El Ministerio Público acusa a 11 personas por corrupción, entre ellas el diputado y subjefe de bancada del Partido Nacional, Nelsón Márquez Euceda, pero en la oposición insisten en que se trata de una maniobra política disfrazada de proceso judicial
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de denuncias de “persecución política” y “extorsión judicial”, fue presentado en la audiencia de imputados el diputado y subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelsón Javier Márquez Euceda, un día después de su captura.
Márquez Euceda, junto a otras diez personas –entre exfuncionarios, abogados y jueces– son señalados por la colusión para saquear más de 3 mil millones de lempiras, mediante un esquema que habría implicado la presentación de demandas fraudulentas a través de dos empresas que operaban como entidades separadas.
Aunque el diputado es acusado de la comisión del delito de fraude mientras fungía como titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) en 2020, sus correligionarios del Partido Nacional han intentado vincular el proceso judicial con la actual crisis electoral que atraviesa el país. Esto, a pesar que la tesis del Ministerio Público apunta a un beneficio directo obtenido a través de demandas contra el Estado.
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En medio de la controversia que envuelve al Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de la bancada del Partido Nacional y diputado, Tomás Zambrano, optó por vincularlas, obviando que existe un registro mediatico sobre el caso.
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Es «una persecución política orquestada desde Casa Presidencial, desde el gobierno. Cuatro meses exactos faltan [para las elecciones], y Libre está desesperado. Esa desesperación los está llevando a tomar medidas radicales, y lo que ha emprendido es una extorsión judicial contra la oposición política”, dijo Zambrano la noche del martes en conferencia de prensa previo al inicio de la sesión legislativa.
El caso contra Márquez se da en un escenario en el que los tres partidos han antepuesto la confrontación y medias verdades antes que el diálogo, en un confllicto que ha derivado en el vencimiento del cronograma para la adjudicación del sistema de Trasnmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por parte del CNE, de cara a las elecciones generales de noviembre.
Zambrano afirmó que la acción del MP busca “doblarle el brazo a la oposición para que le dé la presidencia del Consejo Nacional Electoral a Marlon Ochoa [consejero por Libre]. Apuntenlo, es una realidad. Es parte de la extorsión legislativa de este gobierno. Libre está extorsionando a la oposición, casi poniéndole una pistola en la cabeza a los principales lideres, no solo del Partido Nacional, también del Partido Liberal, para que se elimine el TREP”.
Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, expresidente de Honduras por el Partido Nacional, siguió la lína partidaria este miércoles y reforzó los argumentos de sus correligionarios, al remarcar que, a solo cuatro meses de las elecciones, no se pueden engañar y que la captura de Márquez Euceda pretendía asustar a la oposición política.
Lobo Sosa sostuvo que el Ministerio Público pudo haber citado a Márquez para declarar: “Pero veo que la urgencia era agarrarlo y meterlo preso. Él no creo que se haya negado a asistir a ninguna citación”, expresó ante medios televisivos.
JUSTICIA SELECTIVA ALIMENTA DESCONFIANZA
El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía señaló que el trasfondo de todos estos señalamientos es la desconfianza hacia la institucionalidad, sustentada en el hecho de que el sistema de justicia ha servido históricamente para aplicar una justicia selectiva.
Mejía apuntó que Honduras vive en una eterna paradoja: cuando el Ministerio Público no actúa, se afirma que está paralizado, pero cuando decide actuar, se le acusa de persecución política o de extorsión judicial, como ocurre actualmente.
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“Esto lo que evidencia es que hay una desconfianza generalizada en el sistema de justicia en Honduras”, puntualizó el abogado Mejía, quien recordó que, según el Sondeo de Opinión Pública, cerca del 83% de la población cree que jueces, fiscales y magistrados protegen intereses de las personas corruptas y poderosas del país.
Para Mejía, antes de saltar a conclusiones, lo idóneo es que haya transparencia en el proceso abierto contra Márquez y las otras diez personas señaladas, con un juicio oral y publico en el que la ciudadanía pueda ver las pruebas solidas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la acusación.
“[M]e parece claro que hay un supuesto delito. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Quienes están vinculados en este caso son personas relacionadas con el gobierno anterior y con partidos políticos, y por tanto, como ciudadanía, lo que debemos hacer es guardarun compás de espera para ver de qué manera, de forma transparente, el Ministerio Público aborda este caso. En particular, debemos estar al tanto de las audiencias, que son públicas”, compartió.
OTROS IMPLICADOS
Junto a Márquez Euceda fueron presentados en la audiencia de imputados: Eva María Vázquez Villanueva, exdirectora legal de Sedecoas-Fhis; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA) y quien en 2018 fungió como director legal del Instituto Hondureño del lTransporte Terrestre (IHTT); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados en Honduras; Raymundo Esaú Grádiz Vilorio, Juez de Letras Civil; y Rafael Eduardo Chávez Aguilar, receptor del Poder Judicial.
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Junto a ellos, están pendientes de captura: Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República; Martha Vicenta Doblado Andar, excoordinadora general gubernamental; Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.; la jueza Irissabel Lucía Miranda Hernández; y Héctor Alvarado mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo al Ministerio Público, desde el año 2000, funcionarios y empresas privadas montaron un fraude millonario contra el Estado hondureño usando contratos irregulares y laudos arbitrales falsos. Habrían simulado disputas legales para presentar demadas y obtener pagos ilegales. Jueces, abogados y exfuncionarios habrían facilitado el esquema, incluso validando procesos ya declarados nulos. Parte del dinero fue desviado a cuentas personales de los implicados y sus allegados, comunicó el Miniterio Público a través de un comunicado.
Al cierre de esta nota, se desconoce aún la resolución tras la celebración de la audiencia de imputados contra Márquez Euceda, Madrid Lezama, Rojas Zaval. Grádiz Vilorio y Chávez Aguilar.
