Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA .- Los periodistas de Honduras deben preocuparse porque su sistema de previsión goce de fortaleza financiera y sea capaz de otorgarles una jubilación digna cuando se retiren de trabajar, advirtió German Leitzelar, uno de los interventores del saqueado Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El ex legislador y profesional del derecho, expresó su opinión en el programa Doble Vía de la emisora Radio América en momentos en que ha trascendido el malestar de varios afiliados del Instituto de Previsión de los Periodistas (IPP) por actuaciones de sus directivos, entre ellas la ilegal renuncia a la aportación estatal, que en los últimos 27 años sumó 53.2 millones de lempiras.
El IPP es el único instituto de previsión eximido por una legislación aprobada en el Congreso Nacional en el año 2000 de la fiscalización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), gestionada por los mismos directivos arrogándose la representación de los periodistas.
«Ahora con este nuevo marco de ley — la Ley de Protección Social — todos los periodistas deben preocuparse de que esa institución — el IPP — cumpla con los requisitos mínimos de esta Ley para que los periodistas tengan protección digna, pensión, vivienda digna», dijo Leitzelar.
La junta directiva del IPP resolvió, sin consultar a los periodistas afiliados, renunciar a la aportación anual del Estado asustados ante una nueva legislación que obligaría a los entes de pensiones que captan fondos públicos a someterse a la fiscalización de la CNBS.
El Congreso al aprobar un fuero especial para el IPP situó en estado de indefensión a los periodistas afiliados, al dejar que los directivos administren las aportaciones al sistema libremente y sin ninguna fiscalización, sin rendir cuentas tampoco a los contribuyentes que pagaron con sus impuestos los 53.2 millones de lempiras de aportación estatal.
Los directivos del IPP son los únicos administradores de entes de previsión de Honduras que desisten de recibir la millonaria aportación anual del Estado establecida en una ley y dirigida a fortalecer las finanzas del instituto.
«Yo no sé cómo está — financieramente — el Colegio de Periodistas — el IPP — porque, que yo sepa, nunca se le ha auditado ni por solicitud de sus afiliados ni por supervisión del Estado», dijo Letzelar.
En el IHSS se descubrió un escándalo de corrupción en el que se desfalcó por unos 350 millones de dólares, y participaron funcionarios, miembros de la junta directiva y empresarios.
En el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) y últimamente en el Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), se nombró interventores debido a graves problemas financieros generados por sus directivos y administradores, según fuentes oficiales.
En el sistema de pensiones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) también se ha descubierto, lo que han descrito miembros de ese gremio como un saqueo de los fondos.
Vilma Morales, otra abogada e interventora del IHSS, dijo que en el caso de los periodistas «al igual que el gremio de abogados, uno se pregunta y se preocupa, porque ha aportado todo una vida» a un sistema de previsión social.
«Y bueno, mire los actos que al final han concluido con procesar colegas — abogados — y estas cuestiones que al final dejan a los gremios con mucha debilidad de lo que han sido sus propias organizaciones, dijo Morales en el programa Foro de Canal 10 de Televisión.
«Y ustedes los periodistas no están ajenos a eso, les ha pasado creo lo mismo que nos ha pasado al gremio de los abogados con los problemas» en el sistema de previsión social del CAH, sostuvo la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
