En mayo de 2023 los militares no solo intervinieron Olancho, también otros seis departamentos, debido al alto índice de criminalidad, pero en ningún momento han hecho una rendición de cuentas que ponga en evidencia los presupuestos asignados para esa medida y los resultados
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque se desconocen los resultados de la primera intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en Olancho, en mayo de 2023, nuevamente la institución castrense, en supuesta colaboración con la Policía Nacional, volverá a desplegarse en dicho lugar, ante el alto índice de violencia que se desató los primeros 15 días de este 2024.
Lo anterior lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez que, al mismo tiempo, adelantó que en el departamento ubicado en el oriente de Honduras ya se encuentra un equipo de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) esperando a los uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA).
“Olancho trae y tiene una problemática. Las manifestaciones de los homicidios tienen que ver con la modalidad del crimen organizado por la hazaña en la que se emplea la comisión del delito. Vamos a intervenir la zona con una fuerza de tarea conjunta con las Fuerzas Armadas”, dijo en medios de comunicación Sánchez.
En los primeros 15 días de enero de 2024, varios municipios olanchanos se volvieron prácticamente en territorios del crimen organizado que, en su enfrascada guerra por la distribución de droga y armas, comenzaron a cobrar varias víctimas que, según un monitoreo de medios, podría ascender a más de 10 occisos, lo que motivó esta intervención.
Lo paradójico del caso es que esta directriz, que no es parte del plan Solución Contra el Crimen (SCC), como fue en 2023, se está dando en el escandio que los efectivos militares están siendo fuertemente cuestionados porque han cometido un rosario de abusos a los derechos humanos de la población y privados de libertad, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
De hecho, hace un par de días la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo en el que determinó que, mientras la Policía Nacional y Militar del Orden Público han llevado las riendas de los centros penales, han violentado los derechos de los privados de libertad.
Además, la Sala de lo Constitucional que dirige la magistrada Sonia Marlina Dubón, dictaminó también que estas instituciones han aprovechado estos espacios para coludirse con el crimen organizado, para aceptar sobornos a cambio de permitir el ingreso de armas, drogas, alimentos y aparatos eléctricos, como lo han sido denunciado en reiteradas ocasiones.
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NO HAY INTENCIONES DE CUMPLIR LO PROMETIDO
Aunque utilizar a la Policía Militar cuando sea necesario es completamente justificable, porque así lo dicta la Constitución de la República, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no tienen intenciones de desmilitarizar la sociedad, como lo prometió, según la opinión de Mirna Flores, investigadora en asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
“Los gobiernos apuestan que los militares son los que van a resolver los problemas de seguridad pública y la crisis, pero no se resuelve de esa manera. Lo estamos viviendo con la presidenta Xiomara Casto. Antes decía que iba a desmilitarizar y ahora les están asignando funciones”, dijo Flores en pláticas con Criterio.hn.
Flores aseguró que en los planes del gobierno de Castro siguen estando presentes las Fuerzas Armadas, y se evidenció cuando se declaró emergencia nacional en materia de seguridad, el pasado 25 de noviembre de 2022, luego, el 6 de diciembre de 2022 que implementaron el estado de excepción y, las más reciente, que se le asignó el control total de las cárceles a los militares, en junio de 2023.
“Lo que está pasando significa un retroceso enorme en materia de seguridad. Primero con la emergencia nacional y después con el estado de excepción. Cuando se declara emergencia los militares pueden acompañar a los policías en operativos”, cuestionó Flores.
Incluso, en los discursos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han inclinado a favor del oficialismo, cuestionando algunas supuestas amenazas de los partidos de oposición y, advirtiendo que, de ninguna manera, permitirán acciones en contra del gobierno de Castro de Zelaya.
Las Fuerzas Armadas tienen plenas facultades para acompañar a la Policía Nacional en operativos, sin embargo, no tiene las facultades legales para encabezarlos, según establece parte del artículo 272 de la Constitución de la República.
Dicho artículo dice literalmente que las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía Nacional para la conservación del orden público y, además, fueron constituidas para velar por la integridad territorial, la soberanía de la república, mantener la paz y los principios de libre sufragio.
La Policía Militar del Orden Público fue creada en 2013, bajo el régimen dictatorial del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), con el objetivo de militarizar la sociedad y ejecutar un rosario de acciones relacionadas con el narcotráfico, según las denuncias de la Corte de Nueva York, en Estados Unidos, en donde Hernández está siendo enjuiciado por ser un supuesto capo de la droga.
