante el acuerdo 001-2023, respondió a una solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Esta medida establece como información reservada los datos personales de toda persona natural o jurídica que realice aportes privados a campañas de cualquier nivel electivo, así como las bases de datos de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) relacionadas a las contribuciones financieras.
En Honduras, no es algo nuevo que narcotraficantes han financiado a varios candidatos a cargos de elección popular. De hecho, narcotraficantes que han sido juzgados en Estados Unidos han declarado que han patrocinado y aportado financieramente a varios expresidentes, alcaldes y diputados.
En ese sentido, el Cespad lamenta que, aunque existe una Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización para partidos políticos y candidatos, su implementación “resulta —en gran cantidad de casos— más simbólica que efectiva”.
Es decir, que pese a que el marco jurídico establece reglas claras para la rendición de cuentas durante y después de los procesos electorales la práctica demuestra que estamos frente a un sistema gravemente vulnerado.
“El proceso electoral ha estado marcado por el incumplimiento sistemático, una débil respuesta institucional y el progresivo debilitamiento del régimen sancionador”, cita el documento.
Por otro lado, cuestionó la poca voluntad de los precandidatos a cargos de elección popular, que participaron en el proceso de elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, para rendir cuentas de sus gastos de campaña.
De acuerdo a datos de la Unidad de Política Limpia informó que antes de las elecciones primarias solo el 36 % de los 5,880 sujetos obligados había abierto una cuenta bancaria diferenciada.
“Este incumplimiento es muy significativo, ya que la cuenta diferenciada es fundamental para rastrear el origen y destino de los fondos. Sin embargo, no se aplicó ninguna sanción, lo que evidencia que estas obligaciones legales son, en la práctica, optativas”, destaca la organización de sociedad civil.
De interés: Unidad de Política Limpia se declara incapaz de rastrear dinero del narcotráfico en campañas electorales
FINANCIAMIENTO ILICITO SALPICA AL TRIPARTIDISMO
El ingreso de dinero ilícito a las campañas electorales de los tres partidos políticos de mayor caudal electoral –Nacional, Liberal y Libre— no es algo nuevo, ya que varios narcotraficantes que han desfilado en Cortes de Estados Unidos han declarado que financiaron a políticos hondureños.
Por ejemplo, durante el histórico juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados al tráfico de droga, varios de los testigos –narcotraficantes hondureños y extranjeros presos en Estados Unidos— revelaron cómo financiaron las campañas políticas del exmandatario y otros personajes de la política hondureña.
Estas declaraciones dejaron un total de 28 hondureños –políticos de todos los partidos políticos, exfuncionarios y empresarios—, señalados de estar vinculados con el narcotráfico, varios de ellos recibiendo dinero para impulsar sus carreras políticas.
Entre los nombres más destacados, se encuentran los de los expresidentes, José Manuel Zelaya (2006-2009), Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) y el mismo Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), este último declarado culpable por delitos relacionados a la narcoactividad.
Otro caso de financiamiento ilícito fue el revelado por el medio especializado en crimen organizado InSight Crime, tras la publicación de un video grabado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cártel Los Cachiros,
Antes de entregarse a las autoridades estadounidenses se reunió con empresarios y prominentes figuras de la política hondureña, todas esto encuentros fueron grabados por Rivera Maradiaga.
En la cinta, publicada en agosto de 2024, se observa al exsecretario del Congreso Nacional y hermano del exmandatario Manuel Zelaya, Carlos Armando Zelaya Rosales, negociando dinero para financiar la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre), hoy en el poder, para el proceso electoral de 2013.
Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, mencionó que el dinero se distribuiría para la campaña electoral, especialmente en los departamentos de Colón, Olancho (región de origen de la familia Zelaya Castro) y Santa Bárbara.
Al hablar de la distribución del dinero Carlos Zelaya mencionó que “la mitad sea para el comandante”, sobrenombre con el que se le conoce al expresidente Manuel Zelaya.
En el vídeo también se observa al alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez; los narcotraficantes Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos El Negro Lobo, Héctor Fernández Rosa Don H, en prisión en Estados Unidos y Juan Ramón Matta Waldurraga, exconvicto de la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y absuelto, en 2023, por la justicia de Honduras tras ser enjuiciado por el delito de lavado de activos.
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DEBILIDAD INSTITUCIONAL PASA FACTURA
El debilitamiento en las normas de financiamiento y la secretividad sobre aportaciones privadas a campañas electorales, es una de las principales causas de esta falta de control. En los últimos años, las autoridades responsables han mostrado una respuesta cada vez más débil ante el incumplimiento de las normas de financiamiento político.
La falta de consecuencias para quienes violan la ley ha incentivado una cultura de impunidad que pone en riesgo la equidad en la competencia electoral. Además, la inacción de las instituciones encargadas de la fiscalización electoral ha sido señalada como un factor que contribuye a la desigualdad en la contienda electoral.
Los candidatos con mayor acceso a financiamiento privado pueden superar ampliamente los límites de gasto sin temor a ser sancionados, lo que genera un terreno desigual en la competencia electoral.
Con el proceso electoral primario concluido, la atención ahora se centra en las elecciones generales, donde se espera una mayor fiscalización y un esfuerzo renovado por garantizar la transparencia en el financiamiento político. No obstante, el panorama actual sugiere que, sin cambios estructurales y en la Ley de Financiamiento las irregularidades detectadas en las primarias podrían repetirse en la contienda general.
