En el periodo de 2019 al 2022 el CDM registró 11,445 denuncias por violencia sexual, de las cuales sólo 1,244 han tenido resoluciones condenatorias
Tegucigalpa, Honduras. – Las desigualdades sociales en Honduras se incrementan, especialmente para las mujeres y niñas en un país donde los derechos sexuales y reproductivos aún no son reconocidos.
La secretaría de Salud (SESAL) registra datos impresionantes sobre embarazos en niñas y adolescentes, entre el 2018 y 2023, al menos unas 142,427 niñas entre 8 y 14 años han sido víctimas de abuso sexual y han quedado embarazadas en Honduras.
Estas cifras, para muchos alarmantes, pero para otra parte de la sociedad entran en la normalidad del papel de la mujer en la sociedad fundamentada por el machismo y el patriarcado.
Sin embargo, pese a ser el segundo país de América Latina con más embarazos en adolescentes, todavía la presidenta de la república, Xiomara Castro no ha sancionado la ley de prevención de embarazos en adolescentes, aprobada en el Congreso Nacional (CN) el 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer.
Además, el ministro de educación Daniel Esponda llamó a los diferentes grupos religiosos y organizaciones de sociedad civil –con las que se trabajó la propuesta de ley—, para generar el reglamento de la referida ley, una acción que desde las organizaciones de mujeres no es aceptable.
Para Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, además de promover el fundamentalismo y el conservadurismo desde la institucionalidad del Estado, con estas acciones del ministro de Educación “le están dando más poder a los grupos opositores a la Educación Sexual Integral; esta situación pone en riesgo a nuestras niñas y adolescentes”.
De acuerdo con Edgardo Casaña, presidente de la comisión de Educación del CN, la controversia generada por la aprobación de la ley en materia de educación sexual en los centros educativos, se da porque “estamos teniendo un problema terrible de comunicación y manipulación”.
De interés: ONU solicita a presidenta Xiomara Castro sancionar ley de prevención de embarazos en adolescentes
SIN ACCESO A LA JUSTICIA
El Centro de Derechos de la Mujer (CDM), destaca que el Ministerio Público (MP) registró 11,445 denuncias por violencia sexual en el periodo de 2019 al 2022, de estas, apenas 1,244 han tenido resoluciones condenatorias.
Estas cifras, para las organizaciones de mujeres sólo significa una cosa: mujeres y niñas sin acceso a la justicia.
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) señala “todo embarazo en una niña de menos de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual, excepto en los casos donde las relaciones sexuales son entre pares”.
En ese sentido, desde las organizaciones de mujeres instan al Estado a desarrollar investigaciones pertinentes para responsabilizar a los perpetradores y contrarrestar la violencia de género.
“Gran parte de estas cifras de embarazo en adolescentes, tiene entre medio un tipo de violencia sexual, por eso es importante la ley de prevención de embarazos para prevenirlos y prevenir la violencia sexual”, expresó a Criterio.hn, Lara Bohórquez, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la mujer del CDM
EL ESTADO DEBE GENERAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, en su artículo 7 indica que “los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.
Sin embargo, en Honduras aún no se toman decisiones asertivas y mientras está la discusión de la Ley de prevención de embarazos en adolescentes, más niñas están siendo víctimas de violencia sexual y convirtiéndose en madres.
Cristina Alvarado, del colectivo de mujeres por la Paz Visitación Padilla, urge a las autoridades de la Secretaría de Educación para incluir –sin demora— la educación sexual integral en el currículo de educación pública y de esta manera prevenir la violencia sexual –flagelo que, en muchos casos, los perpetradores son parte del núcleo familiar— pero, además, permitirá a las y los adolescentes tener información para prevenir los embarazos a temprana edad.
Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas menores de 15 años.
De acuerdo a este estudio, América Latina y el Caribe es la única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron, y se prevé que sigan aumentando al menos hasta el 2030.
En Honduras, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años.
