La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido detenida este miércoles tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos de la campaña de la formación en las elecciones de 2011.
La poderosa política peruana quedará bajo arresto preventivo durante 10 días. La orden de detención por este mismo caso –conocido popularmente bajo el nombre de caso cocteles– ha sido dictada por el juez Richard Concepción y afecta a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, es la primera fuerza política en el Congreso peruano, donde ejerce de oposición al Gobierno de Martín Viscarra.
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La hija mayor del autócrata Alberto Fujimori –que gobernó el país sudamericano entre 1990 y 2000 y que también está hoy en problemas judiciales, tras la reciente anulación de su indulto –fue arrestada en Lima después de acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, en una diligencia fiscal de la que se había ausentado en varias ocasiones.
La justicia peruana investigaba presuntas aportaciones a la campaña electoral de la heredera política del fujimorismo por parte de la constructora brasileña Odebrecht epicentro de una red de cobro de sobornos a cambio de obra pública en todo América Latina. Tras la reciente anulación de la medida de gracia a Alberto Fujimori –ordenada la semana pasada por un juez–, la detención de su hija supone un duro golpe para la mayoría fujimorista en el Congreso.
Tanto Marcelo Odebrecht, primer ejecutivo de la empresa brasileña cuando se produjeron los supuestos pagos, como su exrepresentante en Perú han reconocido a la fiscalía del país latinoamericano que la firma aportó dinero a la campaña de Keiko. En diciembre, el exsuperintendente en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos y brasileños que la constructora brasileña entregó 1,2 millones de dólares a la campaña fujimorista, procedentes en su integridad de fondos “no contabilizados” o contabilidad paralela de la empresa. Barata precisó, además, que parte del dinero fue entregado, en casa de otro exministro de Fujimori, a Yoshiyama y Bedoya.
En su solicitud de la medida de restricción de la libertad, la fiscalía peruana afirma que los 20 investigados formaron una «organización criminal» en el seno del propio partido político que tenía entre sus fines obtener el poder. Para ello, recibía aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial Odebrecht en el Perú y en el mundo, para que luego, estando en el poder, le devolviese el favor con «el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos, y/o favorecimiento judicial». Según la imputación del fiscal, Fujimori tuvo el “liderazgo y jefatura” de la organización criminal, y los líderes encargados de la captación directa de fondos fueron Yoshiyama y Bedoya.
La detención preliminar ordenada por el juez Concepción a raíz de la petición del fiscal es similar a la que ambos tramitaron el año pasado para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, también investigados por haber recibido aportes de Odebrecht que no declararon en la contabilidad de su campaña electoral.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, confirmó la noticia de su arresto y dijo que se trataba de «una resolución arbitraria y abusiva», dado que su defendida había acudido al tribunal en «estricto cumplimiento» de las órdenes judiciales. «Es una resolución que no tiene sustento alguno, sin argumento alguno», enfatizó «[Pero] ella se ha puesto a disposición de la fiscalía». Tras su arresto, la jefa de la oposición peruana será trasladada ahora a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en el centro histórico de Lima. Su esposo, Mark Vito, también investigado, ha quedado en libertad.
El caso cocteles –así apodado por las explicaciones de los representantes del fujimorismo sobre los aportes fantasma: que recaudaron el dinero mediante la venta de tarjetas de 250 dólares para asistir a eventos en los que la invitada especial era la propia candidata– adquirió mayor notoriedad en 2017, cuando las autoridades peruanas encontraron en el móvil del empresario brasileño Marcelo Odebrecht una anotación que rezaba: «Aumentar a Keiko 500 y haré visita».
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